Federico Delgado: "En los hechos la Justicia ha coqueteado con el poder"

Federico Delgado se convirtió en el último tiempo en un jugador importante en el tablero de ajedrez judicial. Fiscal en causas sensibles para el macrismo como Panamá Papers o urticantes para el kirchnerismo como la del enriquecimiento ilícito de José López, también tiene en sus manos la investigación sobre operadores judiciales que puede echar luz en la oscura trama en la que se apoya la justicia argentina.

En su oficina ubicada en el quinto piso de los Tribunales de Comodoro Py, el fiscal le concedió una entrevista a Política Argentina. La charla abarcó la ampliación de la denuncia contra Mauricio Macri por Panamá Papers, la guerra entre Elisa Carrió y Daniel Angelici, el Poder Judicial después de la muerte de Alberto Nisman y los avances en la causa que investiga la muerte de cinco jóvenes en la Time Warp de Costa Salguero.

"Queremos saber si la familia Macri había justificado ante nuestra AFIP la salida del dinero que se utilizó para constituir esa sociedad en el exterior".

¿Qué va a hacer con la última presentación del diputado Darío Martínez (FpV) por Panamá Papers?

Estamos chequeando algunos datos para mandársela al juez. No es nada concreto sobre Mauricio Macri sino del entramado societario que es la parte más difícil de reconstruir.

Usted pidió estudios a la Universidad de Buenos Aires (UBA), ¿recibió algo que le permita avanzar en esa línea?

Esto tiene dos andariveles. Todo lo que tiene que ver con Fleg, que es la offshore, queremos saber si la familia Macri había justificado ante nuestra AFIP la salida del dinero que se utilizó para constituir esa sociedad en el exterior. El juez todavía no lo proveyó, no dijo que sí ni no. Por otro lado, hay un problema con las declaraciones juradas. Ahora se hicieron famosas las omisiones maliciosas por el caso Macri pero éste es un problema estructural que tiene la Argentina. El Estado federal y el Estado municipal, al igual que el ministerio público o el poder judicial, requieren declaraciones juradas, pero todos tienen formularios distintos. No hay un ningún criterio para uniformizar datos. Piden cosas distintas y si piden cosas distintas, dan resultados distintos. Nosotros habíamos planteado que había que pedido a la carrera de Sociología que analice los formularios y vea cómo hay que hacer para uniformizar esos datos y vea si se declararon cosas ciertas o se mintió. El juez lo hizo, pero no lo hizo con la gente de la UBA sino con la Oficina Anticorrupción.

"En el diseño institucional, la justicia está pensada como un contrapoder. En los hechos, se demuestra que la justicia – como mínimo – ha coqueteado con el poder".

¿Con Laura Alonso?

Claro, pero eso, aunque esté genialmente hecho, le quita cierta legitimidad. No deja de ser una oficina dentro del Ejecutivo la que está opinando sobre las declaraciones juradas del presidente.

¿Recibió información del exterior?

Para que fluya del exterior, más que tramite judicial, es política. Es la habilidad de la Argentina que pide para convencer al otro Estado para que coopere.

Pero la tiene que pedir el Ejecutivo…

Sí. La experiencia explica que los Estados son muy renuentes a colaborar. El único caso que hubo colaboración que fue rápida es el caso Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque (Susana) Malcorra hizo un viaje a Suiza, habló con las autoridades suizas y, de algún modo, aceitó las colaboraciones entre los Estados, que accedieron a recibir a (Sebastián) Casanello y a (Guillermo) Marijuán para que analicen si los pedidos de información iban a ser receptados o no. En caso contrario, tarda seis o siete años.

¿Entonces éstas sí son las causas que pueden tomar impulso después de un cambio de gobierno?

Cuando es de Estado a Estado, me parece que hay una doble moral. Tienen la moral de los tratados y una más realista que dice que colaboran cuando les conviene.


¿La hipótesis es que los directores de las offshores son los accionistas?

Es otro punto a descubrir. En Bahamas y en Panamá, la legislación para inscribir sociedades es flexible, sobre todo era mucho más flexible en los años ’90, cuando esto se constituyó. Las acciones, que son los votos que te permiten tomar las decisiones de gobierno en una sociedad, eran al portador, con lo cual un director puede no ser accionista. Eso sólo se puede descubrir con documentos bancarios o con pruebas de testigos. No se puede perseguir a ninguna persona por un hecho que no esté previamente sancionado como delito. En el caso de Panamá Papers, la gran hipótesis es lavado de dinero y omisión maliciosa, por otro lado. Argentina empezó a reprimir el lavado de dinero como un embudo al revés. En los años ’90, sólo reprimía el lavado de dinero si se probaba que el dinero venía del narcotráfico. Lo que era evasión impositiva o plata negra, aunque socialmente era una práctica de lavado, desde el punto de vista legal era una situación que no estaba prevista como delito.

