La justicia ordenó mejoras en el barrio Ramón Carrillo

Pensado para 700 viviendas, alberga a 2500 familias. Faltan cloacas y otros servicios y se detectó presencia de mercurio en el suelo.

La justicia porteña ordenó a la Ciudad que realice obras en el barrio Ramón Carrillo a fin de paliar la emergencia sanitaria y de infraestructura que sufre ese sector de Villa Soldati. La demanda la inició la organización vecinal Perfil para el Cambio, en 2005, y de allí surgió la Ley 1333, que ninguna de las gestiones comunales acató. "La infraestructura colapsó", argumentó una de las vecinas para explicar la aglomeración de basura, la falta de agua potable y los cráteres en las calles.

Tras dos sentencias judiciales, la Sala II de la Cámara den lo Contencioso, Administrativo y Tributario resolvió rechazar la apelación del gobierno porteño y refrendó los artículos 17 y 31 de la Constitución de la Ciudad para "dar prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales, sin recursos o con recursos escasos". De esta forma, ordena iniciar las obras correspondientes para lograr el correcto funcionamiento de la red de desagües cloacales, la de desagües pluviales, el sistema subterráneo de distribución de energía eléctrica y de gas natural, la repavimentación y construcción de veredas y la peatonalización de pasajes y red de alumbrado público. Asimismo, el fallo ordena realizar estudios sobre el suelo y de impacto ambiental dado que se ha detectado una fuerte presencia de mercurio y valores anormales de plomo.

Carolina, vecina del Carrillo, explicó que "hay basurales y calles rotas, se inunda y los micros escolares no pueden pasar por los basurales y el agua estancada; además, el camión pasa una vez por día y los fines de semana no siempre lo hace".
El barrio Ramón Carrillo fue un invento del ex intendente Carlos Grosso. Surgió en 1990 para relocalizar a las familias que vivían en el albergue Warnes, pero el barrio, pensado para 700 viviendas, hoy está habitado por 2500 familias. Fue construido donde antes estaba el bañado de Flores, que se rellenó con los residuos industriales provenientes de las industrias de la cuenca del arroyo Cildañez y del Cementerio de Flores.

La acción de los vecinos derivó en 2005 en la sanción de una ley destinada a reurbanizar la zona, pero nunca se cumplió. Años más tarde, la gestión macrista buscó acudir al Tribunal Superior de Justicia, pero el fallo de segunda instancia le negó ese camino y terminó con las postergaciones. De esta forma, se produjo una situación similar a la de Beatriz Mendoza, impulsora de la querella contra el Estado Nacional que derivó en el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza–Riachuelo.