Denuncian que el régimen de concesiones en la Ciudad es una "estafa"

  Un informe presentado en la Legislatura -que dio a conocer el matutino Página/12-, realiza un duro análisis crítico del sistema de concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, al que califica de “verdadera estafa al Estado” porque el Gobierno del PRO-Cambiemos hace “la vista gorda” para favorecer “a un grupo de empresarios”. Al hacer un análisis sobre más de 200 concesiones para uso comercial, se señala que todas las empresas pagan un canon irrisorio por la explotación de negocios millonarios, al punto que se estima en el presupuesto 2017 que la recaudación por ese rubro “va a ser la mitad, en términos reales, de los valores obtenidos por el Estado en el año 2008”.

Como ejemplo se cita al Complejo Costa Salguero, donde en el mes de abril murieron cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. La empresa concesionaria del predio de la Costanera Norte, Telemetrix, le abona al fisco porteño “un canon absolutamente irrisorio y, en simultáneo, subconcesiona el predio a más de 20 empresas, recaudando por ello sumas exorbitantes”. La firma, que paga un canon de alrededor de 331 mil pesos mensuales, recibe más de tres millones de las subconcesionarias. El problema central es que en lugar de concesiones licitadas, con aprobación de la Legislatura, se pactan “permisos de uso precario” renovables sin la intervención de los legisladores porteños.

El informe fue presentado en el salón Arturo Jauretche, del Palacio Legislativo, con la participación de la legisladora porteña Andrea Conde (FpV), la titular de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, y el ex diputado de la Ciudad Facundo Di Filippo, uno de los primeros en denunciar las irregularidades en las concesiones de predios del Estado utilizados para realizar “grandes negociados privados”.

En el informe, realizado en conjunto por el FpV, Nuevo Encuentro y la Auditoría General porteña, se resalta que esta “verdadera estafa al Estado de la Cuidad (…) ha sido posible no sólo porque quienes deben administrar los fondos de los porteños han decidido hacer la vista gorda sobre algunas irregularidades flagrantes, sino también porque han montado un sistema que parece estar a merced de la realización de negocios por parte de un grupo de empresarios”.

Mediante “artilugios legales”, el gobierno del PRO intenta “ampliar su discrecionalidad, reducir aún más la transparencia y excluir a la Legislatura porteña” en la toma de decisiones. Para lograrlo “en lugar de concesionar predios, otorga ‘permisos de uso’, lo cual le permite evitar los procesos de licitación y bloquear la participación de la Legislatura”.

La Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, se encarga de “gestionar las concesiones y los permisos de uso precario” otorgados por el Gobierno. Son en total 505 inmuebles, de los cuales 207 se utilizan para fines deexplotación comercial (41 por ciento), 88 están asignados a sedes de cooperadoras escolares (17 por ciento), 56 son permisos de uso precarios y gratuitos a asociaciones sin fines de lucro (12 por ciento), 21 están otorgados a la Secretaría de Deportes, algunos en convenio con otras entidades sin fines de lucro, (4 por ciento), 71 a personas con discapacidad (14 por ciento), y 62 se encuentran asignados a distintos organismos públicos (12 por ciento).

Entre los inmuebles destinados a la explotación comercial, 76 son espacios bajo autopista; 17 playas de estacionamiento (la mayoría subterráneas); 23 locales comerciales pequeños; 48 calesitas, y 20 predios de grandes dimensiones, entre otros. La mayor parte de los predios de explotación comercial son destinados a las actividades gastronómicas; de deporte, recreación y esparcimiento; a estacionamientos; y a comercios de diversos rubros.

El informe destaca que “el sistema de concesiones en la Ciudad no se caracteriza por estar administrado bajo criterios de equidad, orientados a gestionar el patrimonio de los porteños en beneficio del conjunto” sino que “por el contrario, el oficialismo ha instaurado una lógica que refuerza el proceso de fuerte polarización que posee la Ciudad, garantiza los negocios de un conjunto de empresarios en detrimento del fisco, hace la vista gorda ante las irregularidades de los concesionarios, y corre de escena a la Legislatura, órgano desde el cual la oposición podría auditar los desmanejos del Ejecutivo”.