¿Entonces cuál es la situación?

Tenemos que saber cuándo comenzó: en 1998. Después tenemos que determinar cuándo terminó el hecho y ver si ese espacio temporal es atrapado por una ley. Después ver si se cometió un delito y si en ese delito participó el presidente o algunas otras personas.

¿Le va a pedir la información a Elisa Carrió que dijo haber visto para quedarse tranquila de que el presidente no estaba involucrado en ningún ilícito?

Estamos trabajando en eso. Cuando todo esto comenzó hubo un informe que informalmente le mandó Marcos Peña a Carrió y ella dio una conferencia de prensa.

¿Les llegó la información de Migraciones para determinar si hubo salidas del presidente?

Todavía no.

"En el caso de Panamá Papers, la gran hipótesis es lavado de dinero y omisión maliciosa, por otro lado".

Bolsos, monjas y algo más

Delgado también investigó a José López, el Secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, junto al juez Daniel Rafecas, quien procesó al funcionario por enriquecimiento ilícito mientras Julián Ercolini intenta probar si existió corrupción en la obra pública y por eso llamó a indagatoria, entre otros, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No hay nada más que hacer. Nosotros estamos esperando que la Cámara Federal confirme el procesamiento de López”, explica Delgado a la periodista Luciana Bertoia.

¿Encontraron algo en los teléfonos de López?

Lo que salió de los teléfonos era que Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez eran testaferros de López en la casa de Dique Luján donde vivía. Un teléfono no se pudo abrir. Los teléfonos tienen diálogos con muchos funcionarios públicos, lo cual es lógico, pero nada relevante para la causa.

¿Y algo que explique por qué salió a la madrugada con los bolsos?

No, porque los teléfonos se apagan. El 13 de junio a las 11 de la noche, López se desconecta del mundo. Es su última conexión de Wifi y los teléfonos no se activan más. Hay una llamada de la mujer que le entra al contestador cuando ya estaba en el convento y no la atiende. En los días anteriores, no hay nada que te haga pensar, nada que no sea normal. Antes del 14 de junio, tiene mucha actividad con cómo hacer para ir al Parlasur.

"El 13 de junio a las 11 de la noche, López se desconecta del mundo. Es su última conexión de Wifi y los teléfonos no se activan más".

¿No hay un tufillo a accionar de los servicios con lo sucedido esa noche?

Es extrañísimo. La casa de López cuando van a hacer la inspección ocular estaban los platos sin lavar. El tipo cazó un arma y se fue. Podría imaginar muchas cosas, pero un dato real, si es que existe, en la causa no lo vimos.

¿Por qué no está conforme con la decisión de Rafecas de hacer un lado de la investigación a la hermana Alba y a otra de las monjas?

(S)Llega al convento a las tres de la mañana y las monjas lo ayudan a entrar los bolsos. En cualquier lugar del mundo, eso es
encubrimiento. La monja mira el arma y el juez dice que no está probado que sabían qué tenía López. Yo creo que las monjas fueron parte.(S) Nosotros hicimos una denuncia que le tocó a (Ariel) Lijo para que se investigue la relación del convento con el Estado más allá de esto. La hermana Alba, el padre Rubén Di Monte, un convento lleno de cámaras de seguridad, los 10 mil pesos que había en la habitación del cura pero que nadie sabía de quién eran, Alba que estaba loca pero que atendía los teléfonos. Además, hay intercambios materiales fuertes con el Estado y es un convento que no tiene libros contables.

Usted dijo que, si CFK decía que ella no le dio la plata a López, quizá sí podía decir quién. ¿Eso influye en algo en la causa de enriquecimiento ilícito?

No. Las causas de enriquecimiento ilícito son sencillas…

¿Esta causa no se disparaba si no aparecía López con los bolsos?

No. En 2008, Rafecas le pidió a Prefectura hacer un informe sobre el patrimonio de López. Hubo un montón de desaguisados, pero cuando aparece López con los bolsos, Prefectura ya había terminado. En el medio, hubo intentos de cierre de la causa por parte de las defensas. Habla un poco de la justicia argentina: López tenía la plata guardada en un entretecho en la casa y ocho años buscándola y no aparecía.

¿Tendría que haber allanado el juez?

La justicia se choca con los hechos.

"Gils Carbó no tiene que caerle ni simpática ni antipática al gobierno. Es una persona que fue designada para cumplir un cargo".

