Denuncian política educativa "discriminatoria" del gobierno porteño

El gobierno porteño había sido denuncia en 2011 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) por invertir mayor cantidad de recursos en las escuelas públicas de los distritos más ricos de la Ciudad, discriminando a los distritos con mayores necesidades. Amnistía Internacional se sumó a el reclamo legal de ACIJ bajo la forma de “amicus curiae”, que le permite colaborar con el tribunal. Paola García Rey, coordinadora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía, explicó a Nueva Ciudad: “El amparo cuestionaba que había una oferta educativa de jornada completa desigual en los distritos del sur de la ciudad de Buenos Aires a diferencia de lo que ocurría u ocurre en distritos de la zona norte que tienen jornada educativa completa”. “Específicamente, los sectores del sur de la Ciudad son los sectores que concentran porcentajes más elevados de necesidades básicas insatisfechas”, agregó. García Rey explicó que Amnistía se sumó al amparo por dos cuestiones principales, por un lado, “cuestionar que había una oferta educativa discriminatoria y desigual que se daba, que quizás el espíritu de la ley originalmente o de la posición presupuestaria no era excluir o discriminar a un grupo pero que en la práctica lo que ocurría era que efectivamente había alumnos de estos tres distritos que tenían una oferta educativa incompleta”. La segunda cuestión tiene que ver con lo establecido en la Constitución Nacional, García Rey dijo: “Los estados tienen que procurar en aquellos sectores más excluidos o desaventajados contribuir con presupuesto y recursos de todo tipo para garantizar un pie de igualdad en todos los aspectos, específicamente en este caso educación”. Por su parte, María Emilia Mamberte de ACIJ informó a Nueva Ciudad: “El amparo se presentó en 2011 a partir de que se advirtió que en la Ciudad de Buenos Aires había una oferta discriminatoria en la asistencia a educación de jornada completa en escuela primaria”. Y detalló: “En los distritos del sur, que son los que presentan los peores indicadores socioeconómicos, la cantidad de estudiantes que logra acceder a escuelas de jornada completa en la escuela pública era muy baja y era sustancialmente menor a la población de estudiantes que accedía a educación de jornada completa en los distritos más ricos”. Los distritos escolares con menos oferta educativa son el 5, 19 y 21. Allí se encuentran los barrios de Barracas, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Riachuelo, Lugano y Parque Patricios. García Rey de Amnistía explicó que hay que atacar “el problema de la igualdad y la no discriminación desde estas dos perspectivas: una por el principio natural de igualdad y no discriminación. Otro desde una política más afirmativa las cuales los Estados tiene que garantizar y tomar medidas para que le carácter socioeconómico no sea un motivo para excluir más a la gente que se encuentra en esta situación, sino todo el contrario, invertir más en aquellos que se encuentran en condiciones más desaventajadas”. Mamberte explicó que el punto al que hace eje ACIJ “es que a los distritos ricos le están dando más que a los distritos más pobres. Mucho más, incluso tres veces más. En los casos más extremos la diferencia puede ser esa, si comparas el distrito que más estudiantes tiene jornada competa con el que menos tiene la diferencia puede llegar a ser de tres veces más”. Ya en 2013 el Ministerio Público Tutelar había denunciado que las escuelas de los barrios del sur tenían menores recursos, lo que se reflejaba en la calidad y cantidad de materiales didácticos y excursiones que podían realizar; estaban en peor situación edilicia, muchas de ellas incluso en emergencia; y presentaban un mayor hacinamiento en las aulas. Luego dos sentencias que fueron apeladas tanto por ACIJ -porque el fallo no reconocía la discriminación- y por el gobierno porteño –porque era castigado- el amparo llego al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y se espera que para fin de año se obtenga una resolución.