- Política
- 29.10.2015
POLICÍA METROPOLITANA
La Corte Suprema debe decidir sobre el uso de las armas Taser
El máximo tribunal debe fallar ante el recurso de queja presentado por el Observatorio de Derechos Humanos y la Defensoría General.
Ambos organismo presentaron hoy un recursos de queja debido a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que había habilitado la utilización de estas armas por parte del gobierno porteño, denegó el recurso extraordinario para llegar a la máxima instancia judicial.
El TSJ habilitó en marzo el uso de las Taser X26, que algunos llaman calificadas de “neopicanas”, al revocar un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que bloqueó la adquisición de estas armas por parte de la Policía Metropolitana. “No es que estamos autorizando, estamos diciendo que no podemos anular una compra. Lo único que nosotros analizamos es si se podía impedir una licitación por ilegítima”, se excusó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano.
Por su parte, el ODH dijo que “el Poder Judicial avala, con esta decisión, al Jefe de Gobierno, quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza de seguridad al servicio de la represión y la tortura”. El recurso extraordinario presentado y rechazado contaba con las adhesiones de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización HIJOS, el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Amnistía Internacional y por los sindicatos UTE- CTERA, ATE Capital y Judiciales, entre otros.
“Es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. Las Taser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, lo cual fue corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional”, denunciaron desde el organismo.
En ese sentido, el ODH pidió al máximo tribunal que “revoque el fallo del TSJ y prohíba definitivamente la utilización de la Taser X26 por parte de la Metropolitana y cualquier otra fuerza de defensa y seguridad”. “Ahora, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. Es la misma Corte, la que -en palabras de su presidente- los juicios por delitos de Lesa Humanidad son política de Estado. Es esta Corte la que debe ser clara y despejar todo atisbo de dudas. La Argentina no puede permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina”, concluyó la ODH.
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