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- 21.11.2014
Bajo secreto de sumario desalojan a 20 familias
Pese a estar pagando un alquiler durante más de 16 años, las familias fueron desalojadas ayer sin previo aviso. La Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) denunció que “el procedimiento tuvo muchas irregularidades”.
Ayer por la mañana, la Policía Metropolitana llegó sin previo aviso y con una orden directa del Gobierno porteño de desalojar a las 20 familias que vivían en Hipólito Yrigoyen 1316 en el barrio Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Abasto, integrante de CIBA, habló con Nueva Ciudad y denunció: “hubo muchas irregularidades en el procedimiento, por ejemplo, se utiliza la figura de usurpación para desalojar donde hay inquilinato, habían familias que pagaban desde hace 16 a 18 años”.
La causa se resolvió en un Juzgado Penal Contravensional, CIBA indica que este tipo de causas deberían resolverse en un Juzgado Civil ordinario bajo la definición de inquilinato. También, aseguran que la mayoría de los juicios se resuelven en ese foro y que es una “interpretación muy particular” la que hace la justicia porteña. “Se ha dejado de utilizar el juicio civil que garantiza una defensa a la familia y un tiempo para prepararse, con el juicio penal los desalojos son brusco,las familias se exponen a la violencia”, explicaron desde CIBA.
Otra irregularidad denunciada por CIBA es que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires actúa con expediente bajo secreto de sumario y llevan a cabo un desalojo sin ningún tipo de aviso. Una de las consecuencias de esta decisión es que las familias pierden todo tipo de defensa frente al desalojo sorpresivo. “Para el Gobierno porteño la propiedad privada está por encima de cualquier otro derecho”, aseguró Abasto.
Las familias desalojadas sólo recibieron un monto de 3600 pesos para relocalizarse. El subsidio por desalojo consta de 1800 pesos, por medio de la presión ejercida por CIBA se consiguieron para los vecinos dos cuotas juntas. Lo que ocurre es que una vez obtenido el subsidio no perdura en el tiempo. Uno de los requisitos que pide el Gobierno porteño es el de “formalidad”, estoy implica por ejemplo que las familias deben presentar garantías de alquiler.
CIBA denuncia que los grupos familiares que desalojaron están condenados al “mercado ilegal”, por no contar con garantías ni recibos de sueldo. Es por eso que al momento de presentar los requisitos para el subsidio no pueden cumplir con el de “formalidad” y dejan de cobrarlo. Hoy 20 familias afrontan la tarea de encontrar otra vivienda con tan sólo 3600 pesos.
Ayer por la mañana, la Policía Metropolitana llegó sin previo aviso y con una orden directa del Gobierno porteño de desalojar a las 20 familias que vivían en Hipólito Yrigoyen 1316 en el barrio Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Abasto, integrante de CIBA, habló con Nueva Ciudad y denunció: “hubo muchas irregularidades en el procedimiento, por ejemplo, se utiliza la figura de usurpación para desalojar donde hay inquilinato, habían familias que pagaban desde hace 16 a 18 años”.
La causa se resolvió en un Juzgado Penal Contravensional, CIBA indica que este tipo de causas deberían resolverse en un Juzgado Civil ordinario bajo la definición de inquilinato. También, aseguran que la mayoría de los juicios se resuelven en ese foro y que es una “interpretación muy particular” la que hace la justicia porteña. “Se ha dejado de utilizar el juicio civil que garantiza una defensa a la familia y un tiempo para prepararse, con el juicio penal los desalojos son brusco,las familias se exponen a la violencia”, explicaron desde CIBA.
Otra irregularidad denunciada por CIBA es que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires actúa con expediente bajo secreto de sumario y llevan a cabo un desalojo sin ningún tipo de aviso. Una de las consecuencias de esta decisión es que las familias pierden todo tipo de defensa frente al desalojo sorpresivo. “Para el Gobierno porteño la propiedad privada está por encima de cualquier otro derecho”, aseguró Abasto.
Las familias desalojadas sólo recibieron un monto de 3600 pesos para relocalizarse. El subsidio por desalojo consta de 1800 pesos, por medio de la presión ejercida por CIBA se consiguieron para los vecinos dos cuotas juntas. Lo que ocurre es que una vez obtenido el subsidio no perdura en el tiempo. Uno de los requisitos que pide el Gobierno porteño es el de “formalidad”, estoy implica por ejemplo que las familias deben presentar garantías de alquiler.
CIBA denuncia que los grupos familiares que desalojaron están condenados al “mercado ilegal”, por no contar con garantías ni recibos de sueldo. Es por eso que al momento de presentar los requisitos para el subsidio no pueden cumplir con el de “formalidad” y dejan de cobrarlo. Hoy 20 familias afrontan la tarea de encontrar otra vivienda con tan sólo 3600 pesos.
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