Adolescentes trans demandan poder continuar sus terapias hormonales tras el decreto de Milei

Cuatro adolescentes trans de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a terapias de hormonización y bloqueos hormonales para menores de 18 años.
 
La demanda, impulsada por el Frente Nacional Orgullo y Lucha, cuenta con el patrocinio jurídico del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el apoyo técnico de la experta en derechos de infancia y género Marisa Herrera. En el escrito presentado el martes pasado, las y los adolescentes solicitan una medida cautelar que les permita continuar con sus tratamientos, evitando los graves perjuicios que su interrupción abrupta podría causar en su desarrollo y bienestar. La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.
 
En relación a la modificación por DNU de la Ley de Identidad de Género y a la prohibición de acceso a terapias hormonales para adolescentes trans, desde 100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), expresaron que: “es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y una violación al principio de progresividad y no regresión consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”.
 
Desde el Frente Nacional Orgullo y Lucha, integrado por organizaciones con una larga trayectoria en la lucha por la diversidad y los derechos humanos, advierten que esta es la primera de varias acciones judiciales que serán presentadas en distintas jurisdicciones, como parte de una estrategia para frenar el avance de políticas regresivas que atentan contra los derechos de las personas LGBTINB+.
 
El DNU 62/2025 no solo viola la Ley de Identidad de Género (26.743), que garantiza el acceso a terapias hormonales en base al principio de autonomía progresiva, sino que también contradice el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de adolescentes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo en cuestiones de salud.
 
Además, el decreto se dictó sin cumplir con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, usurpando funciones del Congreso y violando el principio republicano de división de poderes. De este modo, el gobierno de Milei avanza sobre derechos adquiridos, desconociendo principios fundamentales del derecho constitucional argentino y de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
Diversos estudios médicos y organizaciones de salud, como la Sociedad Argentina de Pediatría, Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han advertido que la interrupción abrupta de terapias hormonales en adolescentes trans puede generar graves consecuencias físicas y psicológicas, incluyendo depresión severa, angustia y aumento del riesgo de suicidio.
 
El decreto no toma en cuenta la realidad de las adolescencias trans, sino que impone una visión biologicista que niega su derecho a decidir sobre su identidad y bienestar. En lugar de protegerlas, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y violencia estructural.
 
El intento de eliminar el acceso a la salud para adolescentes trans es parte de un avance sistemático contra los derechos adquiridos de la comunidad LGBTINB+ y otros grupos discriminados. Si este decreto no es declarado inconstitucional, abre la puerta a nuevas restricciones que podrían afectar otros derechos fundamentales, debilitando el marco de protección jurídica en Argentina.
 
Por ello, desde las organizaciones que impulsan el amparo llaman a toda la sociedad a manifestarse contra este ataque a los derechos humanos y a exigir que el Poder Judicial actúe con celeridad para frenar esta medida inconstitucional.
 
Andrés Gil Domínguez, abogado patrocinante, sostuvo que: “El DNU 62/2025 no solamente es nulo de nulidad absoluta e insanable porque no cumple con los requisitos de habilitación para su dictado previstos por la Constitución argentina, sino que también, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculca el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos respecto de un grupo de personas vulnerables que tienen una protección especial de la Constitución y los derechos humanos. Espero que, ante un caso tan concreto, tan evidente, la justicia responda de manera célere para garantizar dichos derechos y el plan de vida a adolescentes que en este momento, debido a este decreto, están sufriendo mucho."
 
Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, expresó que: “Confiamos en que el derecho de vivir y decidir libremente sobre el propio cuerpo será respetado para las personas trans. El decreto es una medida arbitraria y una intromisión del estado en las decisiones de las personas trans menores de edad y de sus familias, que sólo buscan vivir sus vidas en paz”.
 
Por su parte, desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Valeria Pavan expresó que: “El acceso de niñeces y adolescencias trans a servicios de salud integrales redunda en un mayor bienestar de la persona. Su prohibición sólo generará un impacto profundamente negativo en su libre desarrollo”. En ese sentido, Pavan advirtió que: “En el pasado la imposibilidad de las personas trans de acceder a terapias de hormonización e intervenciones quirúrgicas provocó que para intentar acceder a cambios corporales se recurra a la inyección de silicona liquida que ha provocado graves daños a la salud y contribuido a una esperanza de vida disminuida de las personas travestis y trans”.
 
También, desde la Asociación Civil Agrupación de Familias de niñes y adolescentes TTNB Munay, Natalia Bertazzoli dijo que: “esperamos una respuesta favorable al pedido de nuestres hijes de poder continuar con sus tratamientos, tal cual es su necesidad y deseo. No podemos retroceder en materia de derechos humanos, y no vamos a permitir que se les arrebate la posibilidad del acceso a la salud y al trato digno".
 
Por su parte, la investigadora del CONICET Marisa Herrera expresó que: “La acción judicial que aquí se presenta y sintetiza, es -nada más ni nada menos- la puesta en práctica del verdadero interés superior del niño. ¿Cómo es posible referirse a él sí, en este caso, los y las adolescentes trans no son escuchados? Esta acción pretende, entre otras tantas cosas, lograr un verdadero acto de reparación como lo sería conseguir que la autoridad judicial declare la inconstitucionalidad del Decreto 62/2025. En otras palabras, se trata de defender la coherencia entre lo que dice la ley -en este caso, la ley de identidad de género- y el gran art. 26 del Código Civil y Comercial- y lo que estas leyes implican, transmiten y pretenden transformar.  Por eso celebramos que, en esta oportunidad, el nefasto decreto mencionado sea defendido en primera persona. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, o sea, que sepa escuchar”.