La urbanización de la villa Rodrigo Bueno llega a la CIDH

Representantes del barrio, el CELS, la Defensoría y la ACIJ se presentarán hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para denunciar al gobierno porteño por las precarias condiciones de vida del lugar.

Luego de la muerte de Gastón, el niño que cayó en un pozo ciego en la Villa Rodrigo Bueno, y recibió asistencia médica a tiempo, la urbanización del barrio quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Un delegado del barrio se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington para exponer sobre la vulnerabilidad de las 3600 personas que habitan ese asentamiento.

La audiencia titulada “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”. Allí, expondrá un representante de la Villa Rodrigo Bueno, acompañado por la Defensoría General, el CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

"La muerte de Gastón no fue un accidente, sino que se vincula directamente con la falta de obras públicas, la prohibición para el ingreso de materiales y el reciente rechazo por parte de la Sala II de la Cámara del derecho a la urbanización y a la integración social y urbana de los vecinos del barrio, desconociendo el contenido que la Constitución local brinda al derecho al hábitat adecuado y a una vivienda digna", indicaron en la ACIJ.

Mientras tanto, el TSJ porteño deberá resolver si hace lugar al pedido de los vecinos para que la villa se urbanice o si, en cambio, avala la postura del gobierno porteño, que rechaza la urbanización.

La causa había sido iniciada hace seis años con un amparo de los vecinos del barrio. En un fallo de primera instancia, la jueza Elena Liberatori había ordenado que el asentamiento fuera incorporado al Programa de Radicación e Integración de Villas.

El gobierno porteño apeló y la causa recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones. En octubre de 2014, en un fallo dividido, la Sala revocó la resolución que ordenaba al gobierno porteño urbanizar el barrio Rodrigo Bueno. El dictamen de la mayoría sostuvo que estas medidas no deben ser dispuestas por el Poder Judicial. En los fundamentos, se preguntaban si el “derecho a una vivienda digna no quedaría debidamente tutelado a través de un subsidio habitacional”. Y afirmaban que “no existe una obligación legal o constitucional” del gobierno que “habilite a la justicia” a ordenar la urbanización.