Denuncian un "notable aumento de barreras en el acceso" al aborto legal, seguro y gratuito

Amnistía Internacional denunció un "notable aumento de barreras en el acceso" a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y destacaron el impacto del desfinanciamiento en salud pública y políticas de género, así como los discursos de odio.
 
La organización habilitó tiempo atrás un formulario de denuncias en los impedimentos para la IVE y, tras analizar los resultados, alertó que la cantidad de consultas que recibió en torno a los obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 215% en comparación con el 2023, según consignó Infonews..
 
En el informe se da en un contexto político en el que desde el oficialismo promueven la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, esencialmente, en el marco de los recortes en salud y en políticas de género, hay un pronunciado ajuste en insumos médicos para llevar adelante la práctica, pero no solo eso, sino que también hay instituciones médicas en las que buscan el impedimento del aborto legal
 
"El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia que no se trata de casos aislados, sino una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
 
La organización advirtió: "Esto ocurre en un contexto en el que el presidente ha calificado la interrupción del embarazo como parte de una 'agenda sangrienta del aborto' y un 'asesinato agravado por el vínculo'. Estas declaraciones no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto. Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica". 
 
Además, detallaron que entre los testimonios que recibió en el formulario de denuncias se encuentra el caso de "María" (nombre ficticio para preservar su anonimato) de Misiones que en la sexta semana de su embarazo decidió interrumpirlo: tiene cuatros hijos y un salario de un empleo no registrado: "Fui a dos hospitales públicos y no había medicación. Pedí ayuda al municipio, pero me dijeron que no tenían. La doctora me dijo que el Ministerio de Salud de la Nación no envía más medicación y que debía comprarla. Estoy desesperada porque no tengo los recursos".
 
En ese sentido, se precisó que "tras enterarse de su embarazo, María acudió al hospital de su localidad, donde no recibió respuesta. Desesperada, viajó al hospital de El Dorado, a más de una hora de su hogar. Allí participó en una consejería grupal con otras diez mujeres que buscaban acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Los médicos informaron que no podían garantizar el procedimiento por falta de insumos, debido a la interrupción intempestiva del suministro desde Nación, y les indicaron que debían comprar el misoprostol por su cuenta. En agosto, el costo de la medicación era de 100.000 pesos, una suma inaccesible para María y muchas otras mujeres. Conforme información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación desde el comienzo de su gestión, el gobierno nacional paralizó la compra de misoprostol y mifepristona, insumos esenciales para el acceso al aborto lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes".
 
Así, AI alertó que las políticas actuales derivaron en "un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva" y detallaron que "en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona"
 
Al finalizar el informe, la organización señaló que a años de la sanción de la ley "los avances en salud pública son innegables: entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, logrando una reducción del 53 % en las muertes por aborto entre 2020 y 2022".
 
Sin embargo,  explicaron que casos como los que recibieron en los formularios "exponen retrocesos preocupantes que deben ser atendidos con urgencia para garantizar en forma igualitaria los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales para proteger la salud y los derechos reproductivos de todas las personas en Argentina".
 
Para realizar denuncias, se puede acceder al siguiente formulario: Tu derecho al aborto