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- 08.01.2015
Acarreo de vehículos: presentan un amparo para frenar la medida
A raíz del aumento en el costo de acarreo de vehículos se desató la polémica. Desde el PRO defendieron los contratos con las empresas concesionarias pero ahora, desde la oposición presentaron un recurso de amparo para frenar la medida.
El lunes pasado comenzó a regir un aumento en el costo por el acarreo de vehículos mal estacionados. Las tarifas estipuladas por el gobierno porteño se elevarán de 450 a 580 el costo (ver nota aparte). Desde distintos sectores las repercusiones no tardaron en llegar.
El legislador Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó ayer un recurso de amparo para frenar la medida que rige desde el lunes y una medida cautelar. En el escrito, solicita que “cautelarmente” se deje sin efecto la resolución “a los fines de evitar la aplicación del aumento en las tarifas de acarreo” hasta tanto la justicia se expida “sobre el fondo de la cuestión”. La causa quedó en el juzgado Contencioso Administrativo N° 24, a cargo de Darío Reynoso.
Uno de los ejes de la polémica tiene que ver con que el dinero recaudado no irá a las arcas de la Ciudad sino a las de las empresas que brindan el servicio, Dakota/STO y BRD/SEC, cuyos contratos –firmados en los años 90– vencieron en 2001. Desde entonces, fueron prorrogados sucesivamente por los gobiernos de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri. Por eso, ante las repercusiones, desde el PRO justificaron los polémicos contratos asegurando que era algo pendiente desde 2001 (ver nota aparte).
Por otro lado, Héctor Polino, ex diputado socialista y titular de Consumidores Libres, adelantó que esa organización también hará una presentación judicial. El ex diputado socialista señaló que pasada la feria judicial cuestionará la legalidad en el nuevo aumento del servicio de grúas que, según señala, apela a un criterio de “doble sanción” por la aplicación simultánea de una multa por mal estacionamiento y otra por el costo del acarreo.
El lunes pasado comenzó a regir un aumento en el costo por el acarreo de vehículos mal estacionados. Las tarifas estipuladas por el gobierno porteño se elevarán de 450 a 580 el costo (ver nota aparte). Desde distintos sectores las repercusiones no tardaron en llegar.
El legislador Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó ayer un recurso de amparo para frenar la medida que rige desde el lunes y una medida cautelar. En el escrito, solicita que “cautelarmente” se deje sin efecto la resolución “a los fines de evitar la aplicación del aumento en las tarifas de acarreo” hasta tanto la justicia se expida “sobre el fondo de la cuestión”. La causa quedó en el juzgado Contencioso Administrativo N° 24, a cargo de Darío Reynoso.
Uno de los ejes de la polémica tiene que ver con que el dinero recaudado no irá a las arcas de la Ciudad sino a las de las empresas que brindan el servicio, Dakota/STO y BRD/SEC, cuyos contratos –firmados en los años 90– vencieron en 2001. Desde entonces, fueron prorrogados sucesivamente por los gobiernos de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri. Por eso, ante las repercusiones, desde el PRO justificaron los polémicos contratos asegurando que era algo pendiente desde 2001 (ver nota aparte).
Por otro lado, Héctor Polino, ex diputado socialista y titular de Consumidores Libres, adelantó que esa organización también hará una presentación judicial. El ex diputado socialista señaló que pasada la feria judicial cuestionará la legalidad en el nuevo aumento del servicio de grúas que, según señala, apela a un criterio de “doble sanción” por la aplicación simultánea de una multa por mal estacionamiento y otra por el costo del acarreo.
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