- Archivo
- 27.04.2015
La Justicia ordena garantizar las clases en escuelas de Almagro
Al Normal 7 y los Comerciales 8 y el 25, del barrio de Almagro, les falta agua, se desprenden paneles del techo y se inundan. La Justicia intimó al Gobierno de la Ciudad para que adopte medidas.
La Justicia le dio al Gobierno de la Ciudad un plazo de diez días para realizar una auditoría y adoptar las medidas que garanticen condiciones edilicias seguras para el normal desenvolvimiento del dictado de clases en tres colegios: la Escuela Normal N° 7, el Comercial N° 8 y el Comercial N° 25, en el barrio de Almagro.
El Ejecutivo porteño tendrá hasta mañana martes para cumplir con la sentencia y dar una respuesta a las tres mil personas, entre alumnos, docentes y trabajadores que circulan por la institución. Padres, estudiantes e integrantes de la cooperadora desconfían que esto suceda y temen que el Gobierno de la Ciudad apele la medida.
El 2014 no fue un buen año para la comunidad educativa de los tres colegios que funcionan en el establecimiento ubicado en Av. Corrientes 4261, en la Comuna 5. Hacia fines del ciclo lectivo, un ventilador de techo cayó en un aula del primer piso mientras los alumnos del Comercial N° 8 estaban en clase. A causa del impacto, dos estudiantes debieron ser hospitalizados con heridas y cortes en el cuerpo. Unos días después, una docente sufrió un accidente en uno de los ascensores, que debió ser clausurado por los bomberos.
Estos episodios se suman a los ya habituales desde que se inauguró la obra en 2011: inundaciones por fallas en la construcción de los caños pluviales, desprendimiento de las placas del techo flotante, desmoronamiento de puertas, falta de suministro de agua y problemas con el tendido eléctrico.
“Apelar a la Justicia fue la última medida a la que tuvimos que recurrir luego de años de reclamos, notas, reuniones, movilizaciones e incluso la toma del colegio que hicieron los alumnos desde el Centro de Estudiantes”, sostiene a Diario Z Pablo Cesaroni, miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela Normal N° 7 y delegado de Cooperadoras de la Comuna 5, quien junto a otros dos padres presentaron el amparo. “Más allá de lo que suceda, el hecho de que la Justicia haya dictaminado que el reclamo existe y es cierto, es muy importante”, refuerza Cesaroni.
Los tres colegios funcionan en dos edificios: el histórico, con acceso por Av. Corrientes y el nuevo, al que se ingresa por Humahuaca 4206, ambos conectados por el interior.
Los problemas con los edificios datan de hace más de diez años cuando hubo que declarar la emergencia en ambos módulos. Fruto de las movilizaciones de la comunidad educativa, el Gobierno porteño decidió en 2007 restaurar el edificio histórico y hacer una obra completamente nueva en el otro terreno en el plazo de un año.
Finalmente y luego de infinidad de irregularidades, el edificio nuevo fue entregado en 2011. “A meses de inaugurar el espacio tuvimos el primer incidente grave: el desprendimiento de la puerta de entrada que cayó sobre una alumna y la lastimó seriamente”, recuerda Cesaroni y agrega que “Ese mismo año se desprendió seis veces el techo flotante sobre el área que utiliza jardín”.
A partir de ahí los incidentes producto de la obra mal hecha, como se denuncia en el amparo, sucedieron constantemente. “Los estudiantes somos los que más sufrimos estos problemas. Con cada uno de los inconvenientes de infraestructura perdemos días de clase o tenemos que usar espacios alternativos para cursar. Cuando no hay agua también hay que suspender las clases”, sostienen a Diario Z Ita Damian y Bárbara Sotelo, representantes del Centro de Estudiantes del Normal N° 7.
En noviembre de 2014, se reunieron autoridades de las escuelas y de las cooperadoras con Carlos Regazzoni, subsecretario de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos, y Fernando Domínguez, director de Infraestructura, ambos funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad. Regazzoni y Domínguez reconocieron algunos de los problemas estructurales como la falta de calefacción, las irregularidades en el suministro de agua y las fallas en el cableado y tendido eléctrico pero manifestaron que por falta de presupuesto no iban a enfrentar nuevas obras.
