Perfeccionando el capitalismo de amigos: volvemos con el proyecto para el autódromo

En una entrada reciente nos referimos al proyecto para privatizar el autódromo enviado por el gobierno de Mauricio Macri a la Legislatura porteña. Si bien allí describimos las principales objeciones al proyecto, un nuevo informe elaborado por Hernán Petrelli y Hernán González del Laboratorio de Políticas Públicas, sobre el particular plantea nuevas preocupaciones que nos obligan a volver sobre el tema.

Recordemos que el proyecto prevé la creación de un Fideicomiso para la gestión privada a 30 años de las 140 ha del autódromo Oscar y Juan Gálvez. El Estado aportaría la tierra y los privados las inversiones, que podrían recuperar a partir de diferentes exenciones impositivas (a los Ingresos Brutos, especialmente). Las inversiones tendrían que ver con la recuperación de la pista de automovilismo pero también se prevé la construcción de un hotel, un museo temático, edificios de oficina, cocheras, bancos, agencias de autos, institutos privados de enseñanza especializada, centro de exposiciones, auditorio al aire libre, entre otros.

Cuestionamos que no hubiera una licitación (lo que evita que el tema sea tratado en profundidad por la Legislatura como manda la Constitución local) y que tampoco estuviera previsto que los privados paguen un canon por la explotación del predio. Pero principalmente, cuestionamos el modelo de negocios elegido: si bien a primera vista parecería que los privados acarrearían con el costo de la inversión (estimada en U$D 50 millones por el gobierno de la Ciudad), esto no es así ya que la misma va a ser reintegrada a partir de la exenciones impositivas a la que los privados podrán acceder por todas sus actividades que tributen en esta jurisdicción durante 5 años. Incluso, es probable, como ha sucedido en otras oportunidades, que estos proyectos se financien con préstamos de entidades bancarias (por caso, el Banco Ciudad), punto sobre el que volveremos más adelante. En definitiva, esa inversión la terminaremos pagando todos nosotros, incluso aquellos que nunca pisen el autódromo, y no los privados que se beneficiarán con la explotación de los diversos negocios previstos. Capitalismo de amigos, que le dicen.

Como si esto fuera poco, el Informe del LPP nos advierte sobre un hecho aún más grave: la posible “venta” de las tierras públicas, en particular aquellas parcelas en las que se prevé la construcción de los negocios complementarios a la explotación del autódromo y que estarían ubicados sobre el frente de la Av. Coronel Roca.

Esto es posible a partir de la designación de la Corporación Buenos Aires Sur como representante del Gobierno de la Ciudad en el Fideicomiso. Actualmente estas tierras son propiedad del gobierno porteño y están bajo la órbita de la Dirección General de Concesiones, que se hizo cargo del bien en el año 2008 luego de que, justamente, este mismo gobierno se lo sacara a la misma Corporación del Sur (Decreto 365/08), que hasta ese entonces lo tenía bajo su administración.

Desde el gobierno se intentará explicar que este nuevo traspaso a la Corporación se debe a su función de promoción de la zona sur y que no se trata de una concesión sino de un “proyecto integral”. Sin embargo, este cambio de “representante” del gobierno es indispensable para habilitar la “venta” de las tierras, sin intervención de la legislatura ni ningún otro contrapeso institucional. Alcanzaría un simple decreto del Poder Ejecutivo que transfiera a la Corporación las tierras en cuestión para que la entrega quede consumada. Así el “representante” se transforma en propietario y puede con total libertad transferir las tierras a quien quiera. Como ya ha hecho con las tierras donde se construye la nueva terminal de micros de larga distancia en Villa Soldati y como prende hacer con las tierras remanentes del complejo “Casa Amarilla” a favor del club Boca Juniors para la construcción de un nuevo estadio de fútbol (casos a los que ya nos referimos acá y acá). Si se quisieran conservar estas tierras bajo el dominio público el representante debería ser una dependencia que no tuviera la libertad para disponer libremente de la tierra.

En definitiva, así como está el proyecto se corre el riesgo cierto de que todo el frente sobre la avenida Roca termine en manos privadas que, para colmo, no van a pagar nada por esas tierras, sino que también podrán recuperar esta “inversión” de los impuestos que estarían eximidos de pagar. Se las vamos a regalar. Además, no es que cualquier privado va a poder acceder a este privilegio sino que el jefe de gobierno va a poder elegir a dedo a quienes les hace este regalo. Capitalismo de amigos perfeccionado.

Por último, el Informe de González-Petrelli realiza unas simulaciones que son elocuentes sobre la magnitud del negocio. Ellos se plantearon 2 escenarios posibles: una empresa que financia el 100% de la inversión con capital propio y otra empresa que financia el 50% con deuda bancaria y el 50% con capital propio.

Para un proyecto sin financiamiento bancario, a 30 años, con una inversión de $10 millones, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 43% anual y el plazo de recupero de la inversión es de 2,17 años. Por su parte, en el caso de que la empresa decidiera integrar el 50% con capital propio y lo restante con un préstamo bancario, teniendo en cuenta el mismo plazo y monto invertido, la TIR alcanza el 52% y el plazo de recupero sería de 2,29 años.

Para ellos, “a los fines de determinar la TIR de un proyecto los primeros años influyen de forma decisiva en el cálculo. El hecho de que el Gobierno de la Ciudad permita tomar la inversión a cuenta del pago de ingresos brutos significa en la práctica un ingreso del proyecto”.

Un ingreso que vamos a pagar vos, yo y todos los contribuyentes, pero de cuyos beneficios solo van a participar unos pocos elegidos, amigos del gobierno de turno. Así se construye la nueva política. En equipo.