La Justicia reclama acciones urgentes en Villa Soldati

El juez Martín Converset fue nombrado ayer al frente de la causa iniciada en 2009 por obras en el complejo habitacional de Villa Soldati, donde el 4 de septiembre pasado murió un adolescente al caerse de un sexto piso tras ceder una baranda. El magistrado aseguró que los edificios se encuentran en “extremo riesgo” y adelantó que le pedirá al gobierno porteño el comienzo inmediato de las obras.

Converset quedó al frente de este causa luego de que el gobierno porteño recusara a la jueza que llevaba la investigación, Patricia López Vergara al alegar enemistad manifiesta y adelantamiento de opinión tras el allanamiento que ordenó la magistrada al Instituto de la Vivienda.

Esta es la primera medida concreta que ordena la Justicia en el inmueble tras el fatídico hecho y voceros judiciales aseguraron que la existencia del informe de Defensa Civil que reclama "acciones urgentes" en el edificio 14 para evitar otra tragedia, fue la que incidió para que el juez adopte esta medida.

El Complejo de Villa Soldati, que cuenta con 2.300 departamentos, fue declarado en emergencia edilicia y ambiental en el 2001 a través de la ley 623. Desde ese momento se dispuso que el gobierno de la Ciudad debía ejecutar las obras para solucionar las fallas estructurales que presentaban los edificios.

Los vecinos promovieron una acción de amparo en el año 2009 al ver que las obras no se ejecutaban especialmente en el edificio 14, nudo 10 -donde murió el adolescente- y en el edificio 18.

En el 2011 un juez de primera instancia hizo lugar al amparo y ratificó los términos de la ley del 2001 pero el gobierno porteño apeló la sentencia, la cual quedó firme el el año pasado cuando la Cámara ratificó lo actuado por el magistrado.

Tras la muerte del adolescente y la movilización vecinal, la jueza Patrcia López Vergara realizó una serie de procedimientos para verificar si lo dispuesto por el juez original de la causa, cuyo fallo quedó firme, se había cumplimentado, tras lo cual fue recusada por el gobierno de la Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad.

López Vergara detalló en su escrito que no emitió opinión ni fue defensora de las partes ya que su actuación sólo se limitó a la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el juez subrogante en torno a la ejecución de las obras.

La magistrada destacó que la información requerida al IVC fue entregada "voluntariamente” en el marco de la diligencia que efectuó ante ese organismo y “sin que resultase necesaria la ejecución de fuerza alguna”.

Existen en el inmueble aberturas de corredores sin vidrios ni protección, hay paredes deterioradas con desprendimiento de revoques, no hay presencia de la Policía Metropolitana dentro ni fuera del complejo y el funcionamiento de las luminarias son irregulares.