Denuncian abusos del gobierno porteño a personas en situación de calle

Referentes vinculados a la problemática denunciaron que desde el traspaso de mando de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta se intensificaron los hechos de violencia institucional contra varias “ranchadas” de la capital, con procedimientos similares a los que utilizaba la disuelta patota estatal de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).

Trabajadores sociales, directores de centros de integración y referentes de organizaciones sociales confirmaron al diario Página 12 que en los últimos meses se registraron operativos comandados por empleados del Ministerio de Espacio Público de la ciudad, con apoyo de la Policía Metropolitana, para desalojar a las personas de la calle, apelando a los chantajes ya conocidos y que derivaron en una causa penal en la que está procesado el diputado del Parlasur por Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, junto a otros veinte miembros de la patota.

La Red de Organizaciones de Constitución, que nuclea a diversos colectivos, relevó al menos una decena de casos sólo en ese barrio, y sus referentes advierten que la misma situación padecen quienes viven en las calles de Once, Retiro, Palermo, Congreso y Liniers.

“El accionar es el mismo que el de la UCEP. Más adornado, pero es igual. Les dicen no muy amablemente que se tienen que ir y si hay resistencia le tiran las cosas. Hubo empujones y patadas a las pertenencias de las personas”, denunció Horacio Avila, de Proyecto 7, una organización conformada hace más de una década por personas en situación de calle.

Avila señaló que hay una cooperación entre el Ministerio de Espacio Público y la Metropolitana, que llevan adelante los desalojos en conjunto. “Los que patotean y hablan mal son la gente de espacio público. Los uniformados acompañan”, describió. Las organizaciones remarcan que la disolución de la UCEP en 2009 no redundó en un corte de la violencia institucional, que continuó de forma permanente.

De hecho, la Defensoría del Pueblo comunicó a mediados del 2012 haber recibido denuncias que probaban la existencia de “una nueva UCEP, si bien de distinto cuerpo, con la misma metodología”. La preocupación de las organizaciones radica en que en lugar de decrecer, en los últimos meses la violencia recrudeció. “Este tipo de operativos eran habituales desde antes, pero en las últimas semanas se empezaron a hacer con una impunidad que no se les veía antes”, afirmó Florencia Montes Páez, una de las directoras del centro de integración para mujeres en situación de calle Frida.

“Por eso insistimos que volvió la UCEP, es el mismo gesto: no les importa las pertenencias ni adónde van después de la agresión, sino echarlos de los lugares más visibles de la ciudad a través de la represión”, sostuvo. En el Frida, creado en 2014, conviven 40 mujeres y hay otras 25 a la espera de un lugar. Tanto allí como en el Centro de Integración Monteagudo, el hogar de 120 hombres adultos, se escucharon los primeros relatos directos sobre la situación, a principios de año.

“Se dice que se levantan ranchadas completas. Es muy grave, es un nivel más serio de represión que el que veníamos registrando”, remarcó Montes Páez, y situó la razón del aumento de la violencia en “la impunidad con que se manejan los funcionarios ahora que son gobierno no sólo en la ciudad, sino también en provincia y Nación”.

Tanto desde el Ministerio de Espacio Público, que hoy conduce el ex secretario de Gestión Comunal Eduardo Machiavelli, como desde Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Guadalupe Tagliaferri, negaron los hechos y se escudaron en que aún no hay denuncias formales que ameriten una respuesta institucional. Como la violencia no cesa, desde Proyecto 7 adelantaron que presentarán un hábeas corpus junto a otras organizaciones, para forzar una reacción de las autoridades.