La Ciudad deberá responder por la tragedia de Costa Salguero

La legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta por la tragedia de la Time Warp. Sin embargo el PRO hizo pesar sus 28 votos y no hubo posibilidad de tratar la comisión investigadora que proponía Gustavo Vera (Bien Común) ni tampoco una interpelación al Jefe de Gobierno que reclamó el titular del bloque kirchnerista, Carlos Tomada.
Carmen Polledo, titular del parlamento capitalino fue la última de los oradores y aprovechó su tiempo para defenderse de las varias acusaciones que recibió. Su marido, Fernando Polledo, es dueño de un 10% de la empresa Costa Salguero que maneja los pabellones en donde se realizó el evento que terminó con cinco muertos. La diputada porteña aseguró que su “rectitud” es “incuestionable” y calificó de “canallada” a algunos “panfletos” en su contra distribuidos por opositores políticos.
Más allá del pedido de informes, lo más relevante de la sesión, que se extendió por más de cinco horas, pasó por los discursos de los legisladores.
Tomada volvió a poner el acento en el rol que jugó la Ciudad en la tragedia. “Flores, Barracas, Palermo, Belgrano, Urquiza, un depósito, un taller, un boliche, un gimnasio: ocurre en toda la Ciudad y en todas las actividades. Hay un común denominador: fallaron los controles del Estado”, afirmó. “hoy estamos debatiendo un pedido de informes, pero buscaremos todas las formas políticas para saber qué pasó y que se asuman todas las responsabilidades por el hecho”.
La camporista Paula Penacca consideró “un circo” la presencia del director de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, el pasado lunes en la comisión de Desarrollo económico. “No pudo responder nada”, rechazó Penacca.
Para Gabriel Fuks, del Frente Para la Victoria “hay una gran diferencia entre la política antidrogas y el marketing político de antidrogas. Cuando se trata de los  sectores más vulnerables, se entra a las villas con el quinto de caballería subidos al tanque de guerra”, analizó. “Cuando hablamos de los sectores medios y altos lo discutimos como una cuestión cultural, esa es la hipocresía del discurso que gira en torno a esta problemática”, acusó.
“Es inadmisible que el GCBA quiera desligarse de las responsabilidades que le competen, aduciendo que esto era una fiesta privada. Esto fue un evento masivo, en un predio que es de la ciudad, que está concesionado y donde se vendían entradas”, expresó a su turno Andrea Conde, de Nuevo Encuentro.
El socialista Roy Cortina sostuvo que “el Ejecutivo debería pedir la renuncia del titular del AGC y de los funcionarios que están involucrados”.
Otro de los que exigió la presencia del alcalde capitalino fue Patricio del Corro, del FIT. “Tiene que venir Larreta a dar explicaciones a nosotros y a los padres de las víctimas”. Además acusó al gobierno porteño de “estigmatizar a las víctimas”.
Gustavo Vera también apuntó contra el papel jugado por la Ciudad. “Hubo promiscuidad entre las autoridades y los organizadores bajo la forma de fiesta privada”, dijo. “Stinfale maneja un conglomerado de empresas para vender estupefacientes. Maneja la mafia de la noche”, agregó.
“Lo que paso es el resultado de las concesiones irregulares”, sostuvo por su parte Marcelo Ramal, del Partido Obrero.