Se aprobó el protocolo para regular las manifestaciones

El Consejo de Seguridad Interior sesionó en Bariloche y reunió a las autoridades nacionales con los ministros de ese área. Del encuentro derivó la aprobación del protocolo para manifestaciones públicas, algo que ya había sido adelantado por el Gobierno que trabajaba en un proyecto para ordenar las protestas.

La ministra Patricia Bullrich destacó que "el gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas"y agregó que "no vamos a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte".

De este modo, según entendió la funcionaria, el protocolo busca "establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad" y recibió el acompañamiento del 80% de las provincias.

La normativa establece un conjunto de puntos para guiar el accionar de las fuerzas federales y distritales para esos casos. Para ello, aclara que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires deberá "adecuar el protocolo a sus características, sus códigos contravencionales, sus códigos de procedimiento y establecerán el momento para dar intervención a la justicia en virtud de las facultades no delegadas de las provincias garantizadas por la Constitución Nacional".

El protocolo distingue entre manifestaciones espontáneas y programadas. Para las segundas, indica que una vez notificados, los ministerios de Seguridad de cada área tomarán contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del Protocolo y las leyes vigentes.

¿Cómo funcionará el protocolo?

Una vez establecido el contacto, se coordinarán las manifestaciones de acuerdo a las características de cada una "para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia", precisó la Ministra. 

Además, resaltó que las fuerzas deberán actuar conforme los límites de la ley, pero remarcó que es un deber "garantizar la libre circulación de personas y bienes disponiendo con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad".

De este modo, una vez que se conozca la existencia de una manifestación pública, las fuerzas de seguridad se comunicarán de manera inmediata con el Ministerio de Seguridad pertinente. Allí se "establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia". Independientemente del resultado de esa negociación, "el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación".

Deberá advertir, además, que "ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción". "Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación", precisa el texto.

Una vez levantado el corte, los funcionarios designados por el ministerio interviniente informarán a las autoridades que correspondan para "establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan", informó ministra Bullrich.

La aprobación del protocolo para manifestaciones se dio justo en la misma jornada de piquetes en todo el país que exigían la liberación de Milagro Sala.