Peligra la realización de la Marcha del Orgullo LGBTIQ

Desde la Comisión Organizadora temen no poder realizar la 23° Marcha del Orgullo LGBTIQ prevista para el 15 de noviembre, ya que no consideran que estén dadas las condiciones para ejercer la libertad de expresión y el Gobierno porteño no se hace cargo de la seguridad del encuentro.

En un comunicado que difundieron el pasado 6 de noviembre, la Comisión Organizadora de la XXIII Marcha del Orgullo LGTBIQ denunció: “De manera abiertamente inconstitucional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene delegando por resolución, el deber de seguridad sobre la ciudadanía en general, en las organizaciones sociales y políticas al momento de otorgar permisos para actos de interés general o actos políticos en el espacio público, igualándolos a eventos con fines particulares o de lucro en espacios concesionados o privados”.

En sus palabras la comisión advierte a las demás organizaciones sociales y políticas sobre el “peligroso condicionamiento a la libertad de expresión” y el “peligro de quiebra patrimonial de las organizaciones” que trae esta decisión del Gobierno porteño. La justicia acompaña la política adoptada por el Ejecutivo a través de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en su fallo en la causa “Arregui Diego Maximiliano c/ Estado Nacional -PFA y otros s/ daños y perjuicios”. La misma pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja y se espera que resuelvan su tratamiento o rechazo.

“El amedrentador fallo ha sentenciando a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a cubrir daños por 470.000 pesos a un transeúnte, por un delito común ocurrido en la vereda de la plaza donde desarrollaba un acto, diciendo que la organización “omitió su deber de seguridad al no ejercer el poder de policía que le delegó el Gobierno CABA” a fin de prevenir lo ocurrido”, indicaron en el comunicado.

Lo que deja claro el colectivo de LGBTIQ es que esta resolución les implica un gran gasto económico ya que se debe contratar el servicio de seguridad para suplir a La Policía y seguros de “miles de pesos”, lo que podría implicar la “quiebra económica” de las organizaciones sin fines de lucro. Y podrán ejercer la libertad de expresión en la vía pública solo quienes tengan la capacidad económica.

“Peligra sin dudas la continuidad de la organización de las marchas del orgullo LGTBIQ, uno de los actos democráticos más grandes del país”, finalizaron.