Larreta quiere volver a impulsar el barrio Solares de Santa María

Una vez más la villa Rodrigo Bueno de la Costanera Sur está en la agenda del gobierno, aunque lamentablemente nada tiene que ver con promesas de urbanización. Hace algunas semanas funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron a los delegados del barrio para proponerles que abandonen el lugar donde viven hace más de treinta años e hicieron promesas de un nuevo destino. El motivo de la propuesta, explicaron, es que el Gobierno de la Ciudad quiere reactivar un mega desarrollo inmobiliario en la ex Ciudad deportiva de Boca Juniors, un terreno propiedad de la empresa constructora IRSA que está separado de Rodrigo Bueno por un canal del río.

La empresa de Eduardo Elsztain tiene por objetivo construir allí Solares de Santa María, un barrio cerrado bautizado como “La Dubai Argentina”, cuya realización, entre otras cosas, requiere aumentar la profundidad del canal. El proyecto contempla 11 torres de 50 pisos y un sector de amarras de lujo. Para ello quieren inundar los terrenos actuales de la villa Rodrigo Bueno y, por ende, deben erradicar a los vecinos antes de convertir sus calles en una vía navegable para lanchas y yates.

Tal es el interés del Gobierno porque este negocio se lleve adelante que el propio Horacio Rodríguez Larreta, días después del encuentro con los delegados del IVC, y a pedido de los delegados, visitó el barrio para llevar una propuesta. Larreta les ofreció a los vecinos una línea de subsidios de la Ciudad siempre que acepten la construcción de Solares de Santa María, un proyecto largamente resistido por los vecinos y organizaciones del barrio.

El proyecto de Santa María, como se llamaría el barrio cerrado, fue frenado en varias oportunidades en la legislatura porteña. “Sabemos que si no fuera por IRSA, nosotros corremos la misma suerte que el resto de los asentamientos de la Ciudad”, reconoce Luis Espinoza, delegado del barrio Rodrigo Bueno. Para pensar la urbanización, los vecinos armaron una Mesa participativa de la que forman parte, además de los vecinos, la Defensoría del pueblo de la Ciudad, organismos de derechos humanos y organizaciones del territorio.

La empresa constructora en cuestión, IRSA es la empresa de bienes raíces más importante de la Argentina y Eduardo Elsztain su accionista mayoritario. Elsztain es también dueño de los principales shoppings (Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, BA Design, DOT, Arcos y el Abasto), de hoteles de lujo como el Llao Llao, Intercontiental y Sheraton, de una gran cantidad de edificios y de la mayor parte de Puerto Madero. Es vicepresidente del Banco Hipotecario, controla la agropecuaria Cresud S.A. y es Tesorero del Consejo Mundial Judío, por nombrar algunos de sus títulos.

Además de su imponente patrimonio - que ronda los 4 mil millones de dólares-, Elsztain está relacionado con el gobierno del PRO. En su primer gobierno, Mauricio Macri designó a un gerente de IRSA al frente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Se trata de Roberto Apelbaum quien tuvo que renunciar a los dos años luego de transferir la mayor parte de las atribuciones del organismo a la Corporación Buenos Aires Sur y tras largas acusaciones de inacción frente al derecho a la vivienda, de subejecución de partidas y de tráfico de influencias por favorecer a IRSA.

Acuerdos comerciales con el actual Presidente y vínculos con áreas claves para el mercado inmobiliario como el Banco Hipotecario, el IVC y el ministerio de Desarrollo Económico le han permitido a Elsztain influir de manera directa sobre las políticas de la ciudad. Un ejemplo es la instalación del Shopping Abasto en un viejo mercado que es caso de estudio acerca de cómo el negocio inmobiliario transforma por completo la dinámica urbana, su identidad y su cultura. Otro más reciente es la compra del Edificio del Plata, en pleno centro porteño por el cual IRSA pagó 68 millones de dólares, mucho menos que su valor comercial. 

El plan más ambicioso de reforma urbana de la empresa IRSA es la construcción de un barrio cerrado sobre un predio de más de 70 hectáreas en la Costanera Sur, de las cuales por lo menos 50 serán inaccesibles al público. Para ello recibió el impulso del PRO quien en 2011 presentó un proyecto de ley que incluye la modificación del Código de Planeamiento Urbano y la aprobación de un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y Solares de Santa María S.A (del grupo IRSA) para la construcción de un nuevo barrio que llevaría ese nombre. Para ello la ciudad haría una gran cantidad de concesiones a la empresa a cambio de nada. El proyecto fue frenado en la Legislatura por el enorme impacto social y ambiental que genera en beneficio de una empresa privada. Ahora el actual gobierno busca reactivarlo.

Lo llaman “La Dubai argentina”, en alusión a la ostentosa ciudad construida por magnates petroleros en el emirato árabe. La versión criolla contempla la construcción de torres de 50 pisos y otras edificaciones más pequeñas, un lago para embarcaciones con canales de acceso al Río de la Plata y hasta una zona privada de pesca. De concretarse, sería el primer barrio con áreas restringidas, al estilo de los country bonaerenses, en un distrito que hasta el momento sólo tiene calles de libre circulación.

Su construcción impacta directamente sobre el ambiente al habilitar canales de acceso al río y autorizar obras en el canal de la Reserva Ecológica, las cuales incluyen la colocación de compuertas que elevan el nivel del agua. En síntesis, un barrio totalmente ajeno a las características edilicias de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a extraer ganancias extraordinarias con fuertes consecuencias para la dinámica urbana.

Aprobar el proyecto de Solares de Santa María, tal como fue presentado por IRSA, significa profundizar un modelo de ciudad que vulnera y expulsa a los sectores populares. Por otra parte, IRSA pagó por este predio 50 millones de dólares y recibirá ganancias por más de mil, gracias a operaciones realizadas por el Estado.  El Estado desarrolla infraestructura, autoriza nuevos usos o densidades de construcción y con ello permite al propietario generar mayores niveles de renta del suelo. Sin embargo, no se apropia de un solo peso de esa diferencia y tampoco existe una contraprestación proporcionada para los habitantes.