Los funcionarios que señala el macrismo por el conflicto de las grúas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dió una entrevista a LN+ donde disparó contra funcionarios de la gestión Horacio Rodriguez Larreta por el conflicto con el sistema de grúas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación que estamos haciendo”.

Estos dichos donde el jefe de Gobierno habla de “irregularidades” forman parte del distanciamiento entre el macrismo, bajo la conducción de Mauricio Macri que tiene como alfil a su primo, y Larreta.

Si bien el dictamen de preadjudicación fue subido al sistema informático de la Ciudad el 6 de diciembre, un día antes de la asunción de Jorge Macri, hay otro texto que menciona el 11 de diciembre. El mismo lleva la firma de tres funcionarios que respondían a la entonces secretaria de Transporte, Manuela López Menéndez: Francisco Merodo, asesor legal de la Secretaría de Transporte; Francisco Pérez Martínez, subsecretario de Gestión de la Movilidad; e Ignacio Salaberri, director general de Servicios de Movilidad.

Otras fuentes aseguran que fue Felipe Miguel, ex jefe de Gabinete de la Ciudad y mano derecha de Larreta, quien presionó a Menéndez para preadjudicar el contrato. No es la primera vez que Miguel se encuentra involucrado en casos polémicos, ya que se vió metido en la venta de barbijos y otros elementos en una consultora, entre otras cosas.

En este sentido, Jorge Macri aseguró: “No sé si hubo una mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario, sin tener la potestad”. Aún nadie pudo aclarar por qué hay dos fechas, pero una explicación podría ser que se haya firmado de manera digital el 6 pero haya ingresado por el Buenos Aires Compra (BAC) el 11.

Por su parte, desde el larretismo aseveran que esa preadjudicación “fue uno de los temas que se negociaron durante los últimos seis meses de la gestión” con el equipo de Jorge Macri, que en ese momento se encontraba en campaña. “No hay nada irregular y además no hay perjuicio económico para la Ciudad con una preadjudicación”.

A pesar de que las acusaciones de Macri impulsaron un sumario interno, desde la Ciudad no creen que el conflicto escale hasta la Justicia.

Por su lado, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo cohecho y defraudación al Estado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El acarreo es un tema que genera conflicto hace mucho tiempo. Las empresas Dakota y BRD tenían la concesión vencida hace 20 años y pagaban $55 mil de canon mensual aunque recaudaban millones de pesos al día. Es por esto que a mediados del 2022 se estatizó el sistema y 310 trabajadores, que hasta el momento se encontraban encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo de Camioneros, cobraron indemnizaciones de hasta $4 millones y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad de CABA que administra los subtes, mientras que la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).

Recién en febrero del 2023 se concretó la apertura de ofertas de la licitación, y de las cinco iniciales quedaron tres finalistas: Transporte 9 de Julio, Ashira-Ecoba y SAEM-Tránsito Rosario.

La gestión actual decidió cambiar el modelo planteado por la licitación y las negociaciones no se terminaron de cerrar. Luego de reuniones entre emisarios de las empresas y los gremios, el Sindicato de Camioneros inició una protesta que generó que las calles de la Ciudad se llenaran de basura. “El Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento de la Rama de Recolección y Barrido, se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”.

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, indicó que “no hay paro de recolección de basura, sino que se trabaja bajo convenio, caminando con 15 minutos de dos” y agregó: “ Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Es una cosa de locos que un barrendero pague (el impuesto a las) Ganancias”.

Esta reacción revivió las sospechas sobre los supuestos vínculos de los Moyano con dos firmas interesadas: Transporte 9 de Julio y Ashira. Por su parte, la protesta ya tuvo consecuencias judiciales: el legislador porteño de la Coalición Cívica (CC), Facundo Del Gaiso, denunció penalmente por extorsión a Pablo Moyano y afirmó: “Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”.