Amparo contra el GCBA por la discriminación a niños y niñas con discapacidad en escuelas privadas

“Ya nos ganó el tiempo, por más que en su momento nos dirigimos a unas 80 escuelas en CABA y me haya comunicado con unas cinco aproximadamente en Provincia. Desafortunadamente no hay escuelas comunes que lo reciban”. El testimonio de una madre es sólo uno entre tantos casos en igual situación: familias de niños y niñas rechazados en instituciones educativas comunes privadas por motivos de discapacidad. Ante este panorama, se presentó una demanda contra el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentaron ante la justicia un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la Ciudad, conducido por Soledad Acuña, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada. Así lo informó ACIJ mediante un comunicado.

La denuncia advierte que las escuelas comunes privadas de territorio porteño “rechazan sistemáticamente” la inscripción y reinscripción de niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad, y que “el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas”.

De acuerdo a los testimonios, esa instituciones utilizan diversos argumentos para fundar su negativa, como la inexistencia de vacantes, la imposibilidad de las/os niñas/os para adaptarse a las exigencias de la escuela y la falta de personal idóneo para llevar adelante el proceso de inclusión.

Sin embargo, el derecho de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a una educación inclusiva está garantizado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014. Dicho tratado establece en su artículo 24 que los Estados deberán asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y prohíbe expresamente que las personas con discapacidad sean excluidas del sistema general de educación.

La normativa nacional y local de CABA también prohíbe el rechazo de la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos de discapacidad. A su vez, los organismos internacionales de derechos humanos han sido contundentes en que todas las escuelas, incluidas las privadas, deben respetar el derecho a la educación inclusiva y que los Estados tienen la obligación indelegable de garantizar que efectivamente lo hagan.

Aunque el Ministerio de Educación porteño tiene entre sus funciones la de controlar y sancionar a las escuelas, “no adopta las medidas necesarias para asegurar el acceso de las/os alumnas/os con discapacidad a escuelas privadas comunes”. De este modo, “el Gobierno de la Ciudad tolera y agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva. Actualmente, no existen mecanismos efectivos e independientes que permitan a las personas con discapacidad y sus familias reclamar frente a un rechazo de matriculación basado en la discapacidad, ni se imponen sanciones a las escuelas comunes de gestión privada que discrecionalmente lo hacen”.

Los denunciantes plantearon que “la justicia tiene el deber y la oportunidad de revertir esta situación obligando a las autoridades de CABA a ejercer su función de control y a diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para que las/os estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela común, primera condición para el efectivo ejercicio de su derecho a la educación inclusiva”.