Ahora las denuncias por irregularidades salpican a Dietrich

El caso Fernando Niembro destapó la olla. Ahora se dio a conocer la contratación directa de McKinsey Argentina SRL por parte de la Subsecretaría de Transporte, con la misión de evaluar y proponer modernizar los “sistemas de señalización luminosa”, o sea los semáforos.

El socio de la empresa a la que se le otorgaron 1,7 millones de pesos por mes durante un semestre es Francisco Ortega, licenciado en administración de empresas egresado de la UCA que integra junto con el ministro de Educación Esteban Bullrich y el propio subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, el Consejo de Administración de G25, la ONG que busca “detectar talentos del ámbito privado” y “fomentar en ellos la vocación por lo público”.

El 10 de agosto, en la resolución por la que llamó a la contratación, Dietrich invocó el “Inc. 4”, que refiere a “obras, bienes o servicios (...) cuya ejecución sólo puede ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revistan”. El funcionario adujo que la Dirección General de Tránsito y Transporte pidió que se contrate a la empresa de Ortega “por tratarse de una consultora líder en temas de infraestructura y movilidad urbana que regularmente trabaja con gobiernos, reguladores y operadores de tránsito”, pero no explicó por qué se descartó a otras consultoras.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 28 de agosto, señala que en el expediente “se recibió una única propuesta correspondiente a la empresa McKinsey Argentina SRL”, que recibirá 9,9 millones de pesos por un “servicio de consultoría para la evaluación del estado actual, propuesta de modernización y elaboración de anteproyecto técnico para el llamado a Licitación de las Obras y Actualización Tecnológica de los Sistemas de Señalización Luminosa”.

Los 9,9 millones de pesos que McKinsey Argentina SRL recibirá para un trabajo de 22 semanas prorrogables por otras once implican 1,7 millones de pesos por mes. Si la empresa utiliza los seis consultores que el pliego fija como piso mínimo, cada uno embolsará 283 pesos cada treinta días. Nada mal para fomentar la “vocación por lo público”