Quieren que siga vedada la navegación del Riachuelo

Hace cinco años, el juez federal Luis Armella tomó la decisión de prohibir la navegación del Riachuelo. Una medida ligada al saneamiento y a la liberación del camino de sirga que forman parte del plan de limpieza que deben llevar adelante la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, según lo estableció en un fallo de 2008 la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, cuando el camino ya está liberado y se debate en el seno de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) la reformulación del plan de saneamiento, vuelve a surgir el interrogante sobre el uso que tendrá el curso de agua en un futuro.

Las ONG que forman parte del cuerpo colegiado, integrado también por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que debe controlar las gestiones para la limpieza creen que en la condiciones que el río se encuentra, no debe habilitarse la circulación de embarcaciones, especialmente las de gran calado, como las que trabajaban en las areneras de la cuenca. Al menos, sin regulación y objetivos.

"Éste es un buen momento para revisar nuevamente el plan de saneamiento y determinar el papel que tendrán las embarcaciones. Ese abordaje hay que hacerlo en conjunto con un cambio de paradigma: es necesario controlar la navegación y los efluentes contaminantes y debe venir de la mano de un endurecimiento de la normativa en términos de vuelcos industriales", indicó a La Nación Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La navegabilidad está entre los temas que la Acumar analiza dentro del nuevo plan integral de saneamiento ambiental, que debe presentar ante la Justicia el 7 de julio próximo.

Más de una década La causa Mendoza fue iniciada por un grupo de vecinos hace 15 años, encabezados por Beatriz Mendoza, contra los estados nacional, bonaerense y porteño, y contra 44 empresas, a los que se les reclaman daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la cuenca. "Estamos trabajando en un plan para dar cumplimiento al fallo, aunque aún no podemos comprometer plazos porque estamos evaluando alternativas", indicaron desde la Acumar.

Hoy sólo navegan la Prefectura, los boteros que cruzan a la isla Maciel y las lanchas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, que realizan tareas de limpieza y control del espacio público. La Acumar, luego de la renuncia de Amílcar López tras la interna que se generó en Pro por la conducción, empezó a funcionar lentamente. Lo conduce la larretista Gabriela Seijo, y se comenzó a trabajar en el rediseño con los equipos técnicos.

Uno de los jueces que atienden la causa por orden de la Corte, Jorge Rodríguez, ordenó en octubre pasado que se readecuara el plan de limpieza. Nuevo plan "El documento que se utiliza es de marzo de 2010 [y] presenta serias deficiencias: los plazos allí fijados se encuentran fenecidos; no cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo y los indicadores [los valores que mide la Acumar] escogidos son en su mayoría de gestión y no de resultado, lo que hace complejo mensurar lo logrado", sostuvo el juez federal de Morón.

El fallo coincide con el reclamo que el cuerpo colegiado presentó ante la Corte Suprema en julio pasado. En ese pedido, a siete años de haber sido dictado el fallo que ordenó el saneamiento del río, se denunció el "amesetamiento" del plan y la falencia en varios aspectos, como el control industrial y la atención de la salud de la población afectada por la contaminación. Para Nápoli, "el plan debería tener tres etapas: la elaboración, que no puede ser sólo una medida burocrática, sino que tiene que ser consultado con la sociedad civil, con la academia e incluso ser presentado en audiencias públicas, y luego la implementación y ejecución".