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- 04.09.2014
Aborto no punible: Piden al Gobierno Porteño creación de sistema de apoyos a mujeres con discapacidad
Por Nayla Díaz
Intiman al Gobierno porteño a modificar el sistema de apoyo para pacientes con discapacidad mental que hayan tenido un aborto no punible. La modificación pretende acercar esta herramienta como un derecho y no como obligación.
En 2013 se dispuso la creación de un equipo de apoyo para pacientes con discapacidad mental que hayan tenido un aborto no punible. Mediante la resolución del Ministerio de Salud N° 1860, se dispuso la creación de un “Equipo Interdisciplinario de Apoyo para pacientes con discapacidad intelectual y/o psico-social que soliciten prácticas de aborto no punible”. Aunque el procedimiento es legal, piden garantizar el acceso sin tantas trabas.
La Justicia instó al Gobierno porteño a modificar esta resolución a través del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, quien ordenó que este sistema de apoyo se sustente en la confianza, el respeto y la voluntad de las mujeres que concurran a los hospitales.
Según el Código Penal Argentino el aborto es un delito. Sin embargo, cuando se trata de casos en los que la salud o la vida de la mujer corren riesgo, se trata de un embarazo fruto de una violación, o la mujer embarazada tiene discapacidad mental existe el aborto no punible. La reforma de la normativa vigente radica en: “Modificar dicha Resolución de forma que se establezca que el sistema de apoyos es un derecho de la mujer y no una obligación que pueda imponerse contra su voluntad, así como también que dicho sistema debe estar integrado por personas con las cuales la mujer tenga una relación de confianza previa y con su acuerdo”.
La Justicia exige acciones por parte del Gobierno porteño, mientras que por su parte, en la Provincia, el ministro de salud bonaerense, Alejandro Collia, anunció en agosto la puesta en funcionamiento de un equipo de salud móvil para atender los pedidos de aborto no punibles que encuentren trabas en los hospitales públicos. La decisión surgió como respuesta a los reiterados reclamos por parte de una ONG de mujeres que pide garantías a la hora de la interrupción voluntaria del embarazo.
Intiman al Gobierno porteño a modificar el sistema de apoyo para pacientes con discapacidad mental que hayan tenido un aborto no punible. La modificación pretende acercar esta herramienta como un derecho y no como obligación.
En 2013 se dispuso la creación de un equipo de apoyo para pacientes con discapacidad mental que hayan tenido un aborto no punible. Mediante la resolución del Ministerio de Salud N° 1860, se dispuso la creación de un “Equipo Interdisciplinario de Apoyo para pacientes con discapacidad intelectual y/o psico-social que soliciten prácticas de aborto no punible”. Aunque el procedimiento es legal, piden garantizar el acceso sin tantas trabas.
La Justicia instó al Gobierno porteño a modificar esta resolución a través del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, quien ordenó que este sistema de apoyo se sustente en la confianza, el respeto y la voluntad de las mujeres que concurran a los hospitales.
Según el Código Penal Argentino el aborto es un delito. Sin embargo, cuando se trata de casos en los que la salud o la vida de la mujer corren riesgo, se trata de un embarazo fruto de una violación, o la mujer embarazada tiene discapacidad mental existe el aborto no punible. La reforma de la normativa vigente radica en: “Modificar dicha Resolución de forma que se establezca que el sistema de apoyos es un derecho de la mujer y no una obligación que pueda imponerse contra su voluntad, así como también que dicho sistema debe estar integrado por personas con las cuales la mujer tenga una relación de confianza previa y con su acuerdo”.
La Justicia exige acciones por parte del Gobierno porteño, mientras que por su parte, en la Provincia, el ministro de salud bonaerense, Alejandro Collia, anunció en agosto la puesta en funcionamiento de un equipo de salud móvil para atender los pedidos de aborto no punibles que encuentren trabas en los hospitales públicos. La decisión surgió como respuesta a los reiterados reclamos por parte de una ONG de mujeres que pide garantías a la hora de la interrupción voluntaria del embarazo.
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