Una asociación civil denunció que “los aumentos en el gas son inconstitucionales”

La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó ante la Justicia federal con asiento en La Plata un documento que devela el costo del gas en boca de pozo. Según datos elaborados sobre la base de cifras brindadas por YPF a Wall Street, ese costo oscila en los dos dólares. Muy lejos de los 6,80 fijados por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para los usuarios.

De este forma, la presentación judicial de los abogados Mariano Lovelli y Pedro Sisti busca demostrar por primera vez con cifras fundadas por qué no es razonable el aumento de tarifas de gas ordenado por Aranguren. En este caso los letrados alegaron que les producen incerteza las decisiones del ministro.

“Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales” , dijo Lovelli a PáginaI12. “Entonces nos dirigimos a la Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad.” Según el abogado y presidente del Cepis, si la Justicia coincide con su postura podría declarar la inconstitucionalidad de los aumentos.

La presentación es colectiva y sobre el final pide pericias y testimonios de ejecutivos de las empresas petroleras. La discusión jurídica tiene una base fáctica. Según el Cepis, Aranguren arguyó “un supuesto deterioro económico de las empresas del sector gasífero entre 2002 y 2015”.

 Pero para los demandantes lo que el Poder Ejecutivo no explicó ni en las audiencias ni en las resoluciones “fue la rentabilidad que han conseguido las empresas en función de la aplicación de las mencionadas resoluciones ministeriales, claramente ilegales ”.

Agrega la argumentación: “Estas falencias hacen que resulte imposible analizar si el precio que intenta fijar el Ministerio resulta razonable o no. Es sabido que para poder establecer la razonabilidad de un precio deben analizarse los costos, como así también los márgenes de ganancia pretendidos, para luego compararlos con otro tipo de actividades que posean un riesgo similar y ver el margen de ganancias que allí obtienen. Este análisis resulta imposible sin la información de los costos debidamente desagregada, por lo tanto, la información brindada por la administración resulta a todas luces insuficiente”.

El Cepis cuestiona el hecho de que, a su juicio, las resoluciones de aumento de tarifas descansan en una contradicción: “la no correspondencia de lo sostenido en los considerandos con la realidad del sector”.