FPV Porteño: La política de seguridad “debe ser la no represión de la protesta social”

 El pasado 18 de enero, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el convenio de traspaso progresivo de la Policía Federal Argentina. El bloque del FPV manifestó la necesidad de postergar su tratamiento dado “el clima de gravedad institucional que impide una discusión amplia, franca y profunda”.

Si bien el FpV acuerda con el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta también, por medio de un informe: “La preocupación por la ausencia de un debate respecto de la política de seguridad para el distrito y alerta sobre el contenido ambiguo del convenio suscripto entre Nación y Ciudad”.

Sobre el convenio en sí, los legisladores kirchneristas indicaron que faltan “definiciones taxativas”. “Es una carta de intención, que delega la resolución de las eventualidades que puedan surgir en un acuerdo entre los ejecutivos”, criticaron.

El bloque que tiene como jefe a Carlos Tomada resaltó algunos aspectos a considerar. Por un lado, “la transferencia de la Policía Federal implica que deba reveerse la afectación de recursos del Presupuesto de la Ciudad ya que el mismo preveía la incorporación de 1000 efectivos a la Policía Metropolitana”, explicaron.

También postularon que debería realizarse “un trabajo de articulación entre la Policía Federal y la Metropolitana, con posterioridad a la aprobación del Convenio el que incluirá, necesariamente, la generación de un conjunto de leyes que hagan operativos los numerosos aspectos que involucra el Convenio”.

En relación a la política de seguridad, aseguraron que se “deberá distinguir claramente la actuación en la conjuración y prevención del delito, del manejo de la conflictividad social”. En ese sentido, indicaron que las “medidas económicas y políticas implementadas” provocarán “un escenario de gran presencia de reclamos en las calles”.

Y aconsejaron al gobierno porteño que dicha política de seguridad “debe ser la no represión de la protesta social y la conducción política de las fuerzas de seguridad para evitar la autonomía en su accionar”.

El lineamiento dado a estas dos fuerzas que se unifican se enmarca en la detención, ya repudiada por este bloque, de Milagro Sala. La dirigente fue imputada por un acampe en la plaza principal de San Salvador de Jujuy que duró dos semanas. La Fiscalía de Investigación Nº1 de Jujuy la imputó por el delito de “instigación a cometer delitos y tumultos”.