El que no corre, vuela: crítica al proyecto oficial para el Autódromo porteño

La política argentina es rica en acontecimientos e ironías. Uno de los acontecimientos más comentados de las últimas semanas fue la voltereta discursiva que Mauricio Macri estrenó la noche en que Horacio Rodríguez Larreta ganó, por escasísimo margen, el balotaje a Martín Lousteau. Voltereta que desorientó a sus aliados y que tomó la forma de desafío cuando en una recorrida por el conurbano afirmó: "los desafío a ver quién tiene un Estado más presente, si el nuestro o el de ellos -en referencia al kirchnerismo- en el cual hay cortes de luz con frío y calor, el transporte funciona mal y la seguridad no existe. El Estado es lo que hicimos nosotros en la Ciudad".

La ironía es que mientras pronunciaba estas palabras tan auto laudatorias enviaba un proyecto de ley a la Legislatura porteña en el que, a través de una propuesta concreta, expresa la idea de “Estado presente” que tiene Mauricio Macri y que, por otra parte, viene llevando a cabo desde que se hiciera cargo del gobierno porteño, hace ya 8 años. Me refiero al proyecto denominado “Plan Integral para el Autódromo” de la Ciudad.

No hay dudas que el autódromo está en pésimas condiciones. La que otrora fue una pista de carreras capaz de albergar competencias de primer nivel internacional, se ha transformado, fruto del abandono del Estado y la pésima gestión de las asociaciones privadas del automovilismo, en una pista que apenas puede ser usada para competencias menores.

Esta situación amerita un debate abierto sobre el futuro de este predio de 140 hectáreas en una zona con baja densidad poblacional y que en los hechos funciona como reserva de espacio verde de una Ciudad con serios déficit en este punto. El primer debate sería definir si es racional invertir importantes recursos públicos (y aún privados) en volver a tener un autódromo de alta competición dentro de la Ciudad. Me inclinaría a pensar que no. Pero pongamos que estoy equivocado y que la respuesta correcta es que sí es una buena decisión.

En este caso, habría dos preguntas para hacerse: Una: ¿cómo se compensa el espacio verde que se pierde por las nuevas construcciones? El serio déficit de la Ciudad en este punto obliga a que todo proyecto de estas características prevea y financie nuevos espacios verdes en reemplazo de los que se pierden, de manera tal de no disminuir el ya escaso stock.

Dos: ¿quién debe hacerse cargo de la inversión de remodelación y adecuación del autódromo? ¿El Estado de la Ciudad? Pensemos. Se trata de un deporte de alta competición que mueve muchísimo dinero, y al que solo se puede acceder si se tiene mucha plata o un fuerte sponsoreo. De ningún modo puede considerarse un deporte accesible para los jóvenes de más bajos recursos ni siquiera de clase media, que justifique aporte de recursos públicos. En este contexto, lo lógico sería que los privados que obtienen ganancias con el negocio se hagan cargo de esta inversión. Incluso, en un país serio como esos que suele invocar Macri como modelos a seguir, pagarían un canon al Estado por el uso y usufructo de tierras públicas.

Sin embargo, en la versión de “Estado presente” que defiende Macri, el que se hace cargo de la inversión es el estado porteño. ¿Cómo? A través de la exención de impuestos, básicamente de Ingresos Brutos, a los privados que inviertan en el autódromo. Incluso esa inversión puede no estar relacionada con la actividad automovilística, como sería el caso de un hotel, un edificio de oficinas, un banco o una confitería. Igual la inversión la terminamos pagando todos. Esto es así ya que se le permite a los privados recuperar lo invertido deduciéndolo de lo que deberían pagar de ingresos brutos no solo para los ingresos generados por la explotación del negocio en el autódromo, sino que la empresa podrá utilizar ese crédito fiscal para aplicar al pago de ingresos brutos por otras actividades comerciales que realice en suelo porteño. O sea, que una automotriz que ponga una concesionaria de autos podrá deducir rápidamente esa inversión de sus pagos mensuales de ingresos brutos por las ventas que realice en toda la Capital. Y una casa de comida rápida, también.

Pero acá no termina todo. La Constitución porteña establece que toda concesión que se realice sobre inmuebles de dominio público por más de 5 años (en este caso, estamos hablando de 30 años), deben ser aprobada por la Legislatura porteña. Más allá de que el instrumento jurídico propuesto es un fideicomiso, técnicamente no deja de ser una concesión para la explotación comercial del autódromo. Por lo tanto, debería ser el cuerpo legislativo el que, con una mayoría especial de 40 votos, apruebe esta propuesta. Pero para eso se necesitan precisiones que el proyecto no da. Por ejemplo, no está prevista ningún tipo de licitación. Queda a criterio del poder ejecutivo determinar a cuántos y a qué privados acepta como inversores, sin necesidad de dar muchos fundamentos. O sea, tiene más libertad que en una contratación directa.

Pero acá tampoco termina todo. Urbanísticamente el proyecto prevé la construcción de edificios de hasta 8 pisos, tanto para oficinas como para viviendas. Sin embargo, el suelo sigue siendo propiedad de la Ciudad (en concreto de la Corporación del Sur), lo que implica que los privados que inviertan en estos desarrollos inmobiliarios no deberán correr con la obligación de ceder tierras para fines públicos como sucede en toda nueva urbanización. Pero hete aquí que la Corporación del Sur no tiene ningún impedimento para vender esos terrenos. Por lo tanto, el día de mañana se los vende a los desarrolladores de esos edificios, exceptuándolos de hecho de la obligación de ceder entre el 25 y el 50% de la tierra para fines públicos.

A este creativo mecanismo de operar con tierras públicas se lo llama entrega del patrimonio público o “Estado presente” (tache usted lo que no corresponda).

Este es el texto completo:


Proyecto Autodromo PRO from Sebastián De Toma