El CELS impugnó a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impugnó las candidaturas de los juristas Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti para integrar la Corte Suprema de Justicia por haber aceptado sus designaciones “como jueces en comisión" por el presidente Mauricio Macri.

“Ambos candidatos convalidaron un procedimiento de designación irregular y de dudosa constitucionalidad. La aceptación de este procedimiento los hace pasibles de impugnación”, sostuvo la organización defensora de los derechos humanos. Según un documento presentado ante el Ministerio de Justicia, en el marco del proceso de objeciones y apoyos previsto por el decreto 222/03 de transparencia en la propuesta de candidatos a la Magistratura, el CELS sostuvo que “el nombramiento en comisión contraría los principios establecidos por la propia Corte Suprema en fallos recientes sobre la garantía de estabilidad de los jueces para asegurar su independencia e imparcialidad”.

En ese sentido, el CELS advirtió que “Rosatti no cuestionó públicamente el proceso de designación elegido por el Poder Ejecutivo Nacional mientras que en su Tratado de Derecho Constitucional advirtió que ese mecanismo para la designación de jueces presentaba ‘complicaciones’ en relación con su estabilidad”.

Pero además, lo cuestionó por sus posturas ante el aborto, el derecho a huelga, “los efectos de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno” y las sus límites al “control de convencionalidad”, que implica que “al momento de administrar justicia, los jueces no solo tengan en cuenta los preceptos incluidos en la Constitución, sino que además realicen una comparación entre el derecho local y el supranacional”.

Sobre Rosenkrantz, el CELS alertó que “rechaza la constitucionalización de los derechos sociales, y es partidario de la inejecutabilidad de ‘muchos derechos’ consagrados en la Constitución Nacional. “Rosenkrantz sostiene que gran parte de los derechos económicos y sociales -como salud, vivienda, educación- no son exigibles ante los tribunales, porque los jueces no tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos”, subrayó la entidad. Además, le reprochó su “interpretación restrictiva del derecho de protesta”.