La seguridad en hospitales de la Ciudad

Ante la situación que atraviesan los trabajadores de la salud, La Fábrica Porteña, una usina de ideas, analiza y explica la enfermedad que padece nuestro sistema de salud pública.

El informe explica que la violencia e inseguridad son el síntoma de una enfermedad que tiene dos aristas. Por un lado, el colapso del sistema de salud pública y, por otro, la falta de estrategias efectivas para detener la inseguridad en los nosocomios.

En lo que respecta al colapso del sistema público, la falta de insumos y de personal sanitario “sólo podemos remitirnos a su falta de jerarquización por parte del gobierno porteño”. El informe plantea, también, que “la solución es de tipo estructural y depende de la intervención de la autoridad sanitaria para proveer los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de los centros asistenciales”.
También suma la necesidad de elaborar e implementar “normas y procesos de recepción, evaluación, derivación y atención de la demanda sobre todo en guardias que hagan más amigables y resolutivas estas instancias”.

Al respecto de los profesionales de la salud, no existen capacitaciones sobre las problemáticas de la actualidad, ni espacio de reflexión para que puedan pensar su práctica y ser contenidos. No existen dispositivos para “cuidar a las personas que cuidan”, lo que lleva a los trabajadores a tener un alto grado de estrés laboral. Según el informe, “todas estas circunstancias, inciden en las condiciones en las que los profesionales deben dirigirse hacia la comunidad”.

Por otra parte, frente a estos conflictos que se presentan en los hospitales porteños, el Ministro Montenegro y la Ministra Reybaud publicitaron la puesta en marcha de protocolos de seguridad para los hospitales. Pero las “Órdenes de Servicio para hospitales públicos de la Ciudad” no son más que guías macro para el accionar de empresas de vigilancia privada en los nosocomios porteños.

El informe analiza las 33 órdenes adoptadas por la Disposición N° 106-DGCYSB/14 en el que se encuentran detalles de los “estándares de actuación que se esperan para abordar los conflictos que suscitan permanentemente reclamos por parte de los profesionales de la salud”. Sin embargo, no se acerca las complejidades específicas de los nosocomios. De lo que dan cuenta es de las actividades que debería realizar un custodio contratado en los diferentes hospitales de la Ciudad.

El informe asegura: “Todas –las órdenes- tienen una estructura similar: primero se describen los objetivos generales vinculados a la custodia de bienes e inmuebles, luego los vinculados a la custodia de hospitales en tanto categoría edilicia y, finalmente, indicaciones puntuales para los vigiladores en caso de ocurrencia de diversas contingencias y sobre el control de ingreso”.

Y agrega: “En lo que refiere a cada hospital en particular, se describe su ubicación geográfica, su estructura arquitectónica, el tránsito diario de pacientes y los lugares seleccionados para instalar custodios. Cada una de las instituciones tiene asignada una cantidad determinada de puestos de vigilancia con diversos turnos, para los cuales existen directivas específicas. No obstante, y a pesar de los antecedentes variados y particularidades con los que cuentan los distintos espacios, no hay una diferenciación específica vinculada a cada hospital o características del puesto de vigilancia, sino que para todos aquellos casos en los que se dispone la existencia de, por ejemplo, un ´vigilante en el puesto de neonatología´ las directivas son las mismas independientemente de la institución y lugar en que se encuentre”.

Para la realización de éstas órdenes se omitió consultar registros de satisfacción de los usuarios, o relevamientos o participación de los mismos para que den cuenta de las problemáticas que deberían atenderse. No se consultó a los consejos locales de salud, establecidos por las leyes 153 y 2132 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas consultas hubieran permitido un análisis tripartito: funcionarios, efectores de salud y la comunidad.

Más allá de las órdenes, el informe plantea distintos aspectos a mejorar. El primero está relacionado con la “insuficiencia y falta de planificación estratégica de los objetivos que son cubiertos por los vigiladores”. Como ejemplos de que el recurso de asignación de custodios es insuficeinte, el informe, nombra a los hospitales Quinquela Martín, IREP, Luis Pasteur, José Dueñas y Municipal de Quemados que tienen asignado sólo un puesto de custodia para toda la institución.

La otra cara de la moneda, son aquellos nosocomios que cuentan con más recursos privados de seguridad, pero se cuestiona la distribución de los lugares de vigilancia fijados en las órdenes de servicio. Un ejemplo es el hospital Álvarez en el que se definen como lugares conflictivos que tienen custodios permanentes: el estacionamiento, el ingreso de la guardia, el puesto de guardia, la maternidad y neonatología. Más allá de estos 5 puestos fijos, el protocolo adjudica una custodia para el hall central los días de semana.

Si bien son puntos necesitados de custodia, quedan por fuera de este servicio otros espacios con igual necesidad. Según el informe, uno de ellos es el pabellón “J”, “donde están los consultorios externos, que por su alta afluencia y localización alejada amerita ser considerado como punto de resguardo que permitiría distribuir el personal de seguridad por el conjunto de los amplios espacios que configuran al establecimiento”.

El segundo punto débil de la seguridad en los hospitales es “las deficiencias de las medidas adoptadas para el control de ingresos”. Según las órdenes de seguridad, el control de ingresos “se realiza de manera visual sobre todas las personas que ingresan al lugar observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que puedan contener elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos de carácter delictivos”.

Si se tiene en cuenta la cantidad de gente que ingresa y egresa de los nosocomios es imposible que un vigilador pueda revisar los bolsos o cajas que portan en su totalidad. En el mismo sentido, sin pautas específicas se puede caer en la discriminación por “portación de cara”. Teniendo los trabajadores de seguridad que decidir a quien si y a quien no revisar, “la elección estará mediada por prejuicios vinculados a la vestimenta, el aspecto físico o algún otro rasgo particular del individuo, reproduciendo una lógica perversa de estigmatización de la persona y no de la acción”.

Por este motivo, el informe propone reforzar la presencia de estas custodias en los ingresos, para que funcionen en duplas y, a su vez, “complementar las funciones de los vigiladores desplegados en los ingresos/egresos para que cuenten con el apoyo de otros profesionales del sector que puedan colaborar en el buen trato, orientación y control de las personas que se acercan a los centros sanitarios”.

Un tercer motivo, que elabora el informe es “la omisión de mecanismos para articular la función de los vigiladores con las Fuerzas de Seguridad pública que funcionan en el distrito cuando se le da ingreso y se custodia a un paciente que se encuentra detenido”.

Si bien los encargados de la seguridad notifican a las autoridades policiales, no se sabe si existe comunicación directa entre el “referente operativo” del nosocomio y el o los efectivos policiales que actúen como custodia. En ese sentido, el informe propone que “una comunicación intermediada puede ser ineficiente para prevenir disturbios cuando se da ingreso, para custodiar al paciente e incluso ante un hipotético intento de fuga del detenido que está siendo atendido por el personal de salud”.

En cuarto lugar, el informe resalta que ninguna de las órdenes de servicio existen “protocolos a seguir en casos en los que se afecte a población vulnerable, como podrían ser episodios de violencia de género, situaciones conflictivas que involucren niños y niñas o aquellas en las que participen pacientes con padecimiento mental”. Desde La Fábrica Porteña entienden que estos casos presentan determinadas particularidades que ameritan de un apartado específico para atender la sensibilidad de los colectivos involucrados. Esta ausencia es por de más llamativa, sobretodo, en los hospitales de salud mental, en los hospitales de niños y en aquellos que cuentan con servicios específicos de atención de víctimas de violencia.

Por último, el informe presenta un relevamiento en el que detectan que en el primer semestre de 2014 “ los gastos incurridos en seguridad privada prestada para la custodia de edificios y dependencias de todas las áreas del GCBA ascienden, a la suma de $ 336.279.347”.

En este sentido, el informe plantea: “el asunto no pasa únicamente por el hecho de saber si lo pagado a las empresas podría reducirse, sino preguntarse también en qué medida estos gastos no podrían ser invertidos en el sistema de seguridad pública”. La cuestión central, que plantea la Fábrica Porteña es saber si el gobierno de la Ciudad ha diseñado un plan mediante el cual se reemplaza de forma paulatina la custodia privada por la de la Policía Metropolitana, destinando fondos a la formación de nuevos agentes y en programas específicos de prevención de las violencias.

En este sentido el informe propone que “se podría acumular la experiencia para que los agentes que brinden servicios de seguridad en lugares públicos tan sensibles como los centros de salud cuenten con una formación específica que les permita dar cuenta de las conflictividades particulares que allí se generan”.