Los gremios del Senado en alerta por los despidos de Michetti

En el marco de las vacaciones de verano y con un clima más calmado tras la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, los gremios estatales con afiliados en el Congreso anticiparon ayer que acudirán a la Justicia para anular la medida adoptada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que decidió dar de baja a más de 2000 empleados incorporados a la planta permanente del Senado durante 2015, último año de la gestión de Amado Boudou.

"Se han equivocado; si no dan marcha atrás vamos a llevar el tema ante la Justicia, porque esto es ilegal", anunció Martín Roig, secretario general de UPCN Congreso, en diálogo con el matutino La Nación.

Cabe destacar que hasta ayer la nueva administración no había dado la orden de enviar los telegramas a los 2035 despedidos. Sin embargo, desde su rol de sindicato con la mayor cantidad de afiliados en el Congreso, la conducción de APL les reclamó ayer a las autoridades de la Cámara alta que "dejen sin efecto la desafortunada decisión adoptada" y reclamó la conformación de una comisión, "con la plena participación de los gremios, que se encargue de analizar las supuestas situaciones de anomalía" aducidas por Michetti para justificar su medida.

Por su parte, el secretario general de APL Norberto Di Próspero consideró: "Los trabajadores dados de baja por Michetti no tuvieron chance alguna de defenderse, ni siquiera se les dio la oportunidad de un proceso para informar sobre sus funciones". El panorama sindical se completa con el estado de alerta y movilización al que convocó el secretario general de ATE Congreso, Claudio Britos.

En tanto, Michetti ratificó su decisión en declaraciones periodísticas y volvió a justificar la drástica medida en el apuro de evitar que las incorporaciones firmadas por Boudou fueran alcanzadas por la estabilidad laboral que el estatuto del empleado legislativo (ley 24.600) otorga a todos aquellos que tengan, como mínimo, un año de antigüedad en su función.

Sin embargo, ayer en el Senado, a pesar de la poca concurrencia por las vacaciones de verano, se analizaba con ojos críticos el decreto firmado por la vicepresidenta, ya que violaría la ley 24.600 y la reglamentación de su artículo 9, el cual establece que los servicios requeridos para la adquisición de la estabilidad "deberán computarse sin distinción de planta en la que se hayan prestado".