Suspenden desalojo en Boedo

La Justicia porteña decidió suspender el desalojo de 37 familias previsto para hoy al mañana, debido a la protesta realizada por vecinos, militantes y legisladores que están a la espera de la apertura de un canal de diálogo con las autoridades porteñas.

Desde hace 25 años, 37 familias viven en una casona del barrio porteño de Boedo. Esta mañana el Gobierno porteño tenía previsto realizar el desalojo de las mismas. Los damnifiados fueron acompañados por vecinos, militantes y legisladores y gracias a la resistencia ejercida la Justicia suspendió la medida de fuerza planteada por el Ejecutivo porteño.

El delegado de los habitantes del inmueble ubicado en avenida Pavón al 4100, Luis Roldán, luego de negociar con un oficial de justicia dijo: "Se suspendió -el desalojo- gracias a la lucha, agradecemos su presencia".

El procedimiento judicial estaba pautado para hoy a las 8, pero hubo una gran resistencia que comenzó ayer con una vigilia y continuó esta mañana en la calle con más de 100 personas acompañando el reclamo, entre ellos los legisladores Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli y Paula Penacca.

"Se suspendió el desalojo por hoy, ahora se abre una instancia de diálogo", indicó a Télam el legislador Campagnoli.

Explicó que espera que el juez convoque a la Asesoría Tutelar y la Defensoría General de la Nación "para llegar a dar una respuesta a estas familias que hoy no tienen un techo asegurado, que hace 25 años viven acá y cuya solución no puede ser un desalojo sino una vivienda digna".

“De acá no nos vamos a ir. Somos 37 familias que llegamos acá con el boca a boca. Yo vivía con mi madre y seis hermanos y pagábamos un alquiler hasta que no pudimos pagarlo más y llegamos a este lugar hace 25 años", había dicho Roldán más temprano a Télam. Explicó que desde 1984 acudió en varias oportunidades al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), pero jamás tuvo una respuesta.

En ese sentido, manifestó que los vecinos reclaman "que alguien se haga cargo de las 37 familias y 70 chicos que pueden quedar en la calle" y ratificó que el gobierno porteño lo único que les ofreció fue "un subsidio de 1.800 pesos", pero "con esa plata nadie vive en ningún lado". "Acá nos quedaremos resistiendo porque no tenemos donde ir", advirtió.

Por su parte, Pokoik indicó a esta agencia que se vivieron "horas de mucha incertidumbre, de angustia y desesperación porque estas familias no tienen otra opción o alternativas habitacionales". Manifestó que los legisladores propusieron "construir una mesa de diálogo que ayude a generar las condiciones necesarias para que estas familias se puedan ir a una vivienda y no a la calle".

De esta manera, pidió a las autoridades porteñas que "se comprometan a hacer el mayor de los esfuerzos para que estas familias se puedan ir de esta propiedad de forma pacífica y con un techo garantizado".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de "Amicus Curiae" (amigo del Tribunal) a la causa.

Roldán explicó que la casona en cuestión fue ocupada por más de 100 personas sin techo después de permanecer algún tiempo vacía tras el cierre de un colegio de la colectividad judía que funcionaba allí.

Y si bien hasta el 2001 no recibieron reclamos de los propietarios del lugar, ese año los nuevos dueños iniciaron una causa por desalojo que ya produjo distintas órdenes de desocupación que fueron oportunamente frenadas por recursos de amparos.

La orden de desalojo había sido dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria.