"Es lamentable que a 12 años la impunidad siga vigente", dijo la hermana de Kosteki

Vanina Kosteki -hermana de Maximiliano, asesinado hace 12 años junto a Darío Santillán en las inmediaciones del Puente Pueyrredón- cuestionó la investigación llevada adelante por el juez federal Ariel Lijo.

"La causa sobre los responsables políticos está en manos del juez  Lijo en Comodoro Py. Es lamentable que a doce años, la impunidad siga estando vigente y que no tengamos justicia", dijo Vanina en declaraciones a radio Nacional Rock, a horas de que se realice un acto en el Puente Pueyrredón para recordar la denominada Masacre de Avellaneda.

La hermana del dirigente social asesinado indicó que "algunos dicen que se condenó a (Alfredo) Fanchiotti y (Alejandro) Acosta pero la condena no está firme; no hay condena que valga si no tiene condena firme".

"Parece que todo lo que hicimos no sirviera de nada porque cualquier tribunal de casación puede avalar el pedido de nulidad de juicio y quedar en libertad en cualquier momento", añadió y expresó su preocupación sobre la decisión de Lijo de "archivar la causa porque dijo que no tenía pruebas suficientes y nunca llamó a declarar a ninguno".

"En 2003 fue puesto para frenar la investigación contra los funcionarios. Así como empezó a investigar el caso Ciccone y llamó a declarar a (Amado) Boudou, que el juez Lijo haga lo mismo con el Puente Pueyrredón", concluyó.

El 26 de junio de 2002 el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde ordenó evitar que organizaciones sociales cortaran el puente sobre el Riachuelo que separa la Capital del sur de provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de esas directivas se desató una represión a cargo de la Policía bonaerense que luego se denominó como la "Masacre de Avellaneda", en la que murieron los dos militantes del Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) de la zona sur del conurbano bonaerense, baleados por efectivos de esa fuerza.

Por esos hechos, fueron condenados en 2005 el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Costa, entre otros efectivos.

Hoy los familiares continúan reclamando que se avance sobre las responsabilidades políticas, algo que hasta el momento resultó infructuoso y denuncian al juez federal Ariel Lijo como uno de los responsables de que la causa haya sido archivada.

Los familiares de las víctimas son querellantes desde 2002 y piden que se investigue la participación intelectual en el caso de Duhalde, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y Juan José Alvarez, que ejercía como secretario de Seguridad de la Nación, entre otros dirigentes.