Buscan establecer por ley una licencia en casos de violencia de género

Una de las principales dificultades que enfrenta una mujer víctima de violencia de género es la dependencia de reproducción material, de ella y de sus propios hijos, si los hubiera, respecto del agresor. Situación que la condena, muchas veces, a no poder contemplar posibilidad alguna de revelarse ante tal situación, sin otra salida que la de continuar conviviendo bajo el mismo techo con quien día tras día la agrede. A esto se le suma cierta indiferencia o prejuicio social que, si se combina con el silencio estatal, ha resultado ya un cóctel con fatal desenlace.

Frente a esto resulta alentador el proyecto de ley presentado por el diputado Pablo Ferreyra (FpV), que busca promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras del Gobierno de la Ciudad, ante estas situaciones de violencia de género. Es por esto que ante "situaciones previstas en el artículo 3° de la Ley 26.485", y de aplicarse esta iniciativa, las trabajadoras "comprendidas en el régimen de empleo público regulado por la Ley 471", tendrán la posibilidad de gozar de tal licencia.

Esta propuesta de Ferreyra se asocia a la normativa mencionada al tomar la propia definición de violencia contra la mujer, establecida en el artículo 4º, donde se establece que tal situación se da ante la presencia de "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal".

Y avanza, ya en su artículo 5º, con la propuesta del otorgamiento de una licencia por un plazo máximo de 90 días, y en todos los casos será con goce de haberes, la cual podrá ser prorrogada si la situación lo ameritare. Pudiéndose también "reducción de la jornada laboral, la readecuación del tiempo de trabajo o el lugar de prestación del mismo, sin que ello afecte los haberes que percibe la trabajadora". Trabajadora que, ante esta situación de violencia de género, podrá solicitar "una reubicación de su puesto de trabajo en otra dependencia u oficina diferente de donde venía prestando sus servicios a fin de obtener una protección a su seguridad personal, la que en todos los casos deberá ser concedida".

Todo esto, garantizándole la preservación "el derecho a la intimidad de la trabajadora en situación de violencia". Pero tal como señalamos el garantizar la independencia material de la víctima es determinante. Por esto resulta vital lo propuesto en el artículo 11°, donde se establece que la trabajadora "podrá solicitar un aporte que se encontrará a cargo del empleador para afrontar gastos tales como alquiler o compra de elementos básicos para el funcionamiento normal de la vivienda y el grupo familiar".

Sosteniendo que dicho "aporte será otorgado por única vez y será, como mínimo, el cobro de dos salarios del mes más alto que la trabajadora recibe en el año". Se trata de una propuesta que busca expandirse a partir de la invitación de adhesión al Poder Judicial porteño, a las trabajadoras del Poder Legislativo y al mismo sector privado. El debate parlamentario que propone Ferreyra tiene su correlato en la Comisión de Educación, donde se están debatiendo distintas propuestas, de la oposición y del oficialismo, para dar igual cobertura a las docentes.

En este sentido hay que decir que, por el momento, la discusión se centra en los asesores de los legisladores a partir de una diferencia entre el proyecto del PRO, que sería de mayoría, y el de la minoría, donde el primero pide como prerrequisito que para implementar dicha licencia deba existir una denuncia judicial previa. Antecedentes existen en el país en esta materia, de hecho, el primer caso se dio en 2014, en la provincia de Chubut, donde una trabajadora, concretamente una docente, accedió a una licencia por "violencia de género" con goce de haberes.