“Domínguez, que es el encargado de infraestructura, no vino nunca acá a la escuela. Y el inspector que manda el Gobierno tiene la orden de no hablar con nadie de la comunidad educativa. Es insólito”, concluye Cesaroni.
La Justicia le dio al Gobierno de la Ciudad un plazo de diez días para realizar una auditoría y adoptar las medidas que garanticen condiciones edilicias seguras para el normal desenvolvimiento del dictado de clases en tres colegios: la Escuela Normal N° 7, el Comercial N° 8 y el Comercial N° 25, en el barrio de Almagro.
El Ejecutivo porteño tendrá hasta mañana martes para cumplir con la sentencia y dar una respuesta a las tres mil personas, entre alumnos, docentes y trabajadores que circulan por la institución. Padres, estudiantes e integrantes de la cooperadora desconfían que esto suceda y temen que el Gobierno de la Ciudad apele la medida.
El 2014 no fue un buen año para la comunidad educativa de los tres colegios que funcionan en el establecimiento ubicado en Av. Corrientes 4261, en la Comuna 5. Hacia fines del ciclo lectivo, un ventilador de techo cayó en un aula del primer piso mientras los alumnos del Comercial N° 8 estaban en clase. A causa del impacto, dos estudiantes debieron ser hospitalizados con heridas y cortes en el cuerpo. Unos días después, una docente sufrió un accidente en uno de los ascensores, que debió ser clausurado por los bomberos.
Estos episodios se suman a los ya habituales desde que se inauguró la obra en 2011: inundaciones por fallas en la construcción de los caños pluviales, desprendimiento de las placas del techo flotante, desmoronamiento de puertas, falta de suministro de agua y problemas con el tendido eléctrico.
“Apelar a la Justicia fue la última medida a la que tuvimos que recurrir luego de años de reclamos, notas, reuniones, movilizaciones e incluso la toma del colegio que hicieron los alumnos desde el Centro de Estudiantes”, sostiene a Diario Z Pablo Cesaroni, miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela Normal N° 7 y delegado de Cooperadoras de la Comuna 5, quien junto a otros dos padres presentaron el amparo. “Más allá de lo que suceda, el hecho de que la Justicia haya dictaminado que el reclamo existe y es cierto, es muy importante”, refuerza Cesaroni.
Los tres colegios funcionan en dos edificios: el histórico, con acceso por Av. Corrientes y el nuevo, al que se ingresa por Humahuaca 4206, ambos conectados por el interior.
Los problemas con los edificios datan de hace más de diez años cuando hubo que declarar la emergencia en ambos módulos. Fruto de las movilizaciones de la comunidad educativa, el Gobierno porteño decidió en 2007 restaurar el edificio histórico y hacer una obra completamente nueva en el otro terreno en el plazo de un año.
Finalmente y luego de infinidad de irregularidades, el edificio nuevo fue entregado en 2011. “A meses de inaugurar el espacio tuvimos el primer incidente grave: el desprendimiento de la puerta de entrada que cayó sobre una alumna y la lastimó seriamente”, recuerda Cesaroni y agrega que “Ese mismo año se desprendió seis veces el techo flotante sobre el área que utiliza jardín”.
A partir de ahí los incidentes producto de la obra mal hecha, como se denuncia en el amparo, sucedieron constantemente. “Los estudiantes somos los que más sufrimos estos problemas. Con cada uno de los inconvenientes de infraestructura perdemos días de clase o tenemos que usar espacios alternativos para cursar. Cuando no hay agua también hay que suspender las clases”, sostienen a Diario Z Ita Damian y Bárbara Sotelo, representantes del Centro de Estudiantes del Normal N° 7.
En noviembre de 2014, se reunieron autoridades de las escuelas y de las cooperadoras con Carlos Regazzoni, subsecretario de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos, y Fernando Domínguez, director de Infraestructura, ambos funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad. Regazzoni y Domínguez reconocieron algunos de los problemas estructurales como la falta de calefacción, las irregularidades en el suministro de agua y las fallas en el cableado y tendido eléctrico pero manifestaron que por falta de presupuesto no iban a enfrentar nuevas obras.
“Domínguez, que es el encargado de infraestructura, no vino nunca acá a la escuela. Y el inspector que manda el Gobierno tiene la orden de no hablar con nadie de la comunidad educativa. Es insólito”, concluye Cesaroni.
- SECCIÓN
- Archivo
COMENTARIOS