Un grupo de familias podría ser desalojada de una manzana histórica

Las maniobras llevadas a cabo por el Banco Ciudad con los inquilinos de la "Manzana Franciscana" -quienes podrían ser desalojados en las próximas semanas- son la consecuencia del incumplimiento del Gobierno porteño de un convenio de relocalización que data de 1991.

El inmueble, ubicado en el barrio de Monserrat, consta de 94 casas que se construyeron en 1880 y pasaron a manos del Banco Ciudad en 1983, dejando atrás la histórica administración de los franciscanos.

En 1990 y hasta 1995, el predio fue reacondicionado a partir de un acuerdo celebrado entre el organismo financiero y la Municipalidad, junto con la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Pero para realizar el llamado "Programa de Rehabilitación Urbana del Inmueble Manzana de los Franciscanos", los habitantes de la Manzana firmaron un convenio en 1991 por el cual la Municipalidad se comprometía a otorgarles un alojamiento transitorio mientras durara la obra.

El documento además garantizaba la reubicación de las familias dentro del inmueble una vez finalizada la obra; la adjudicación de un plan de vivienda social; y al no inicio de acciones de desalojo hasta tanto no estuvieran construidas sus nuevas casas.

Sobre la base de este convenio, los habitantes firmaron, a título personal, una serie de contratos de alquiler con el Banco Ciudad para permanecer por siete años -entre 1993 y 2000- en la manzana, pero a pesar de que esas casas nunca se planificaron, desde 2001 persisten los intentos de desalojo.

Si la administración porteña hubiese cumplido con su parte del trato, la Manzana habría sido protagonista del primer proyecto de revalorización de un centro histórico "que combinara el reciclado del patrimonio con la mejora de las condiciones de vida de su población original".

Fuentes del Ministerio Público de la Defensa de la Nación explicaron a Télam que "en la justicia civil trataron estos comodatos, que son un plan de alquiler social, como si fuera un contrato privado común regido por la ley de alquileres". "Usando esa norma dieron curso a juicios de desalojo, sin contemplar que se trataba de una política de inclusión social de estas familias", afirmaron.

Durante la crisis de 2001, 68 de las 90 familias que residen en el inmueble, ubicado entre Moreno, Balcarce y Alsina, tuvieron dificultades para pagar los alquileres, razón por la cual el Banco Ciudad, dueño del inmueble desde 1983, les inició demandas de desalojo, 60 de las cuales ya tienen sentencia definitiva.

Carlos Montenegro, referente de los vecinos de la Manzana Franciscana, quien nació y lleva 70 años viviendo en Balcarce 217, afirmó que ni el banco ni el Gobierno de la Ciudad "se acercaron para ofrecer una alternativa de cancelación de deuda y renovación del contrato", ya que están "muy firmes" en desalojarlos.

En diálogo con Télam, sostuvo que "no los quieren" ya que no les pueden cobrar "un alquiler a precio de mercado" y denunció que quienes tienen el pago al día "corren el mismo riesgo" de desalojo ya que no se firman contratos "desde el año 2000", por lo que "el propietario puede exigirles la devolución del inmueble".

Emilia Uriona, otra de las vecinas de la Manzana, explicó que desde hace 12 años viven en "una incertidumbre que es muy fea" ya que no saben "cuándo van a volver para intentar sacarnos".

Otra de las vecinas damnificadas, Ana Clara Elena, criticó que están "más complicados desde que se encuentra Macri en el gobierno de la Ciudad", porque "no está la posibilidad de un arreglo para permanecer en el espacio".

Un primer intento de desalojo masivo fue realizado en junio de 2010, pero la expulsión de 25 familias fue frenada con un recurso de amparo de último minuto.

El 12 de junio de este año casi son sacados por la fuerza los primeros dos de una tanda de nueve grupos familiares, pero la tentativa no prosperó ya que una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori ordenó al gobierno porteño que "se abstenga de ejecutar cualquier acto tendiente a efectivizar la recuperación" de uno de esos inmuebles.

La jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dispuso además la realización de una audiencia especial, que se realizará este jueves, para "arbitrar las medidas a fin de evitar la inminente situación de calle" en la que quedarían los inquilinos, y "resguardar los derechos humanitarios en juego".

Los vecinos presentaron amparos contra la Ciudad patrocinados por la Defensoría General de la Ciudad, mientras que ante los juzgados donde se sustanciaron los juicios por desalojo, son representados por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

En la resolución del Ministerio, mediante la cual se aceptó llevar adelante la "defensa técnica" de los inquilinos, la defensora general Stella Maris Martínez sostuvo que es "un caso que encierra un conflicto colectivo, a pesar de que el actor se ha manejado con demandas individuales para cada unidad funcional".

Los inquilinos cuentan, además, con un convenio con el Gobierno de la Ciudad en 1991, mediante el cual el municipio se comprometía a otorgarles un alojamiento transitorio durante las obras de reacondicionamiento del imueble, que se realizó entre 1990 y 1995.

El documento además garantizaba la reubicación de las familias dentro del inmueble una vez finalizada la obra; la adjudicación de un plan de vivienda social; y al no inicio de acciones de desalojo hasta tanto no estuvieran construidas sus nuevas casas.

A pesar de que las viviendas ni siquiera se planificaron, a fines de 2001 el Banco inició los juicios; y en 2013 comenzó a solicitar nuevamente el desalojo de algunas de las familias, por lo cual algunos juzgados ya iniciaron constataciones como paso previo a la orden de desalojo.