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- 09.02.2015
El 80% de los remises de la Ciudad son ilegales
Un relevamiento realizado por el gobierno porteño demostró que de 393 agencias de remises controladas en 41 barrios, sólo 88 estaban en regla y de las 305 restantes (78%) 192 eran ilegales y 113 tenían problemas con la habilitación.
Del informe presentado por la Subsecretaría de Transporte se desprende que las remiserías ilegales "suelen no estar aseguradas y sus autos no pasan ningún tipo de control ya sea de documentación o técnico, por lo que ante cualquier inconveniente el ciudadano no tiene forma de hacer valer sus derechos".
Según Alberto Coppari, presidente de la Cámara Argentina de Agencias de Remises (CAAR), esta situación se genera "por la falta de control suficiente del propio gobierno porteño, ya que muchas agencias ilegales no se ponen en regla porque saben que nadie las controla y no tienen sanciones".
En diálogo con Agencia Télam, Coppari precisó que “muchos de los propietarios de estas agencias ni registran la totalidad de automóviles que poseen -con la consecuente irregularidad en verificar sus condiciones técnicas- para no pagar ningún tributo por ello, ya que saben que los controles son muy flojos".
En esa línea, el titular de CAAR aportó más datos que revelan la falta de relación entre automóviles registrados y agencias habilitadas. "El gobierno de la Ciudad emitió 1738 licencias para habilitar agencias y hay registrados oficialmente 2.574 autos como remís, entonces los números no cierran, ya que uno de los requisitos para habilitar una agencia es que tenga un mínimo de cinco automóviles en la calle", precisó el dirigente.
Una de las características de estas agencias ilegales es la informalidad con autos viejos y lugares que funcionan con menos de los cinco vehículos que se piden como mínimo para la habilitación.
"Hay mucha irresponsabilidad en los controles, el gobierno de la Ciudad terceriza el servicio a través de la empresa SACTA, que tiene la concesión vencida desde hace más de diez años y debería controlar no sólo los remises, sino los fletes y el transporte escolar, pero no verifica nada", aseguró Coppari.
Indicó que debería haber "un trabajo coordinado entre la Ciudad, la AFIP, la secretaría de trabajo porque existe mucha evasión tributaria y empleados no declarados, al margen de que los automóviles no poseen las condiciones necesarias para circular".
Puntualizó sin embargo que existe un convenio colectivo de trabajo desde junio del año pasado para todo el sector que regula esta actividad "pero que hace pocos meses esta vigente".
Del informe presentado por la Subsecretaría de Transporte se desprende que las remiserías ilegales "suelen no estar aseguradas y sus autos no pasan ningún tipo de control ya sea de documentación o técnico, por lo que ante cualquier inconveniente el ciudadano no tiene forma de hacer valer sus derechos".
Según Alberto Coppari, presidente de la Cámara Argentina de Agencias de Remises (CAAR), esta situación se genera "por la falta de control suficiente del propio gobierno porteño, ya que muchas agencias ilegales no se ponen en regla porque saben que nadie las controla y no tienen sanciones".
En diálogo con Agencia Télam, Coppari precisó que “muchos de los propietarios de estas agencias ni registran la totalidad de automóviles que poseen -con la consecuente irregularidad en verificar sus condiciones técnicas- para no pagar ningún tributo por ello, ya que saben que los controles son muy flojos".
En esa línea, el titular de CAAR aportó más datos que revelan la falta de relación entre automóviles registrados y agencias habilitadas. "El gobierno de la Ciudad emitió 1738 licencias para habilitar agencias y hay registrados oficialmente 2.574 autos como remís, entonces los números no cierran, ya que uno de los requisitos para habilitar una agencia es que tenga un mínimo de cinco automóviles en la calle", precisó el dirigente.
Una de las características de estas agencias ilegales es la informalidad con autos viejos y lugares que funcionan con menos de los cinco vehículos que se piden como mínimo para la habilitación.
"Hay mucha irresponsabilidad en los controles, el gobierno de la Ciudad terceriza el servicio a través de la empresa SACTA, que tiene la concesión vencida desde hace más de diez años y debería controlar no sólo los remises, sino los fletes y el transporte escolar, pero no verifica nada", aseguró Coppari.
Indicó que debería haber "un trabajo coordinado entre la Ciudad, la AFIP, la secretaría de trabajo porque existe mucha evasión tributaria y empleados no declarados, al margen de que los automóviles no poseen las condiciones necesarias para circular".
Puntualizó sin embargo que existe un convenio colectivo de trabajo desde junio del año pasado para todo el sector que regula esta actividad "pero que hace pocos meses esta vigente".
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