Instructivos

Había una vez un instructivo que llevaba el membrete de la dirección de Educación Media del Ministerio de Educación porteño. Y que ordenaba a los rectores de los secundarios denunciar a la “situación de toma” ante la comisaría más cercana, por los presuntos delitos de violación de domicilio, usurpación e ingreso y permanencia de personas a un lugar público contra la voluntad del titular. Si bien el instructivo recomendaba no denunciar personas, toda denuncia penal individualiza autores, que en este caso serían los estudiantes en protesta por la reforma curricular que propone el macrismo y que, según un documento interno, implica la mitad de quinto año en empresas privadas. Dos asesores tutelares intimaron a la ministra de Educación, Soledad Acuña, a ratificar o rectificar el contenido del documento. Acuña dijo que no había dado ninguna orden, pero como los asesores descubrieron que ya se habían hecho denuncias en al menos cuatro colegios, presentaron un amparo. La jueza Elena Liberatori ordenó cesar toda acción vinculada al instructivo y citó a la ministra, que terminó reconociendo que el instructivo salió de una casilla de correo oficial. La jueza ya había tenido que frenar intentos similares del PRO en 2008, 2010 y 2012.

Ya son 27 los colegios tomados en rechazo a la reforma que plantea implementar progresivamente el Gobierno de la Ciudad y que, tal y como explicamos aquí, incluye la idea en el documento interno de que “en el último año: el 50% del tiempo escolar destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas y organizaciones según talentos e intereses de cada alumno y 50% del tiempo escolar destinado al desarrollo de habilidades y proyectos relacionados al emprendedurismo”. Desde el Ministerio de Educación, salieron a explicar que no será trabajar sino “seguir con prácticas educativas en otros ámbitos” y que será sólo en la segunda mitad del último año. Sostuvieron que el documento no estaba pensado para hacerse público y acusaron a los periodistas de ser malintencionados.

Soledad Acuña admitió que el correo con el instructivo salió de una cuenta oficial, pero dijo que ella no dio la orden. Se comprometió a informar a las fiscalías que no había ninguna instrucción de denunciar a los estudiantes y a recibir a los delegados de los colegios tomados.

En medio del conflicto educativo, en el que el Ministerio se negó a recibir a los delegados de los colegios tomados, circuló el instructivo que mandaba a denunciarlos a la Policía de la Ciudad. El documento daba incluso el celular de un abogado del ministerio para presentar la denuncia.

Ante esto, dos asesores tutelares, Gustavo Moreno y Mabel López Oliva, intimaron a la ministra a que explicara los alcances de la resolución. En respuesta, Acuña negó su autoría. Pero los asesores ya habían identificado que se habían presentado denuncias penales siguiendo el instructivo en la escuela Julio Cortázar, en la Antonio Devoto, en la de Bellas Artes Manuel Belgrano y en el Mariano Acosta. En este último caso, las autoridades aclararon que hicieron la denuncia acatando el instructivo, pero contra su voluntad. A raíz de esto, los asesores tutelares presentaron un amparo.

“La discusión es que cuando se recurre a la justicia penal para resolver un conflicto con estudiantes menores de edad, se denota la incapacidad del mundo adulto para transitar por vías más democráticas. El ministerio, claramente, no está pudiendo. Lo que al Ministerio Público le interesa es que se resguarden los derechos de las personas menores de edad que están participando en un ámbito de libertad de expresión", me explicó la asesora tutelar López Oliva en un reportaje en FM Futurock. Detalló que el ministerio tendría que haber dado instrucciones específicas para no acatar ese instructivo. Los asesores tutelares presentaron un amparo y recayó por conexidad en el juzgado de Liberatori, quien ya había tenido que atender en 2008 un reclamo similar del entonces legislador Gonzalo Ruanova por una disposición del mismo tipo de la gestión PRO. En esa oportunidad, se anuló la disposición. Ahora, también.

Liberatori detalló que, en verdad, la disposición de la gestión PRO fue anulada en 2008, pero hubo una segunda en 2010 y una tercera en 2012, ideada por el entonces ministro Esteban Bullrich, que también debió ser dada de baja judicialmente. El texto de esa resolución de 2012 era prácticamente idéntico al que circuló ahora. La jueza destaca que, pese a esa decisión judicial tomada hace cinco años, volvieron a enviar a las casillas de los directores de escuela el instructivo. Y señala que se enviaron desde un correo oficial: [email protected]. El correo de la dirección de Educación Media (casualmente, la misma que figura en el membrete del instructivo) lo firmaba el Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. En la causa, no obstante, el Ministerio argumentó nuevamente que no era un documento oficial. Ahora bien: si se envía de un correo oficial, con un membrete oficial, ¿qué van a interpretar los rectores de las escuelas que lo reciben?

Recién ahora el Gobierno porteño comenzó a decir que existirá una etapa de consulta por la reforma curricular que buscó imponer sin consenso. Lo hace después de las tomas, la polémica y sin que la información sobre la reforma termine de quedar clara.

 

En la cautelar que dictó, la jueza Liberatori advirtió que la persona que enviaron a dar explicaciones no estaba instituida para representar legalmente a la ministra de Educación. También detalló que todas las autoridades educativas dejaron constancia de que cumplían expresas órdenes del ministerio. Por lo tanto, concluyó en que se habían dictado órdenes sin un acto administrativo correspondiente y “lejos de cualquier marco de legalidad”. La magistrada, en consecuencia, volvió a hacer cesar esa orden y convocó a Acuña a una reunión, que tuvo lugar el viernes pasado. Allí, la ministra terminó admintiendo que, efectivamente, el correo salió de una cuenta oficial, pero dijo que ella no dio la orden. Se comprometió a informar a las fiscalías que no había ninguna instrucción de denunciar a los estudiantes. También, a recibir a los delegados de los colegios tomados, cosa que se había negado a hacer hasta ahora. Una duda: ¿hacía falta que interviniera una jueza para esto? Liberatori también le ordenó a la funcionaria PRO que instruya un sumario para determinar quién y cómo envió ese correo.

En tanto, UTE-CTERA señaló tras el fallo que “viene instando al gobierno porteño a que genere vías de diálogo con estudiantes, familias, universidades y organizaciones del trabajo y la producción, y deje de apelar a instancias persecutorias, disciplinadoras y de coerción hacia docentes y estudiantes, para producir los cambios necesarios en el sistema educativo”. Por su parte, el consejero del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes José Machain le reclamó a Acuña que pida disculpas públicas o renuncie. Está claro que, con la difusión del instructivo y las denuncias penales a adolescentes, la gestión PRO no hizo más que prolongar el conflicto con los estudiantes, que el mismo viernes se manifestaron en la masiva marcha por la Noche de los Lápices, y recurrió a la criminalización de la protesta estudiantil.

Recién ahora el Gobierno porteño comenzó a decir que existirá una etapa de consulta por la reforma curricular que buscó imponer sin consenso. Lo hace después de las tomas, la polémica y sin que la información sobre la reforma termine de quedar clara. Suena difícil que, en esta lógica, se llegue a un final rápido para el conflicto que provocó con el proyecto de las Secundarias del Futuro.

El instructivo contra la toma de escuelas: