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- 12.09.2014
Proponen transferir delitos penales a la Justicia de la Ciudad
Se trata de 27 delitos penales en los que resaltan por su importancia los actos de corrupción y de discriminación y la comercialización y el suministro de drogas.
La diputada por el Frente para la Victoria (FpV), María Rosa Muiños presentó este jueves un proyecto de ley para transferir al poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 27 delitos y contravenciones cometidos dentro de la Ciudad, entre los que resaltan los actos de corrupción y discriminación y la comercialización y el suministro de drogas.
Haciendo hincapié en que la Ciudad cuenta con una Justicia ágil y moderna, sostuvo que “no podemos esperar más tiempo para concretar este traspaso”, además, puntualizó: "Si se aprueba este proyecto de ley, los 31 jueces y 40 fiscales que conforman la Justicia penal local investigarán, por ejemplo, a los inspectores que habilitan lugares que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas; o a los funcionarios imputados por malversación de caudales públicos que provocan la pérdida de recursos cuyo destino podría ser la construcción de viviendas, hospitales o escuelas. Es lógico que sean nuestros jueces y magistrados los que investiguen y juzguen estas conductas”.
Respecto a la comercialización y suministro de drogas, la legisladora del FpV aclaró, por un lado, que "la organización de actividades destinadas al tráfico de drogas queda en la esfera de la Justicia Federal"; y, por otro, que "el Estado debe trabajar para combatir a los narcotraficantes, pero también garantizar la prevención de las adicciones a través de la inclusión social, con más trabajo y más educación; y controlar que en los lugares de atención se respeten los derechos humanos y se provea el correcto tratamiento a las personas que padecen este flagelo".
La legisladora afirma que la Ciudad está dispuesta y capacitada para asumir las responsabilidades del traspaso ya que “previó en su Constitución la conformación de un Poder Judicial local integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales y el Ministerio Público; y, desde la Legislatura, ya se ha aprobado la ampliación de la estructura funcional de nuestros tribunales, fiscalías, defensorías y asesorías tutelares, que hoy están operando”.
La diputada por el Frente para la Victoria (FpV), María Rosa Muiños presentó este jueves un proyecto de ley para transferir al poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 27 delitos y contravenciones cometidos dentro de la Ciudad, entre los que resaltan los actos de corrupción y discriminación y la comercialización y el suministro de drogas.
Haciendo hincapié en que la Ciudad cuenta con una Justicia ágil y moderna, sostuvo que “no podemos esperar más tiempo para concretar este traspaso”, además, puntualizó: "Si se aprueba este proyecto de ley, los 31 jueces y 40 fiscales que conforman la Justicia penal local investigarán, por ejemplo, a los inspectores que habilitan lugares que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas; o a los funcionarios imputados por malversación de caudales públicos que provocan la pérdida de recursos cuyo destino podría ser la construcción de viviendas, hospitales o escuelas. Es lógico que sean nuestros jueces y magistrados los que investiguen y juzguen estas conductas”.
Respecto a la comercialización y suministro de drogas, la legisladora del FpV aclaró, por un lado, que "la organización de actividades destinadas al tráfico de drogas queda en la esfera de la Justicia Federal"; y, por otro, que "el Estado debe trabajar para combatir a los narcotraficantes, pero también garantizar la prevención de las adicciones a través de la inclusión social, con más trabajo y más educación; y controlar que en los lugares de atención se respeten los derechos humanos y se provea el correcto tratamiento a las personas que padecen este flagelo".
La legisladora afirma que la Ciudad está dispuesta y capacitada para asumir las responsabilidades del traspaso ya que “previó en su Constitución la conformación de un Poder Judicial local integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales y el Ministerio Público; y, desde la Legislatura, ya se ha aprobado la ampliación de la estructura funcional de nuestros tribunales, fiscalías, defensorías y asesorías tutelares, que hoy están operando”.
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