En la Ciudad, se descartan por año 40 millones de pilas y baterías por año

Según un informe realizado por el Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo porteña, cada año 40 millones de pilas y baterías son descartadas en la ciudad de Buenos Aires, pero, a pesar del volumen, no existe un circuito formal de recuperación y de disposición final de estos elementos de variada toxicidad.

"En la Argentina el consumo de pilas es del orden de las 10 unidades por personas. Como los niveles de consumo en la Capital son superiores a los del resto del país, está en el orden de los 40 millones de unidades al año. Se registra también un incremento del consumo por habitante, que se duplicó en menos de una década hasta superar el kilogramo anual per cápita", sostiene el trabajo.

La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
  Las pilas y baterías primarias (no recargables) y secundarias (recargables) agotadas pueden afectar el ambiente si son dispuestas en forma incorrecta, debido a que contienen sustancias químicas con características de toxicidad. "Todas las pilas pueden ser recicladas con recuperación de materiales valiosos y casi el 90% de las pilas recargables es reutilizable si se trata debidamente. En la Argentina existen algunos operadores que están exportando baterías para su reciclado fuera del país", señalaron desde Greenpeace Argentina.

Entre sus componentes las pilas y baterías tienen mercurio, plomo, cadmio, manganeso, litio, zinc y níquel. Estos metales pueden generar daños neurológicos y algunos están catalogados como cancerígenos. El mayor problema es que no se conoce cuál es el efecto del contacto constante.

Alejandro Amor, defensor del pueblo porteño, explicó: "Lo que estamos haciendo es abrir el debate para que se discuta el tema. La idea es proponer un proyecto de ley para que exista una normativa que proteja a los vecinos. Éste es el primero de los nuevos observatorios que estamos abriendo. Sabemos que habrá intereses contrapuestos, pero lo importante es que se plantee el problema".

Si bien el proyecto es porteño, las autoridades de la Defensoría del Pueblo esperan que sirva para replicarse a nivel nacional. Hace dos años, la ley para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos perdió estado parlamentario en el Congreso tras haber conseguido la sanción del Senado. "De acuerdo con un cálculo preliminar, las pilas y baterías de uso domiciliario que ingresan en el país superan las 45.000 toneladas anuales. Y aparece la cuestión de la obsolescencia programada, que hace que, cada vez con mayor frecuencia, se generen más y más de este tipo de residuos. Es necesario que hagamos algo", aseguró Bárbara Rossen, subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría, en cuyo seno funciona el observatorio.