Se señala, en ese sentido, que “mientras los terrenos más valiosos, situados en la zona norte, son explotados comercialmente, los que se encuentran en el sur son destinados a satisfacer otros usos relacionados con actividades sociales”. Entre los predios cedidos a asociaciones sin fines de lucro, solamente 13 se encuentran en el norte, y los restantes 43 se localizan en el sur y oeste de la Ciudad; en simultáneo, entre los predios de explotación comercial, 78 se encuentran en el norte y 95, en el sur”, la mayoría debajo de la Autopista 25 de Mayo.

El trabajo sugiere que “en ese contexto, se podrían corregir los efectos negativos en términos de equidad que se generan si se implementara una adecuada política de compensaciones que exigiera que los concesionarios retribuyeran al Estado de la Ciudad por la explotación de los terrenos de mayor valor”. Sin embargo, “la orientación del Ejecutivo porteño parece ir justamente en el sentido contrario, considerando el bajísimo canon que muchas empresas abonan por concesionar terrenos en la zona norte de la Ciudad”, como ocurre con Costa Salguero.

Por otro lado, se advierten “fuertes irregularidades en los contratos de concesión y permisos de uso oneroso destinados a explotación comercial”, al punto que “de un universo de 207 dedicados a esta categoría, a diciembre de 2015, 77 se encuentran vencidos (37 por ciento), al tiempo que 32 están en proceso de adjudicación (15 por ciento), y 82 están vigentes (40 por ciento). Si bien estos datos deberían ser públicos, al presente no se cuenta con información del estado de 16 inmuebles (8 por ciento)”.

Como consecuencia de esto “los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido notablemente durante las administraciones del PRO, y la situación para el año próximo parece que no constituirá una excepción”. Se afirma que “a pesar de que en el mensaje del proyecto de presupuesto 2017 enviado por el oficialismo a la Legislatura se sostiene que ‘se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos’, lo cierto es que la previsión de recaudación para ese año representa, en términos reales, la mitad de los fondos ingresados en 2008”, primer año de gestión macrista en la Ciudad.

De todos modos, el monto estimado para 2017 es superior a la de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, cuando “la recaudación por este concepto fue de apenas un tercio de la de 2008”. Todo lleva a la conclusión de que “el régimen de concesiones en la Ciudad ha sido puesto al servicio de los intereses de un conjunto de empresas, que se valen de la complicidad del Ejecutivo para conseguir negocios fabulosos usufructuando los predios de mayor valor de la Ciudad, pagando cánones irrisorios, incumpliendo el marco regulatorio y sin tener que rendir cuentas ante ninguna autoridad de control”, advierte el Colectivo por la Igualdad.

En el informe se subraya que la explotación del predio de Costa Salguero “representa el caso más emblemático”. La historia comenzó en 1988, cuando la Administración General de Puertos Sociedad del Estado otorgó a Telemetrix S.A. un permiso de uso para la explotación del predio “Complejo Costa Salguero” por el término de 10 años. En 1992 se reemplazó esa figura jurídica por la de “concesión de uso”, por el término de 30 años, con un canon mensual de 30.130, 97 pesos, congelado por la vigencia de la Ley de Convertibilidad.

Los bloques del FpV y NE reclaman “la imperiosa necesidad de reformular el régimen de concesiones de la Ciudad”. Plantean, entre otras cosas, establecer definiciones precisas “en materia de concesiones y permisos de usos precarios”, dando prioridad en estos casos “a cooperativas de trabajo autogestionadas” o a “personas jurídicas cuyo objeto sea el bien público exclusivo para la realización de actividades de acción social”. Otra alternativa que se propicia es conceder esos inmuebles “para mujeres víctimas de violencia”. También se propicia el fin de las concesiones por contratación directa sin intervención de la Legislatura y prohibir las subconcesiones.