Sala Alberdi: “Había una decisión política de reprimir, no vamos a creer nunca que una persona dispare con bala de plomo porque sí”

Por Leila Lobos

Durante 4 años- desde el 2009- en la Sala Alberdi, que funcionaba en 6º piso del Centro Cultural General San Martín, se dio un enfrentamiento silencioso en el campo de la cultura y la política. Jóvenes con narices de payasos y cara tapada se mudaron a la plaza seca, mientras cuatro desconocidos vivían encerrados en el 6º piso. El reclamo era contra la privatización de la cultura, pero desde el Gobierno de Macri se los acusaba de usurpación de un espacio público.

El 12 de marzo del año pasado, la Policía Metropolitana dispuso el desalojo de la plaza seca, acordando previamente con los manifestantes que se retirarían de manera voluntaria y pacífica. Pero eso no sucedió así: tras circunstancias poco claras –fue lanzada una bomba ‘molotov’: los manifestantes acusan a un infiltrado, la Metropolitana a uno de los manifestantes- se produjo un enfrentamiento que terminó con una brutal represión.

Durante el violento accionar de la Metropolitana, un manifestante y dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana. Uno de ellos es German Darío de los Santos, integrante de DTL! un colectivo de comunicación, que recibió un balazo en su pierna. Él, junto con Esteban Ruffa, fotógrafo de Agencia de Noticias Redacción (ANRed), iniciaron una lucha que ya logró que tres efectivos de la policía local fueran detenidos y procesados.

Nueva Ciudad mantuvo una extensa charla con De los Santos donde habló sobre la represión de la Policía Metropolitana, el proceso judicial que llevan adelante y cómo continúa la causa contra los policía ahora detenidos.

¿Cuáles fueron los primeros pasos después de la represión?

Después de saber que estábamos bien, que al menos no habíamos muerto, comenzamos a reunirnos. Nuestro lugar de referencia más allá de la gente que estaba en conflicto, con la que siempre estamos en contacto, fue la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Ahí nos reunimos con la seguridad de que íbamos a iniciar acciones penales contra los responsables.

¿Las acciones legales las iniciaron los tres heridos, ustedes dos y el manifestante?

En principio nos fuimos reuniendo con él también, la idea era hacer algo amplio e ir juntos. Pero por cuestiones de visión política él no querelló. Si bien la causa se inicia de oficio cuando uno cae en el hospital él no estaba de acuerdo con pedirle justicia a este sistema. Entonces decidió no querellar. Así que estamos nosotros dos, Esteban Ruffa de ANRed y yo. En el seno de la RNMA pensamos en la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), como uno de los organismos que vienen luchando contra la represión y el gatillo fácil, uno de los más fuertes desde los últimos 20 años.

Tuvimos una reunión con la gente de CORREPI y Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) que son organismos que trabajan juntos los casos. Ellos nos explicaron las expectativas del caso. Como todo profesional nos previno de una manera bastante eficaz que esto sin lucha en la calle no iba a progresar. Que no es con papeles que se consigue justicia, solamente. Ellos están siempre para eso, pero también están para mucho más.

¿Y comenzaron con ellos la cuestión judicial?

Si, empezamos a formular la querella porque la causa ya se había iniciado en dos hospitales distintos. Mario, el compañero de la biblioteca, y Esteban fueron trasladados al Argerich. Y yo fui al hospital Durand. Por eso se iniciaron dos causas distintas que luego fueron unificadas.

Pero no fue sólo eso sino que en ese mes que tuvimos de recuperación también nos estuvimos moviendo buscando material de aquel momento. En la conferencia de prensa que se hizo un mes después de los hechos, logramos proyectar una investigación en la cual concluíamos de dónde vino el disparo, y en qué lugar estábamos nosotros cuando recibimos el impacto.

¿De dónde provino la información para la investigación?

Fue difícil porque era de noche, la iluminación escasa, los medios masivos ya se habían ido. Pero por suerte hubo muchas cámaras de vecinos, de medios alternativos y de gente que estaba en la manifestación también documentando. De todo ese rompecabezas pudimos agarrar 4 cámaras hacerlas coincidir con los sonidos de los impactos, y eso fue lo que después la justicia nos terminó pidiendo como material. Más allá de todos los crudos, también pedían eso.

¿Cómo continúo el proceso legal?

Las primeras noticias que tuvimos fueron que la causa se unificaba, y fuimos a declarar cada uno de nosotros a las distintas comisarías. Y empezó la etapa de instrucción donde también fuimos al Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal y determinaron que sí, que eran heridas de balas de plomo. Aunque no pudieron determinar el calibre, es decir, que tipo de bala nos hirió.

