La Legislatura porteña confirmó el convenio de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad

El convenio en relación al traspaso a la Ciudad de bienes, personal y funciones de la Policía Federal, firmado entre el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri y el porteño de Horacio Rodríguez Larreta, se aprobó hoy durante una sesión extraordinaria de la Legislatura de la Ciudad.

La votación fue de 39 votos positivos (el PRO y sus aliados de ECO), 3 negativos (el FIT y Autodeterminación y Libertad) y 11 abstenciones del Frente para la Victoria que subsanó sus diferencia tras la detención ilegal de Milagro Sala. Además, se aprobó un proyecto que autoriza al Ejecutivo local a ampliar y reasignar partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo el traspaso.

De esta manera, según establece el convenio convertido en ley, la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito local, mientras que el gobierno nacional conservará las estructuras y el personal para ejercer funciones de seguridad federal en el ámbito de la ciudad autónoma.

En rigor, la aprobación del traspaso, que será "gradual y progresivo, ordenada en dos etapas; de transición y consolidación" precisaron desde el oficialismo porteño, transfiere al gobierno porteño "la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana (que abarca todas las comisarías), de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y de Aviación".

Al comienzo de la sesión presidida por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, la diputada Graciela Ocaña solicitó un minuto de silencio en homenaje al exfiscal Alberto Nisman, quien falleciera hace un año.

La diputada Genoveva Ferrero, del PRO, sostuvo que con el traspaso “se está resolviendo un conflicto histórico con el Gobierno nacional” a la vez que señaló que es “un puntapié inicial para que la Ciudad cumpla con un reclamo histórico”.

La primera voz discordante fue la del diputado Fernando Vilardo, del partido Autodeterminación y Libertad que se referencia en el dirigente Luis Zamora, argumentó que detrás del convenio “se esconde el problema de fondo de la violencia social” y que con él “se alimenta el discurso represivo para darle legitimidad a los aparatos represivos”.

Tanto él como el diputado que lo sucedió en el uso de la palabra, Marcelo Ramal, del FIT, denunciaron la detención ilegal de Milagro Sala.

Ramal remarcó que se llegó a la votación “pocos días después de la crisis policial más importante que vivió la Argentina”, en relación a la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez. “Este traslado se lleva adelante comprando a la Policía Federal en paquete”, explicó para luego recordar que la fuerza de seguridad tiene “vínculos probados con el delito organizado”

“Es la policía del ‘gatillo fácil’”, fustigó el legislador del FIT para luego agregar: “Según cifras de CORREPI, desde 1983, 484 casos son de la Federal”. Su compañero de bancada, Patricio del Corro, manifestó que tras la sesión participarían de la marcha que exigirá la liberación de la jujeña y luego puntualizó que votaría en sentido negativo ya que "se debate hace 20 años pero se realiza con un proyecto que tuvo 6 días de estudio”. Denunció además “el alto grado de militarización” que existe en la Ciudad de Buenos Aires.

La legisladora Paula Oliveto Lago, parte de la alianza ECO, apuntó: “venimos a hacernos cargo de una deuda que tiene la Nación con los porteños”, y explicó que la aprobación del convenio constituye “el primer paso para la estructuración definitiva del estado de la Ciudad”.

Su compañero de bancada, Maximiliano Ferraro, destacó “el momento histórico” y reclamó que “en el mediano plazo realmente tengamos una única fuerza de seguridad, con un único jefe”. “Es imprescindible que la Policía Metropolitana y la Policía Federal transferida trabajen mancomunadamente”, insistió.

Roy Cortina explicó que su voto a favor lo realizaba “con tono de advertencia y propuestas”. En este sentido, el legislador socialista apuntó hacia la “falta de especificidad” de un convenio en el que “todo es prorrogable”.

Además se manifestó a favor de “una policía democrática, respetuosa de los Derechos Humanos, pero también que sea efectiva” y adelantó que presentará un  proyecto para “un mejor funcionamiento de la fuerza policial, que tiene que ver con el seguimiento en tiempo real del delito”.

La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, aliada del Pro, expresó que en años anteriores “había una decisión política que consistía en limitar la autonomía”, por lo que destacó  “la voluntad política del actual presidente que posibilitó que la Ciudad recupere una parte muy importante de su autonomía”. “Quizás no es el convenio óptimo pero es el convenio posible”, comentó. Solicitó, por otra parte, avanzar en los traspasos del Puerto y del juego.

El presidente del bloque radical de Suma+ -parte de ECO-, Hernán Rossi, consideró que el convenio “es la materialización de un reclamo” y es útil para “brindarle al Poder Ejecutivo herramientas para afrontar el delito”. Recordó además que el traspaso fue “una de las promesas de campaña de ECO” y pidió que la nueva policía pueda disponer de la tecnología “para que no quede obsoleta”.

Llegado el turno del Frente para la Victoria (FPV), Gabriel Fuks, subrayó la confusión sobre "quién va a ejecutar los recursos en el primer año de transición” e indicó que durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad el reclamo era que el traspaso se llevará a cabo con fondos nacionales. Luego, el legislador señaló que "esto sucede cuando el 20% de los empleados del min de Seguridad de la Nación están siendo cesanteados y cuando Milagro Sala se encuentra detenida sin razones legales claras".

El jefe de la bancada del FPV, el exministro de Trabajo Carlos Tomada, rescató el llamado a la sesión extraordinaria y le pidió a los legisladores del Pro que le transmitieran al presidente de la Nación “que le saque la faja al Congreso”.

Tomada definió como “inoportuno” el hecho de tratar el convenio de traspaso “en el contexto actual, por lo que está pasando a nivel social, económico e institucional”, como “el nombramiento de jueces (de la Corte Suprema) con un artilugio legal que no se había utilizado antes”, así como la intervención del AFSCA y el despido de periodistas y trabajadores de los medios públicos así como de los privados, y citó el caso de Víctor Hugo Morales.

Y agregó que "se ha reprimido a trabajadores en La Plata, espero que no se convierta en una política de Estado" y que la detención de Milagro Salas “es extorsiva” ya que se dijo que continuará hasta “que se levante el acampe”.

En relación al convenio específicamente, el exministro indicó que “para tener seguridad se necesita tener una agenda de equidad e inclusión social” y que se hace perentorio debatir “qué modelo de policía queremos”. “No podemos firmarles un cheque en blanco. Hay que abrir una discusión más amplia y profunda para asegurar a los porteños la seguridad que merecen”, finalizó.

Cerró las intervenciones el jefe del bloque PRO, Francisco Quintana, quien insistió con que que “el traspaso viene a resolver una de las deudas más significativas” en la Ciudad.