Las empresas recuperadas están en riesgo por la recesión y las órdenes de desalojo

Las empresas recuperadas, símbolos de la crisis de 2001, están en una encrucijada de difícil resolución. La caída de la actividad económica, la apertura de las importaciones y el tarifazo pegaron duro en las cooperativas, los ingresos de los trabajadores dependen exclusivamente del nivel de producción y venta.
 
“Estamos en una situación muy complicada”, dice a Diario Z Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del hotel Bauen y dirigente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (Facta). Tonarelli asegura que todas las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional impactaron en la actividad de las empresas recuperadas, en especial la devaluación y el tarifazo. “Nosotros calculamos una caída de entre un 20 y un 30% de la actividad, entre el hotel y el restaurante”.
 
Desde la metalúrgica IMPA, ubicada en el barrio de Almagro, el referente Eduardo “Vasco” Murúa cuenta a Diario Z que al no poder trasladar la suba de los costos a los precios de los productos, el poder adquisitivo de los cooperativistas disminuyó un 50%. “En IMPA tenemos un aumento importante de los costos vía tarifazo y a la vez un 30% menos de pedidos”, añade.
 
En la histórica textil Brukman, la situación es todavía más complicada. Delicia Millahuall, trabajadora de esa empresa, asegura a Diario Z que casi no hay trabajo y que, con suerte, entra un encargo cada 15 días. Mientras tanto, las boletas de servicios se acumulan en la carpeta de deudas: “De luz, por ejemplo, pagábamos seis mil pesos por mes y ahora nos vino 24 mil pesos. Y de agua debemos 80 mil pesos, no podemos pagar esos montos.” Delicia se pregunta: “Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a pagar las boletas? Estamos preocupadas, pero no queda otra alternativa: vamos a volver a luchar.”
 
Las empresas recuperadas no fueron incluidas en los alcances de la tarifa social. Sin embargo, los problemas económicos no son el único inconveniente que las recuperadas enfrentan. En los últimos días se conoció un fallo que ordena el desalojo de la cooperativa La Litoraleña, que fabrica tapas para empanadas y tartas, y está ubicada en Girardot 345, Chacarita. Los 70 trabajadores habían pedido autorización para el uso del equipamiento de la fábrica y ponerla a producir gestionada por la cooperativa, opción que explícitamente indica la ley de quiebras. Pero la jueza Valeria Pérez Casado, del Juzgado ° 18 de la Ciudad, se los negó y ordenó el desalojo.
 
Sin embargo, los trabajadores se turnan para hacer guardias y no abandonar el lugar, tienen una consigna de la Policía Metropolitana que vigila todos los movimientos de la fábrica. Luis Baini, delegado de La Litoraleña expresa a Nueva Ciudad “nosotros solo queremos que se nos permitan trabajar para poder mantener a nuestras familias. Muchos somos trabajadores con más de treinta años de antigüedad en la empresa”.     
 
También pesa otro pedido de desalojo de los 50 trabajadores del restaurante y pizzería La Casona, ubicado en Av. Corrientes y Maipú, recuperada en 2014. Desde entonces continuaron pagando el alquiler, pero ahora el dueño pretende cambiar el uso del inmueble.
 
Según Murúa, estas situaciones comenzarán a repetirse: “Las complicaciones legales se van a profundizar. No hay una política a favor de las recuperadas. Este gobierno tiene una actitud más férrea. No les interesa que los trabajadores recuperen las empresas.”