Denuncian a Macri por abuso de autoridad al designar jueces para la Corte con un DNU

Los abogados Pablo Llonto y Eduardo Tavani denunciaron al presidente Mauricio Macri por abuso de autoridad por su decisión de designar por decreto y en comisión a dos miembros de la Corte de Suprema de Justicia. La denuncia indica que se trata de “un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio” de la Constitución.

También destaca que el hecho de que Cambiemos no cuente con la mayoría necesaria en la Cámara alta “no habilita la arbitrariedad manifiesta de la designación” y que la aceptación de los cargos por parte de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti significaría “una rotunda vulneración de los principios de independencia e imparcialidad”. La presentación está patrocinada por la ex jueza Lucila Larrandart , quien es directora del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En la demanda se inluye al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, y, ante la eventualidad de que los designados asuman como jueces supremos, reclama que se los impute por usurpación de autoridad. La denuncia esta a cargo del juzgado de Daniel Rafecas, ante quien actúa como fiscal Gerardo Pollicita.

Al momento de la designación de los jueces para la Corte se invocó el artículo 99 inciso 19 de la Constitución, previsto para “llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”, esto según la denuncia implica “un despliegue arbitrario –por desorbitado–” en la función del Presidente, porque “contraría lo que es constitucionalmente lo debido y obligatorio”.

Los abogados denunciantes explicaron que ese mismo artículo prevé en su inciso 4 que los jueces supremos se designan “con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Es “cuanto menos irrazonable” que un inciso destinado a cubrir “las vacantes de los empleos” haya sido pensado por los constituyentes para las designaciones de jueces de la Corte, prevista quince incisos antes, señalaron los letrados.

Sobre la atribución dispuesta por el artículo invocado por Macri destacaron que “el vocablo ‘empleo’ no abarca los cargos vinculados a la magistratura sino exclusivamente a los relacionados con el Poder Ejecutivo”, como las designaciones de militares, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios. La independencia judicial es “un principio de máxima jerarquía” del sistema republicano y que las designaciones de jueces por simples decretos implican “una palmaria injerencia en el desempeño independiente de los jueces de la Corte” y “una rotunda vulneración de los principios de independencia e imparcialidad”, recordaron.