La guerra Angelici-Carrió

Primero fue una advertencia, después fue una denuncia. Hace tiempo que los nexos entre Daniel Angelici y la justicia ya se convirtieron en una cruzada personal para Carrió, que denunció a los operadores judiciales y pidió que se los investigue.
El mes pasado, Delgado le pidió a Casanello que indague a Angelici por presunto tráfico de influencia para lograr que Norberto Oyarbide abandonara su despacho en Comodoro Py. “Pedimos la declaración indagatoria de Angelici porque además de pruebas de testigos encontramos dos llamados telefónicos que hizo Angelici a Oyarbide en el mes de diciembre y enero cuando se estaba cocinando su renuncia. El juez no dijo ni que sí ni que no, pero después de eso aparece Oyarbide dando un reportaje a La Nación diciendo que había sido extorsionado. Tiene que explicar quién, cómo, dónde”, explica el fiscal, que también pidió que declare como testigo María Servini de Cubría, una de las juezas más poderosas del país, que le dijo a Jorge Lanata que hubo presiones a los jueces durante el kirchnerismo.

Carrió menciona en su denuncia no sólo a Angelici sino también a Javier Fernández, Darío Richarte, ¿llego a ellos también la investigación?

Sí, llega a todos. Lo que pasa es que nos faltan algunos caminos que nos conduzcan. El otro que más fuerte surgía era (Alfredo) Lijo, que la fuente de información era Carlos Pagni, que declaró y dijo bastante. Eso nos llevó al exprocurador Esteban Righi, que un poco diluyó la construcción.

¿Cuán factible es que lo citen a Angelici?

No lo sé.

¿Recibió presiones?

No.

¿Cómo ve las declaraciones de Servini o de Oyarbide sobre presiones o relaciones más directas con el poder político?

Que los jueces se involucren me parece bien porque si a los argentinos nos interesa construir una República, hay que discutir qué Justicia queremos. En el diseño institucional, la justicia está pensada como un contrapoder. En los hechos, se demuestra que la justicia – como mínimo – ha coqueteado con el poder y que encima tiene estos vaivenes vinculados a la temporalidad. Es como que se aplaca con los oficialismos y se mueve cuando ese oficialismo pasa a la oposición. Eso no es sano. Hay que salir de la trampa de que los jueces hablan por sus sentencias, que es una trampa ideológica.

Pero si hablamos de presiones es un delito, ¿no deberían haberlo denunciado?

Si eran presiones, sí.

"La muerte de Nisman se transformó en un concepto por el que, de alguna manera, se está dirimiendo una lucha de clases al interior del sistema judicial".

Los tribunales después de Nisman

Delgado entró hace 25 años a tribunales. En algún momento, se afilió a la Asociación de Magistrados – la agrupación tradicional de la justicia, la “corpo judicial” para sectores como Justicia Legítima -- porque ofrecía un préstamo muy conveniente. Lo pagó y se desafilió. “Pragmatismo”, se ríe. Estuvo afiliado a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio de Julio Piumato, pero también se desafilió. No habla de un Boca-River de la justicia, sino de una lucha de clases.

¿Qué le parece el llamado de Germán Moldes a “desratizar” el poder judicial?

Me parece que son poco felices.

¿Cómo percibió la solicitada pidiendo la remoción de Rafecas?

Me pareció inusual. Nunca la había visto. Hay dos lecturas. La primera es un montón de personas con capital simbólico presionando a una institución. La otra lectura tiene que ver con una especie de accountability social de personas que expresan su inconformidad y en vez de cortar una calle o de hacer un escrache utilizaron una solicitada.

¿Pero no es una forma de escrache esa solicitada?

Es una forma de escrache y me parece que se inscribe en el pretorianismo que habita los últimos quince años de la Argentina, donde las personas para hacer valer sus pretensiones no utilizan el campo de la ley. Me parece que eso tiene que ver con el fracaso de la ley como mecanismo de solución de conflictos. Las personas utilizan las vías de hecho.

¿Cómo describiría lo que sucede en los tribunales de Comodoro Py desde la muerte de Alberto Nisman o un poco antes?

Para mí, la muerte de Nisman se transformó en un concepto, que permite ver las escisiones estructurales que tiene el poder judicial. Además, como es un hecho conmocionante porque es la muerte de un fiscal que se discute si lo mataron o se suicidó, pero en esa discusión se mezclan formas muy diferentes de ver el mundo. Se transformó en un concepto por el que, de alguna manera, se está dirimiendo una lucha de clases al interior del sistema judicial.

¿Es una versión exacerbada de lo que fue o es la oposición Justicia Legítima o Asociación de Magistrados?

Me parece que el conflicto es exactamente el mismo, que se desplazó y se agudizó por el propio hecho que es la muerte de Nisman.

"Hay que salir de la trampa de que los jueces hablan por sus sentencias, que es una trampa ideológica".

¿Por qué no se sumó a la movida que impulsaban otros fiscales en estos tribunales como salir a marchar?

Porque dentro de esa lucha de clases, no me ubico en ninguna de las dos miradas.

¿Cómo ve el intento del gobierno de remover a Alejandra Gils Carbó?

