La Ciudad tiene una nueva policía propia

A partir del 1° de enero de 2017 se desplegará en el distrito capitalino la Policía de la Ciudad. La Legislatura aprobó con  55 votos positivos, 3 negativos y una abstención la nueva Ley de Seguridad de la Ciudad. La normativa obtuvo, en general, el apoyo de los bloques mayoritarios del parlamento porteño.
 
“Si bien la ley no es ideal, es la ley posible en el marco de los acuerdos parlamentarios entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición. Su principal fortaleza está en que viene a reducir el margen de discrecionalidad, tanto del accionar policial como de la decisión política que lo valida”, dijo en su deiscurso el titular del bloque del FPV, Carlos Tomada, quien aseguró que la prohibición de portar armas de fuego en las manifestaciones fue "innegociable".
 
“La creación de la Defensoría es un reconocimiento de que el policía es también un trabajador, y que como tal debe tener una institución que resguarde sus derechos. Sin embargo, creo que el personal civil, el que realiza las tareas administrativas, debe tener derecho a la agremiación”, completó el ex ministro de Trabajo.


“No sólo implica la creación de la Policía de la Ciudad sino que es un plan integral profundamente innovador que contempla un cambio de paradigma, donde el foco ya no está puesto solamente en perseguir el delito sino sobre todo en prevenirlo”, sostuvo  Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica.
 
“Dejamos claramente establecidos en la ley cuatro principios y objetivos: gobierno civil, prevención, transparencia y participación ciudadana. Pudimos hacerlo porque tuvimos la oportunidad de debatirla. Es la mejor ley de seguridad que podemos tener”, festejó su compañero de bloque Maximiliano Ferraro.
 
Gabriel Fuks, del bloque de la Corriente Nacional de la Militancia hizo hincapié en las protestas sociales y el uso de la fuerza en dichos casos. “Defender la legitimidad de las manifestaciones, la estricta regulación del uso de la fuerza y la mediación política de los conflictos son criterios que tienen que ver con una voluntad y decisión política. Nuestra preocupación aquí planteada es que no queda claro esa gestión política concreta al respecto”, señaló. “Queremos mantener el concepto -que la democracia argentina incorporó- de que la protesta social forma parte de los derechos que tienen todos los ciudadanos y que debe ser tomado como una gestión política integral y no como un simple problema policial”, destacó el ex titular de Cascos Blancos.
 
“Creemos que en adicionales el modelo a seguir sea el de una policía bien paga con sueldos justos, en donde no sean necesarios los adicionales. Proponemos que se implementen soluciones para terminar con los adicionales, como topes semanales”, Natalia Fidel, Suma+.
 
Gustavo Vera, de Bien Común pidió la sindicalización de los efectivos de la fuerza. “Tenemos que plantear lo que ya resolvió Chile, Brasil y Uruguay, que es la sindicalización de las fuerzas de seguridad, que no significa que puedan hace un paro como otros gremios porque es una fuerza esencial para el funcionamiento de la sociedad. Tenemos que lograr que exista una herramienta con la cual los policías buenos puedan denunciar a los policías corruptos sin ser echados", reclamó.

En coincidencia, Adrián Camps, del socialismo auténtico, sostuvo que el artículo 256 de la ley es contrario el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad que brega por las libertades sindicales de las personas.

Desde el PJ, María Rosa Muíños, advirtió sobre la cantidad de horas que pueda haber personas detenidas sin sentencia.
 
“El primer derecho humano que hay que resguardar es la seguridad de las personas”, expresó Javier Gentilini, del Frente Renovador.