PRO gastó 230 millones de pesos en fiestas que figuran como “urgencias”

Un informe presentado por el legislador porteño Fernando Muñoz demostró que la modalidad de excepción se convirtió en regla en el gobierno de la Ciudad. Entre octubre de 2014 y enero de 2015 se registraron 700 operaciones evitando las licitaciones públicas de las mismas al utilizar la modalidad de contratos de urgencia y contrataciones directas.

Luego del escándalo del periodista deportivo Fernando Niembro, los reportes oficiales indicaron que el gobierno de Mauricio Macri utilizó 700 veces los decretos 556/2010 y 752/2010 que permiten a la Ciudad evitar las licitaciones públicas. En estos cuatro meses, el macrismo porteño gastó 230 millones de pesos en servicio de “promotoras”, "provisión de frutas", “fiestas regionales”, o el recital de la artista Violetta, que le costó a los vecinos porteños más de 6 millones de pesos.

"La mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales"

 

La modalidad de contratación directa tiene ciertos requisitos, como la presentación de tres presupuestos a las empresas están inscriptas en el registro de proveedores porteños, que no afectan cuando las misma son de “urgencia” o “imprescindible necesidad”. Esta última modalidad es excepcional ya que tiene controles más flexibles que la licitación, por ejemplo.

"La mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales", explicó Muñoz.

Los 230 millones de pesos se repartieron de la siguiente manera: 119 corresponden a la cartera de Salud; 41 millones de pesos a Seguridad, y el resto se divide entre Educación y Cultura. De los 700 contratos, el Ministerio de Salud a cargo de Graciela Reybaud ocupa el primer puesto con 480 contratos equivalentes a 119 millones de pesos. Muchos de estos contratos no fueron publicados ni siquiera en el Boletín Oficial porteño, de la misma manera que no fueron difundidos los contratos de Fernando Niembro con la Usina Producciones. Según Muñoz, de dicho monto solo 702 mil pesos pueden considerarse gastos de “urgencia”.

Los 118 millones de pesos restantes se destinaron a "compra de alimentos, insumos, prestaciones de servicio u obras edilicias completamente previsibles, que deberían haber sido tramitadas por licitación", según el informe el legislador. Otro contrato que el legislador destacó fue con la empresa Latin American Postal SA por un valor de 1,2 millones pesos. El dinero fue destinado a la confección y envío de 100 mil credenciales para los ciudadanos afectados por las inundaciones de 2013 con el fin de que puedan acceder al sistema de salud público.

"Las credenciales plásticas no justifican una emergencia porque la ley de salud y la constitución garantizan el acceso gratuito y universal a la atención pública en la Ciudad y porque la inundación ocurrió un año y medio antes de que se firme este contrato, además, no pudimos encontrar un solo vecino de los barrios Mitre, Saavedra, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón que hayan recibido la credencial", denunció el informe.

La segunda área que más aplicó este tipo de contrataciones fue el Ministerio de Seguridad. Con 118 contratos que equivalen a 41 millones de pesos, esta cartera se quedó con el 20% de las contrataciones realizadas. Lo extraño es que el 70% se gastó en "seguridad privada". El pago fue a empresas que debían custodiar el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda, Sbase y las sedes de los ministerios. Y las empresas contratadas son siempre las mismas: Comahue Seguridad Privada SA, Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, Líderes Consultores de Seguridad SRL, Briefing Security SA - IMPES UTE., Prosegur SA y Force One SA. En contraposición, se gastaron 260 mil pesos en municiones para la Policía Metropolitana, quienes deberían proteger los lugares antes mencionados y que son atendidos por privados.

El tercer lugar en el podio de irregularidades es el Ministerio de Cultura que conduce Hernán Lombardi, con 33 contratos por 13 millones de pesos, un 5% de las contrataciones analizadas. En esta cartera se encuentran los gastos “urgentes” más cuestionables.

Montenegro destinó 1.791.840 de pesos a la empresa AM Publicidad para promoción y publicidad del Gobierno de la Ciudad. El apartado más insólito es el que figura como: “Promotaras”. En le Boletín Oficial del 21 de noviembre del 2014 el Ente de Turismo pagó 110.094 pesos por "servicio excepcional de promotoras".

Además de las promotoras, el PRO entiende como “urgencia” el gastó de 1.112.000 de pesos por la “Fiesta del Surubí, en Goya, Corrientes, así como en la feria Agroactiva 2014, en Santa Fe, en la Fiesta Nacional del Inmigrante de Misiones, en Expo Diamante en Entre Ríos y en la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza”. El informe cuestiona la necesidad de un pago excepcional cuando las fiestas en cuestión se repiten año tras año.

"La emisión de pagos por vía del Decreto 556/10 le permite al Gobierno porteño evitar los controles y elegir a dedo la empresa, sin competencia ni concurso real", afirmó Muñoz. El dueño de la empresa AM es Juan Pablo Sáenz Valiente, familiar de José María Sáenz Valiente (hijo), apoderado del Grupo Clarín y hombre de máxima confianza del CEO Héctor Magnetto. Esa empresa estuvo implicada en negocios irregulares con el Estado provincial de Chubut durante la gobernación de Mario Das Neves.