Cualquier iniciativa de sacar a Gils Carbó tiene que seguir el procedimiento que establece la Constitución. Gils Carbó no tiene que caerle ni simpática ni antipática al gobierno. Es una persona que fue designada para cumplir un cargo y si alguien cree que hay causales para removerla, tiene que encontrar las causales y hacer el procedimiento.

Usted trabajó con Nicolás Becerra, Righi y Gils Carbó como procuradores. ¿Con cuál trabajó más cómodo?

Con Gils Carbó y con Righi. Con Becerra fue una tortura. A Righi lo vi una vez y a Gils Carbó, dos. A Gils Carbó la vi cuando la designaron y otra vez ella me ofreció ser parte de un equipo y yo decliné la invitación. Jamás ni Gils Carbó ni Righi – ni directa o indirectamente – mandaron una instrucción, ni siquiera preguntaron “¿che, qué vas a hacer?”. Becerra, exactamente al revés.

Con Nisman se destapó la olla sobre cómo operan los servicios de inteligencia o ciertos operadores judiciales en Comodoro Py, ¿cómo fue su experiencia durante estos años?

La experiencia más brutal que tuvimos fue coimas en el Senado, que hubo que investigar a los servicios de inteligencia que estaban en el poder en ese momento y no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Lo que desnuda es la porosidad del Estado argentino. No hemos construido una institucionalidad relativamente autónoma de los intereses de las facciones de la sociedad civil. Lo de Nisman echó mucha luz sobre los servicios de inteligencia, pero otras causas echan luz sobre intereses empresariales o de las fuerzas de seguridad.

"Por la causa Time Warp están todos procesados: los organizadores, los inspectores municipales y los dos prefectos que tenían que hacer las tareas de prevención e hicieron la vista gorda".

Time Warp

Federico Delgado también estuvo a cargo junto al juez Sebastián Casanello de la investigación por los cinco jóvenes muertos en Time Warp, la fiesta electrónica en Costa Salguero. Delgado y Casanello se movieron rápido con la causa, pero la Cámara le ordenó al juez tomar una veintena de testimoniales en línea con lo solicitado por la defensa del abogado Víctor Stinfale, uno de los organizadores. “Las declaraciones se están terminando de tomar ahora pero no generaron cambios en la situación de los imputados”, dijo el fiscal.

“Están todos procesados: los organizadores, los inspectores municipales y los dos prefectos que tenían que hacer las tareas de prevención e hicieron la vista gorda. La fiscalía ya pidió la elevación a juicio de todos y el juez está haciendo el trámite previo, que tiene que ver con la opinión de las defensas, pero desde la perspectiva del ministerio público, el trabajo está terminado”.

¿Ya se tomaron las 27 testimoniales más que reclamó la Cámara?

Se están terminando de tomar ahora. Son cosas que pidió la defensa. Ofrecieron testigos que hasta se equivocaron. Es fuerte la influencia de (Víctor) Stinfale y tiene un capital simbólico que logró este pedido de la Cámara. Está procesado por facilitar el lugar para vender drogas y por homicidio culposo de los chicos que murieron.

¿Se puede o se debería ir más para arriba en el gobierno de la Ciudad?

No pudimos. La verdad es que cruzamos teléfonos, allanamos domicilios, buscamos patrimonios para saber si había alguna estructura de recaudación por encima de los inspectores y lo que encontramos es una connivencia que se había prolongado en el tiempo entre esos inspectores y los organizadores porque eran siempre los mismos los que les auditaban las fiestas. A las fiestas electrónicas iban siempre los mismos inspectores y los mismos prefectos.

"Encontramos una connivencia que se había prolongado en el tiempo entre esos inspectores y los organizadores porque eran siempre los mismos los que les auditaban las fiestas".

¿Cómo describiría el accionar del Ministerio de Seguridad después de que Casanello denunciara que las autoridades querían entorpecer la investigación?

Después del cimbronazo inicial, hicieron un sumario administrativo, pero lo paralizaron a la espera de la causa penal. Después hay seis dealers en condiciones de ir a juicio. Eran pibes que compraban pastillas en la calle y las vendían más caras en el evento.

¿Se puede probar que esto había sucedido en fiestas anteriores?

Nosotros habíamos intentado probarlo dos fiestas antes. Le habíamos pedido las tareas de investigación a la Prefectura, al mismo tipo que ahora está procesado.

¿Tuvo colaboración del gobierno de la Ciudad?

No hubo que pedírsela porque el juez lo que hizo fue allanar. Lo feo es que las cámaras de las oficinas no andaban y otra fuente de información era el teléfono del jefe de inspectores, que dos días después de la fiesta hizo una denuncia diciendo que lo perdió. El juez allanó y se llevó un montón de documentación, pero no encontramos nada.