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- 12.11.2014
Impugnan licitación millonaria para que una privada audite el servicio de higiene urbana de la Ciudad
“Paradójicamente, el Gobierno de Mauricio Macri elige empresas privadas para controlar otras empresas privadas que deben prestar ni más ni menos que el Servicio Público de Higiene Urbana”, aseguró el abogado Fernando Barrera en referencia a la licitación 1324 de 2014. Casi 473 millones de pesos para que una empresa privada audite un servicio público, cuando al ente regulador estatal se le destinaran (durante 2015) 183 millones para controlar trece.
Fernando Barrera y Julio Raffo son vocales en el directorio del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (ERSP) de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos presentaron el pasado 6 de noviembre una impugnación a la licitación que tiene como objeto entregarle a empresas privadas la auditoría y control del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU). La presentación se hizo al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Además de la inconstitucionalidad, la licitación presenta irregularidades en los costos. Según Barrera, en diálogo con Nueva Ciudad, de hecho “la licitación del SPHU, es el contrato más importante de la Ciudad con un costo para los porteños de $29.650 millones de pesos”.
El vocal entrevístado agregó: “Nosotros entendemos que esa licitación es innecesaria considerando que hay un órgano constitucional que cumple hoy esa función controlando el funcionamiento operativo de las empresas que llevan a cabo el servicio de higiene”.
Y detalló: “Delegar en un privado el control de los servicios públicos afectando el control que hace el organismo para nosotros es inconstitucional y por eso estamos pidiendo la suspensión del proceso licitatorio”.
La inconstitucionalidad a la que hace referencia Raffo y Barrera en la impugnación radica en los artículos 138 y 139 de la Constitución de la Ciudad. Allí se define el funcionamiento del ERSP, órgano independiente y autárquico que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo y cuya función es ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores. Este ente está constituido por un directorio designado por la Legislatura, garantizando la pluralidad de la representación parlamentaria.
Por su parte, el pliego asigna las siguientes tareas de control a las empresas privadas: Auditoría de la correcta prestación del servicio público de higiene urbana, controlar la calidad del servicio mediante la aplicación de índices, controlar el cumplimiento de los compromisos cuantitativos contractuales de los contratistas referentes a los recursos y frecuencias. Por último, la elaboración de informes periódicos sobre los resultados de las auditorias y los controles de calidad, de los índices aplicados, análisis de las deficiencias detectadas, y en su caso, de propuestas para solucionarlas.
En un informe publicado en la Fábrica Porteña, Barrera explica que “estas funciones se superponen en su totalidad con las funciones del ERSP”. En aquellos casos que empresas privadas brinden servicios públicos es necesario controlar desde el Estado. En este caso, la Constitución de la Ciudad indica al ERSP como órgano de auditoria y control. Por ello, Barrera denunció: “Intentar generar mecanismos alternativos delegando responsabilidades primarias del Estado a manos de privados supone un grave perjuicio para todos los ciudadanos de Buenos Aires”.
En el informe de Barrera, tal como se explicó más arriba, detalla que el Poder Ejecutivo le asigna a las empresas privadas $472.890.000 por 4 años (aprox. $ 119.000.000/año), ajustable en función de los costos, para gestionar un solo servicio. Mientras que en el Presupuesto 2015 “al Ente Regulador de la Ciudad, tan solo $183 millones que deberán ser repartidos para el control de los 14 servicios públicos que establece la Ley 210”. Alguno de esos servicios públicos son: transporte, subte, alumbrado público, AUSA, estacionamiento medido, entre otros.
Barrera concluyó: “Las funciones de control debe ejercerla el ente regulador. El control debe estar en manos de un órgano del Estado y con representación parlamentaria que garantice los derechos de los consumidores y usuarios. El Ente controla 13 servicios más, sería más barato y ajustado al orden constitucional, concentrar el control en un organismo especializado como lo es el ERSP, garantizando transparencia en el control y eficiencia en los servicios”.
Fernando Barrera y Julio Raffo son vocales en el directorio del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (ERSP) de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos presentaron el pasado 6 de noviembre una impugnación a la licitación que tiene como objeto entregarle a empresas privadas la auditoría y control del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU). La presentación se hizo al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Además de la inconstitucionalidad, la licitación presenta irregularidades en los costos. Según Barrera, en diálogo con Nueva Ciudad, de hecho “la licitación del SPHU, es el contrato más importante de la Ciudad con un costo para los porteños de $29.650 millones de pesos”.
El vocal entrevístado agregó: “Nosotros entendemos que esa licitación es innecesaria considerando que hay un órgano constitucional que cumple hoy esa función controlando el funcionamiento operativo de las empresas que llevan a cabo el servicio de higiene”.
Y detalló: “Delegar en un privado el control de los servicios públicos afectando el control que hace el organismo para nosotros es inconstitucional y por eso estamos pidiendo la suspensión del proceso licitatorio”.
La inconstitucionalidad a la que hace referencia Raffo y Barrera en la impugnación radica en los artículos 138 y 139 de la Constitución de la Ciudad. Allí se define el funcionamiento del ERSP, órgano independiente y autárquico que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo y cuya función es ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores. Este ente está constituido por un directorio designado por la Legislatura, garantizando la pluralidad de la representación parlamentaria.
Por su parte, el pliego asigna las siguientes tareas de control a las empresas privadas: Auditoría de la correcta prestación del servicio público de higiene urbana, controlar la calidad del servicio mediante la aplicación de índices, controlar el cumplimiento de los compromisos cuantitativos contractuales de los contratistas referentes a los recursos y frecuencias. Por último, la elaboración de informes periódicos sobre los resultados de las auditorias y los controles de calidad, de los índices aplicados, análisis de las deficiencias detectadas, y en su caso, de propuestas para solucionarlas.
En un informe publicado en la Fábrica Porteña, Barrera explica que “estas funciones se superponen en su totalidad con las funciones del ERSP”. En aquellos casos que empresas privadas brinden servicios públicos es necesario controlar desde el Estado. En este caso, la Constitución de la Ciudad indica al ERSP como órgano de auditoria y control. Por ello, Barrera denunció: “Intentar generar mecanismos alternativos delegando responsabilidades primarias del Estado a manos de privados supone un grave perjuicio para todos los ciudadanos de Buenos Aires”.
En el informe de Barrera, tal como se explicó más arriba, detalla que el Poder Ejecutivo le asigna a las empresas privadas $472.890.000 por 4 años (aprox. $ 119.000.000/año), ajustable en función de los costos, para gestionar un solo servicio. Mientras que en el Presupuesto 2015 “al Ente Regulador de la Ciudad, tan solo $183 millones que deberán ser repartidos para el control de los 14 servicios públicos que establece la Ley 210”. Alguno de esos servicios públicos son: transporte, subte, alumbrado público, AUSA, estacionamiento medido, entre otros.
Barrera concluyó: “Las funciones de control debe ejercerla el ente regulador. El control debe estar en manos de un órgano del Estado y con representación parlamentaria que garantice los derechos de los consumidores y usuarios. El Ente controla 13 servicios más, sería más barato y ajustado al orden constitucional, concentrar el control en un organismo especializado como lo es el ERSP, garantizando transparencia en el control y eficiencia en los servicios”.
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