¿Cómo podrían determinar el calibre?

Lamentablemente con una herida no podes demostrar el calibre, hay que tener el proyectil. La situación es que a Mario – el manifestante-, le extrajeron parte del proyectil en el cual pudieron determinar que fue un perdigón, o sea disparo de escopeta. Esteban tiene todavía la bala alojada y yo tuve orificio de entrada y salida. O sea, en mi cuerpo no hay prueba. Esteban ahora está yendo otra vez al doctor evaluando la posibilidad de extraerla. En ese caso sería una prueba más que podríamos aportar y ver si es de un arma larga o corta y qué calibre.

Por el otro lado la causa siguió, la Metropolitana hizo una investigación interna que es protocolar, se hace siempre para saber si hay responsabilidad o no de sus propios uniformados.

¿Hasta ese momento no se tenía individualizados a los policías?

No. Una vez que se determinó que eran balas de plomo, fue a la Policía Científica de la Gendarmería Nacional, la que se encargó de las pericias de los hechos. No sólo de las heridas, sino todo lo relacionado al hecho.

Vale aclarar que nosotros en el video de la conferencia de prensa nos preocupamos de saber de dónde venía el disparo y buscamos que las cámaras nos hayan registrado. Porque al otro día, Macri, Lombardi y Montenegro sostenían que los heridos no eran de esa zona. Decían que los llamados al SAME correspondían a heridos de otro lugar y que la Metropolitana no usaba balas de plomo. Similar a lo que dijo Franchotti cuando mataron a Kostecki y Santillán en el Puente Pueyrredon: “no usamos balas de plomo”. En ese contexto nosotros estábamos muy interesados en desmentir al Gobierno, y demostrar que sí estábamos ahí y nos disparó la policía.

¿Cuándo se logró obtener los nombres de los oficiales que hoy están procesados?

Con el cruzamiento de los datos que recogió la Gendarmería Nacional con la investigación interna de la Policía Metropolitana se logró definir que en dos cuerpos especiales había tres personas con armas largas, las cuales fueron imputadas en el momento en que se determinó que la bala provenía de la Policía, que no había otro posibilidad. Los oficiales son Nelson Acosta, Gabriel Pereira De La Rosa y Miguel Antonio Ledesma. Los dos últimos son oficiales mayores de un grupo que se llama División de operaciones especiales metropolitanas (DOEM). Es como si fuese un poco más que la Infantería de la Federal, sería como un grupo comando.

Después pedimos que los llamen a declaración indagatoria a los tres efectivos. En ese momento, el juzgado se declaró incompetente en la causa y pidió que vaya a un juzgado de menores. Eso se debe a una herida que tiene en la mano el posible agresor. La jueza Wilma López del Juzgado de instrucción nº 38 se agarra de eso para tratar de demostrar que una persona no puede ser víctima y victimario a la vez. Con eso abre la puerta para sostener que es legítima defensa. Una persona que fue agredida en su mano, en su dedo pulgar podría, para la Jueza, haber disparado balas de plomo. La herida es justificativo.

Por otro lado, hubo cuatro detenidos ese día, el 12 de marzo, de los cuales uno es menor. Por todo ese hilo antojadizo se quiere llevar toda la causa a un juzgado de menores. Hay que destacar que el menor ya había sido sobreseído.

¿Cómo se evitó ese cambio de juzgado?

Tuvimos que impulsar una lucha en la calle y a nivel judicial presentamos una apelación, la cual fue aceptada y nos dieron dos días para apelar. Si nosotros no veíamos esa notificación se iba al juzgado de menores directo. Cuando nos dieron una fecha en una Cámara Nacional de Apelaciones, preparamos una movida de agite en la calle, para apoyar lo que nosotros creíamos era un cajoneo de la causa.
Se expuso de nuestra parte los argumentos por los cuales no tenía que ir a un juzgado de menores. La fiscalía hizo lo mismo, estaba en la misma sintonía. Y la diferencia es que nosotros como querella pedimos que no solo no vaya a juzgado de menores, sino también que vaya a sorteo.

Durante todo el día hubo radio abierta, actividades artísticas culturales y transmisión a todo el país a partir del programa nacional que tiene la RNMA. Esa fue la campaña que hicimos para defender que esta causa no se muera. Nosotros esperábamos que en 15 días después de la feria judicial tuviesen algún tipo de resultado, pero fue inmediato. A la media hora ya estaban comunicándonos que nos daban lugar al reclamo, que no había motivo para unificar estas dos causas, que la jueza tenía que seguir en la causa y que no cabe la legítima defensa.

Al no cambiarse la causa de Juzgado, ¿cómo continúo el proceso?

