Denuncian que la Ciudad no quiere que los vecinos de la Villa 31 accedan a una vivienda en el barrio

La urbanización de las villas porteñas es una de las propuestas más fuertes de Horacio Rodríguez Larreta, política con la que busca diferenciar su gestión de la de Mauricio Macri en la ciudad. Tal es así, que la ley 3.343 de urbanización del Barrio Carlos Mugica (villa 31-31 bis) fue aprobada en 2009 y recién siete años más tarde la gestión porteña se decidió a cumplirla. Para ello se creó la Secretaría de Integración Social y Urbana.

Sin embargo, el 26 de diciembre de 2016 esa Secretaría dictó (s)la Resolución N°208/2016 que aprobó el Subprograma de Cesión de Derechos Posesorios sobre Construcción de la Villa 31 y 31 Bis y San Martín, por medio del cual los dueños de los inmuebles afectados ceden al Gobierno porteño los derechos posesorios sobre su vivienda, a cambio de dinero.(s) Además, se comprometen a la desocupación de la construcción y renuncia a todo derecho contra la administración porteña o a recibir un crédito o subsidio.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad resaltaron que este Subprograma va en contra del artículo 9 de la ley de urbanización de la Villa 31-31 bis que no permite "dar dinero a las familias para que dejen sus viviendas y el barrio como alternativa de solución habitacional. Al contrario, se exige que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar una vivienda en los límites del barrio".
Además, el observatorio destacó que la urbanización también debe lograr la "integración socio urbana de esta población, (lo que) implica, entre otras cosas, que continúe viviendo en dichos territorios, no que sea expulsada de éstos al finalizar el proceso de urbanización" y  enfatizaron que al permitir que el Gobierno entregue dinero para que las familias abandonen su barrio, es otorgar "una herramienta poderosa para que la mayor cantidad de familias "originarias" sean impulsadas a no vivir más en el barrio. De esta forma, se liberaría más suelo para el mercado inmobiliario".

Pero, además, este Subprograma de explusión no le "garantiza a las familias que con el dinero dado a cambio de su vivienda puedan acceder a otra vivienda en la ciudad por fuera del polígono"  y "hace renunciar al derecho más importante de la ley N° 3.343, el derecho a una vivienda dentro del barrio".