Continúa la polémica por el Mercado Central en Colegiales

Mientras los vecinos resisten el proyecto, la Justicia ordenó a las autoridades de la feria y a un organismo del Gobierno que den detalles sobre la cesión del predio, envuelta en sospechas.

Continúa el conflicto por el Mercado Central en Colegiales, que ahora sumó un capítulo legal. Tras una investigación de la Justicia Federal, las autoridades del Mercado Central y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberán dar detalles sobre la cesión gratuita del predio.

Según indicó Infobae, el presidente de la Corporación Mercado Central, Carlos Martínez, y el presidente y vice de la AABE, Antonio Vulcano y Martín Riebel Maeir, fueron imputados por el juez federal Sergio Torres por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Esto implica un nuevo revés para el empresario de la carne y vice de esa Corporación, Alberto Samid. Y, también, para el Gobierno, autor de la iniciativa.

Hace un año Martínez inició negociaciones para subalquilar el predio y vender lácteos, pescados, carne, panificados y elementos de limpieza, aunque el permiso gratuito otorgado por los funcionarios imputados lo impedía.

La estrategia fue denunciada por los vecinos, por lo que los funcionarios del Mercado y la AABE trataron de corregir las irregularidades con la firma de un nuevo convenio. Ahora, la Justicia federal les ordenó que esclarecieran la situación.

Los vecinos defendieron en una audiencia pública en la Legislatura un proyecto para instalar un parque o plaza en ese terreno, entre las calles Cramer, Maure y Newbery y las vías del ferrocarril.

En septiembre del año pasado, los vecinos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad habían presentado una acción de amparo para frenar la construcción, dado que “no cuenta con el permiso de obra” y porque “la instalación de un mercado no está permitido por los usos y la zonificación del predio”.

Tres meses después, los legisladores de la Coalición Cívica impulsaron un proyecto de ley, redactado por la diputada y ex auditora de la Ciudad, Paula Oliveto, para frenar la iniciativa.

Finalmente, en enero, la jueza porteña Andrea Danas hizo lugar al amparo presentado por los vecinos y frenó la apertura. Concretamente, le ordenó al Gobierno porteño que se abstuviera de habilitar la sucursal hasta tanto la Legislatura no finalizara el tratamiento del proyecto para rezonificar el predio.