Después de la feria nosotros seguíamos con el reclamo de indagatoria. Un día me citan a mí a Tribunales para una ampliación de la declaración y una rueda de reconocimiento. Porque en la Comisaría, yo había dicho que podía identificar en fotos o vídeos al grupo donde vi que alguien me apuntaba, lo que motivo que yo quisiese irme del lugar.

En la ampliación de la declaración, se concluyó en que no había motivo para hacer la ronda de reconocimiento. Nos fuimos con la doctora Verdú y horas después hay un trascendido periodístico que decía que no sólo los habían citado para la ronda de reconocimiento sino que en ese mismo día tenían la declaración indagatoria y quedaron detenidos sólo dos de ellos, los oficiales mayores. El oficial no se presentó y quedo como prófugo. Una semana se presenta alegando que estaba de vacaciones en el exterior.

Después de eso, el juzgado tenía entre 10 y 15 días para resolver que hace con esas personas. Había que decidir entre sobreseimiento, falta de mérito o procesamiento. En un fallo de 42 fojas determina que quedan procesados bajo la caratula de triple homicidio en grado de tentativa y agravado por ser personal policial, que es lo que nosotros pedíamos.

Una vez que quedaron detenidos recurren a la Cámara de apelaciones para pedir la excarcelación, pero todavía no hay fecha para eso.

Hay tres oficiales de la Policía Metropolitana detenidos. ¿Cómo crees que se lograron ese fallo, teniendo en cuenta los intereses en juego?

Nosotros sabemos que sabemos que en este caso quedamos en medio de dos sectores muy poderosos que ya venían enfrenados. Sabemos que los avances y los vaivenes de la justicia, tienen que ver con los poderes políticos que entran en juego. Son muchas cosas que hay que considerar y no sabemos si vamos a entenderlo alguna vez. Pero el gobierno de Macri y el Gobierno Nacional sabemos que estaban o están jugando una feroz interna. Y las policías también. En aquel momento era notorio, la tensión que había entra la Metropolitana y la Federal era bastante fuerte y también se disputan un sector, una región.

Y por otro lado, la Policía Metropolitana es la fuerza más nueva de todo el país. Y estos son los primeros casos más allá de que obviamente hubo ya varios casos de gatillo fácil. Este caso es el que está avanzando más porque es la primera vez que hay procesados digamos.

Al margen de los autores materiales, ¿Cómo querella formularon una cadena de responsabilidades que vaya más allá de los efectivos de la Metropolitana?

Nosotros caracterizamos que en aquel momento estaban saliendo fuerte y con una represión violenta por mes violenta, mínimo. Parque Centenario, Sala Alberdi y hospital Borda, cada una con sus particularidades, pero saliendo a marcar territorio por un lado. Y por otro, tratando de escarmentar a los sectores que estaban en lucha. Cada uno, hay que estudiarlo bien, pero todos se vuelven conflictos por el accionar del Gobierno porteño.

Entonces, qué caracterizamos nosotros, si está sacando esta fuerza a la calle, está mostrando qué puede hacer. Ya no es la remake de la Guardia Urbana, no es ese policía bueno, el botón de esquina que saluda. Sacaron a esta gente y compraron un montón de armamento especial. Y, obviamente, eso no lo compra la Policía sola sino que tiene una decisión por detrás. Nosotros en la querella obviamente apuntamos desde el que disparó hasta Macri. A los responsables materiales e intelectuales. Ahora es verdad a los fines prácticos es difícil poder demostrarlo, nosotros vamos igual por esa línea. Y por otro lado, no era casual tampoco que el único que estaba prófugo era el de menor rango. Esto para demostrar la escala de jerarquía digamos. Que por otro lado creemos que fue él el que disparo, por la posición que él ocupaba.

El contexto que nosotros veíamos era de decisión política que después se instrumentaban de la mano de la Metropolitana. Y no podemos creer, no vamos a creer nunca que una persona dispare con bala de plomo porque sí. No avalamos la teoría del loquito, del sacado. Llevaron balas de plomo.

¿Cómo continúan ustedes con este proceso?

Nosotros desde nuestro lado, lo que te decía antes, nadie tiene la victoria garantizada, obviamente vamos a luchar hasta lo último. Y siempre nos vamos a basar en eso, en las organizaciones y la gente que nos apoya. Sabemos que la justicia por sí sola no funciona, eso quedó demostrado en la lucha que tuvimos que hacer. Y entonces sabemos que es imprescindible, que esa parte tiene que estar presente siempre. En cada instancia en la que nos pongan a prueba nosotros tenemos que luchar. La lucha social va en paralelo de la judicial.