Gils Carbó dictaminó a favor de anular el tarifazo del gas

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de anular el aumento de las tarifas del gas hasta tanto se concreten las audiencias públicas previstas legalmente, en los argumentos del dictamen que presentó en la causa por el incremento tarifario que está en manos de la Corte Suprema.

La jefa de los fiscales, simultáneamente, se expresó sobre la necesidad de tener en cuenta los "derechos de los usuarios" a percibir el servicio y que se pusieron en peligro por la "exorbitancia" de la suba.

Aunque su postura no sea vinculante, el dictamen de la PGN habilitará al máximo tribunal del país a expedirse en torno a la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de La Plata, que frenó el aumento de tarifas.

Fuentes de la Corte anticiparon ya que en su reunión de acuerdo de este jueves se daría un fallo sobre la cuestión de fondo planteada, que se centra en la falta de las audiencias públicas previstas legalmente y que el Ministerio de Energía consideró que no correspondía convocar antes de difundir el nuevo cuadro tarifario que debía regir desde marzo.

"Los fiscales de todo el país fueron por el camino de anular el tarifazo por la falta de audiencias públicas, pero también por la exorbitancia que afecta los derechos de los usuarios", dijo un portavoz, dando a entender que la Procuradora se basará en esos precedentes para fundamentar su dictamen.

En julio pasado, en su primera respuesta al pedido gubernamental de tomar el conflicto en sus manos, ante las medidas cautelares dictadas por tribunales en diferentes provincias, la Corte pidió al Gobierno nacional que le informe sobre los criterios seguidos para dictar los aumentos.

La Sala II de la Cámara platense le dio alcance nacional a su medida de retrotraer los aumentos y, al aceptar la apelación formulada por por el gobierno a través de la Procuración del Tesoro, reenvío a la Corte Suprema un total de 46 medidas cautelares dictadas en distintos ámbitos contrarias a la suba del gas.

Según las denuncias de organizaciones de usuarios y de gobiernos locales, los aumentos iniciales llegaron hasta un 2.000 por ciento, pero luego del fallo platense el Gobierno nacional dispuso un tope de 400 por ciento en la facturación de usuarios particulares y de 500 para empresas pequeñas y medianas, aunque omitió también la realización de las audiencias públicas.