Delgado asegura que hubo connivencia entre Prefectura y la organización para la venta de drogas

El fiscal federal Federico Delgado pidió las declaraciones indagatorias de personal de Prefectura, de responsables del predio de Costa Salguero, de personal de la empresa de seguridad privada y de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa en la que se investigan las cinco muertes en la fiesta electrónica "Time Warp".

Los investigados por "connivencia" con la seguridad privada para no actuar, a pesar de estar en conocimiento de la venta de estupefacientes son el prefecto Alberto Gabriel Pandiani, el jefe de servicio subprefecto Adrián Álvarez y la cabo segunda Ivana Gómez.

Para Delgado. la Prefectura y la seguridad privada sabían lo que sucedía en la fiesta e "hicieron la vista gorda para que la fiesta continúe", tras lo dicho por el propio Pandiani , quién declaró que "en carácter de supervisor de 19 efectivos más y que a las 3 a.m. se le acercó una persona a quien sólo conoce como “El Chino” (encargado de seguridad interna según Pandiani) y le entregó una bolsa con lo que –le dijo- se les había extraído de la requisa a los concurrentes".

"Pandiani dijo que no abrió la bolsa en ese momento, sino que la dejó a resguardo de una compañera –también policía adicional de Prefectura Naval Argentina, la cabo 2da Ivana Gómez-, y que recién cuando tomó conocimiento de la muerte de dos personas, a eso de las 7am, hizo entrega de la bolsa a su jefe de servicio, el Subprefecto Adrián Álvarez, quien tampoco la abrió", agregó el fiscal.

Según se desprende del dictámen que ordena las indagatorias, recién el domingo la Policía Federal Argentina (PFA) abrió la bolsa que contenía las drogas: "Policía Federal Argentina que secuestrara todos los elementos vinculados a los sucesos ocurridos, y recién a las 18 hs. del sábado 16 de abril el subprefecto Adrián Álvarez entregó la bolsa a la PFA y vieron lo que contenía: gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana".  

"El prefecto Pandiani debería haber actuado en el momento en que llegó a su poder una bolsa llena de sustancias estupefacientes (a las 3 am), y no lo hizo. ¿Podría haber evitado la tragedia? Nunca lo sabremos", disparó Delgado.  

Para Delgado "la cadena de complicidades que dieron lugar a la tragedia" no terminan en Prefectura y la seguridad privada ya que el "acta de apertura de eventos no deportivos", emitida por  la Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con las firmas de los acusados y de funcionarios que pertenecen a Dirección de Fiscalización y Control del GCBA.

En el acta el único nombre que se llega a visualizar es el de "P. Fontanellas", se deconoce el nombre de pila, y los demás están de manera ilegible. En el pedido de detención del organizador del evento, Adrián Conci, Delgado ya había señalado que el gobierno porteño, como mínimo, había fallado en los controles fuera de Costa Salguero.  

"Todos ellos deberán ser citados a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que participaron en el 'armado' de las condiciones que hicieron posible la tragedia que resultó con cinco muertes", relató y agregó que "lo expuesto demuestra que hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas. Este comportamiento, repetimos, cuyo resultado fue la muerte de 5 personas, tiene consecuencias penales".