Buscan reemplazar el nombre de Néstor Kirchner de todos los lugares públicos

El Gobierno no quiere que los lugares públicos lleven el nombre de Néstor Kirchner. La cruzada por instalar "CCK" en lugar de Centro Cultural Kirchner ha sido una de las prioridades. Pero este no es el único lugar al que le quieren cambiar el nombre, sino que buscarán prohibir por ley que los lugares públicos lleven nombres de personas y dirigentes antes de haber transcurrido veinte años de su muerte. 

Este proyecto estipubla hacer cambios de manera retroactiva. Así, no sólo podría cambiar el nombre del centro que funciona en el ex edificio de Correos, sino que pordían modificarse los nombres de otros espacios, adelantó el diario La Nación.

El texto del anteproyecto de ley busca "una comisión bicameral para la Denominación de Bienes y Espacios Públicos" cuya función sea "dictaminar en todos los proyectos de ley referidos a la imposición de nombres o denominaciones a bienes muebles e inmuebles del Estado, vías de circulacion, obras, monumentos, y entidades en general".

El primer borrador del proyecto salió desde el Poder Ejecutivo y fue girado al bloque de Diputados de Cambiemos para que comiencen a buscar consenso con la oposición.  El texto tiene tres páginas, nueve artículos y propone que "las nuevas designaciones para los bienes y lugares públicos se funden en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural" para los lugares que actualmente carezcan de denominación.

"Los nombres que se impongan a los bienes y lugares públicos mencionados deben estar directamente relacionados con la República Argentina o bien revestir importancia indiscutida en el orden nacional o universal", dice el artículo cuatro. El quinto punto establece la modificación ya que "en ningún caso pueden designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido veinte años de su muerte o desaparicion forzada, o de haber sucedido los hechos históricos que se tratan de honrar".

Según el borrador del anteproyecto, tampoco se podrán utilizar los "nombres de autoridades que hayan ejercido su función contra el orden democrático" ni "denominaciones contrarias a los valores democráticos la paz y la concordia social, o que signifiquen una ofensa a cualquier persona o grupo".

El oficialismo propone que estas "restricciones son de aplicación a las denominaciones existentes en la actualidad, las que deben adaptarse en un plazo de 120 días" contados a partir de la presunta sanción de la ley.