El PRO busca bajar el proyecto que limita la libertad de expresión

El proyecto impulsado por el PRO que permite a fiscales “apagar” sitios de internet sin autorización de un juez continúa perdiendo apoyos en el oficialismo y parece encaminado un final prematuro. Según pudo saber Nueva Ciudad, desde el gobierno nacional se comunicaron con la titular de la Legislatura para que baje la iniciativa tal como está redactada.

Por lo pronto el expediente fue remitido a las comisiones de Mujer, infancia, adolescencia y juventud y Asuntos constitucionales. "Es una forma elegante de trabarlo", comentaron desde el el parlamento.
 
En la mismísima empresa Google expresaron su preocupación a Casa Rosada y protestar por el proyecto de la bancada oficialista porteña que tendría pocas chances de sobrevivir. No será tratado esta semana y lo único que lo separa del cesto de papeles es la figura de Omar Viviani, Secretario General de los peones de taxi, de muy buena relación con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
 
La iniciativa estaba destinada a ponerle un freno definitivo a la plataforma UBER, algo que hasta ahora ni siquiera la Justicia pudo lograr. “No va a ser fácil bajarlo, pero no queda otra”, le comentó a este sitio un legislador macrista. Una de las posibilidades que manejan en el oficialismo es reorientar el proyecto únicamente hacia los delitos de trata y pornografía infantil. "La ley tiene una finalidad específica que es darle más poder a la justicia luchar contra el bullying, el grooming y la trata", explicó un asesor macrista. "Vamos a llevarlo a todas las comisiones para dar las explicaciones necesarias", agregó.
 
En un principio la iniciativa, que fue presentada como “anti UBER” había conseguido el apoyo de todos los bloques en la Comisión de Justicia de la Legislatura, pero al parecer ninguno de los firmantes pudo medir las consecuencias de la ley, que sobrepasa largamente las facultades del parlamento capitalino.
 
Desde el Frente Para la Victoria, el titular de la bancada, Carlos Tomada, anunció que no sería de la partida. “Nuestra búsqueda de un límite normativo a la actividad irregular de UBER no puede llevarse adelante afectando otros derechos fundamentales”, expresó desde su cuenta de Twitter.